Por REDACCION
Por Guillermo Malisani
(Especial para NA). - Para evitar las distorsiones por la multiplicidad de
cotizaciones del dólar y acortar el atraso cambiario, el Gobierno
decidió acelerar el proceso devaluatorio del peso, que acumula en
el año una caída del 30 por ciento, pero como contrapartida, este
plan podría poner en riesgo el reciente acuerdo de precios
anunciado oficialmente.
El aumento del tipo de cambio, históricamente, termina
impactando en los precios y deriva en una desigual competencia
entre dólar, inflación y salarios.
A principios de 2013, la mayoría de los gremios lograron
mejoras salariales en torno al 25 por ciento, y la inflación del
año medida por los consultores privados se acercó más al 30 por
ciento, diluyendo aquel ajuste en los sueldos.
Sin lugar a dudas y más allá de los planteos cambiarios, el
primer desafío para este convenio está directamente vinculado con
la discusión salarial que empezará apenas termine este año.
El ministro Axel Kicillof anunció un acuerdo con empresarios
para mantener estables los precios de unos 200 productos para
todo el 2014, una idea que suena muy ambiciosa si se tiene en
cuenta en diciembre el aumento del costo de vida podría ser el más
alto del año.
El inusual e injustificado levantamiento policial que afectó a
gran parte del país terminó condicionando toda la discusión y
ningún gremio estará dispuesto a aceptar una mejora inferior al
30 por ciento.
Sólo como un ejemplo, cabe señalar que el gremio de los
camioneros consiguió el pago de un bono de entre 2.500 y 6.000
pesos, que si bien empezarán a cobrar en febrero, también serán
factor de presión sobre los precios, más allá del aumento que
pueden conseguir.
En Buenos Aires, los gremios de empleados públicos ya
decidieron empezar a negociar salarios apenas empiece el 2014 y
evitar las consecuencias de una falta de acuerdo.
Terminaron el año exigiendo el pago de un plus que nunca llegó
y que seguramente aumentará la presión de los sindicatos para
obtener subas que permitan recuperar el poder adquisitivo perdido
en 2013 ya que según consultoras privadas la inflación trepó al
26%, por más que el INDEC diga que fue del 10%.
La intención oficial de achicar la brecha entre el dólar
oficial y el "blue", que aún sigue en torno al 50%, podría
terminar impactando en los precios, como históricamente ocurre en
la Argentina.
Desde la llegada al Banco Central de Juan Carlos Fábrega, el
peso se devaluó 37 centavos y la moneda norteamericana trepó a 6,43
pesos, una depreciación anual del 30 por ciento y aceleró el
proceso en cuatro veces ese ritmo.
Aún así, la brecha con el dólar paralelo, que cotiza a 9,65
pesos, se mantiene en un 50%, una cifra que distorsiona la
realidad, pero que está alejada del 100 por ciento que se llegó a
tocar a principios de mayo.
Sólo en diciembre, el dólar ya se apreció 4,25 por ciento,
equivalente a 25 centavos, uno de los más altos registrados a lo
largo de todo 2013.
Más allá del impacto que podría tener en los precios este
proceso, Fábrega puede mostrar un resultado positivo: las reservas
del Central se empezaron a recuperar en forma lenta y se mantiene
por encima de los 36.500 millones de dólares.
Es cierto, sin los ingresos del acuerdo entre Chevron e YPF no
hubiera sido posible esta reacción, que logró interrumpir una
espiral descendente que en el corto plazo hubiera sido un gran
dolor de cabeza.
Cuando el dólar oficial llegó a 6,40 pesos, los exportadores
salieron a vender y provocó una inmediata caída en el valor del
billete en el circuito paralelo.
Según estimaciones privadas, los ruralistas tienen sin vender
unas 12,5 millones de toneladas de soja, un 25 por ciento del
total, cuando lo habitual para esta época del año es menos del 15
por ciento.
La expectativa de una devaluación mayor en el corto plazo es
uno de los principales factores distorsivos del mercado: los
sojeros no venden porque esperan un precio más elevado, y las
divisas no ingresan afectando las cuentas públicas y presionando
todavía más sobre el tipo de cambio.
En todo este contexto, el Gobierno espera calmar los precios a
partir de un convenio con supermercadistas y con exhaustivos
controles que serán realizados por militantes y funcionarios.
Los planes similares llevados a cabo durante este año, no
tuvieron el efecto deseado y terminaron con la salida del Gobierno
de Guillermo Moreno, uno de los hombres de mayor confianza de la
presidenta Cristina Kirchner.
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