Por José Calero
Un obstáculo inesperado le apareció a la administración de
Cristina Fernández con el revés judicial sufrido en Estados Unidos
por litigios de los incansables fondos buitres, mientras que el
modelo parece destinado a salir golpeado tras el año más difícil
que padeció la Presidenta desde que llegó al poder en 2007.
Primero fue el papelón del embargo de la Fragata Libertad,
símbolo de la nacionalidad argentina, en un perdido puerto
africano de Ghana.
A los pocos días, un fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva
York que envalentonó a los fondos especulativos y le hizo
comprender a la Presidenta que el mundo color de rosa que le
venían describiendo, entre otros, su diligente canciller Héctor
Timerman era algo más complicado de lo que le contaban.
Si bien aún es un interrogante la magnitud del daño que
provocará el fallo neoyorquino, la Argentina se prepara para una
guerra judicial de largo alcance no exenta de costos, que podría
incluir hasta una apelación ante la Corte Suprema.
"Nunca le pagaremos un peso a los fondos buitres", advirtió el
ministro de Economía, Hernán Lorenzino, para tratar de explicar
con más retórica que argumentos cómo haría el país para evitar el
desafío mayúsculo de no abonarle a los "caranchos" que compraron
bonos a precios de usura y ahora vienen por las arcas del país.
La compleja trama jurídica internacional coincidió con la
decisión del Chaco de dejar en default su deuda, pesificándola al
dólar oficial.
Así como el gobierno dejó librados a su suerte a miles de
ciudadanos que habían contraído obligaciones en dólares cuando de
un día para el otro aplicó el cepo cambiario, igual inteligencia
se ejecutó sobre las indefensas provincias, pero con consecuencias
mucho más graves, que esmerilaron la poca confianza que quedaba
entre los inversores.
El argumento del gobernador y exjefe de Gabinete de Eduardo
Duhalde, Jorge Capitanich, quien le echó la culpa al Banco Central
por no haberle proporcionado los dólares, no evitó la desconfianza
que representa para el tenedor de un bono que de un día para el
otro le paguen 35 por ciento menos, aproximadamente la brecha
existente entre el inaccesible dólar oficial y el que se consigue
en forma ilegal en el mercado paralelo.
Al Chaco se sumará Formosa y a punto estuvo de añadirse
Tucumán, lo cual despertó preocupación en los angurrientos
mercados y llevó a las calificadoras -odiadas por Cristina
Fernández- a poner el riesgo país de la Argentina casi al mismo
nivel que el de la destartalada Grecia.
En medio de esa corrida especulativa contra el país que tuvo la
cesación de pagos más grande de la historia moderna, en el 2001,
la jefa de Estado debió salir a aclarar: "Pagaremos todos los
vencimientos en dólares".
Lo curioso es que a pesar de haber negociado con una quita
récord su deuda externa, de cancelar el total de las obligaciones
con el FMI y pagar religiosamente vencimientos en dólares a costa
de fondos del BCRA, la ANSeS y el PAMI, los acreedores dicen
seguir teniendo serias dudas sobre el cumplimiento de la deuda
soberana.
El proyecto para intervenir el mercado bursátil y definir en
qué sectores podrán invertir las aseguradoras, sumó un perfil más
estatista a un gobierno que ya venía profundizando el dirigismo
sin mucha claridad de fines.
Cuando concluya 2012, el gobierno habrá saldado casi 8.000
millones de dólares, en buena medida gracias al sacrificio de gran
parte de la población, que con el cepo al dólar carece de
herramientas para proteger su poder adquisitivo y queda a tiro de
inflación.
La realidad es que, más allá de la retórica, a una década del
default la Argentina aún no terminó de levantarlo, y el mundo
sigue viendo al país como una "oveja negra", a pesar de que en los
grandes centros financieros internacionales desataron descalabros
mucho más perjudiciales que este sufrido país ubicado en el punto
más austral de Sudamérica.
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