Por José Calero
Ante una recesión que se profundiza, el gobierno de Cristina
Fernández optó por reforzar las restricciones para adquirir
divisas, limitar dólares para importar insumos y meterle presión a
las grandes empresas endureciendo la ley de Abastecimiento.
La necesidad de divisas para afrontar el pago de deudas y las
importaciones de combustibles -en una pelea interminable con los
fondos buitre por la deuda-, obligan a restringir al máximo la
disponibilidad de dólares.
Las medidas y el discurso adoptado por la presidenta reflejan
su convencimiento de que detrás del parate económico hay algo más
que una caída de la demanda y la desconfianza de los consumidores.
La jefa de Estado parece haber llegado a la conclusión de que
sectores de poder económico pretenden debilitar su gobierno y, tal
vez, hasta provocar su salida anticipada.
En esa lógica parece contextualizarse su acusación a las
terminales automotrices y concesionarias de estar "encanutando"
los autos para generar el fracaso del plan Procreauto y generar
malestar social con suspensiones de miles de operarios.
Un cuestionamiento similar había lanzado la mandataria hacia
los bancos, a los que acusó primero de sabotear el intrincando
sistema de certificados CEDIN para adquirir viviendas, aunque
luego los terminó premiando permitiéndoles cobrar comisión por
esas operaciones.
Cuando el viento empieza a soplar en contra, los fantasmas
comienzan a aparecer por doquier y se ven conspiraciones que a
veces tienen correlatos forzados en la realidad.
El espejo parece exigir contemplar otros datos: a partir del
2007, meses antes de que Cristina ganara la primera presidencia,
la economía argentina comenzó a mostrar señales de aceleración de
precios.
Esa incipiente inflación -que luego se instaló en el 30% anual-
se vio luego inflada por la pérdida de los superávits gemelos
-fiscal y comercial- que siempre habían sido defendidos a capa y
espada en el gobierno de Néstor Kirchner.
Durante los gobiernos de Cristina Fernández, el déficit de las
cuentas públicas se disparó y la emisión monetaria alcanzó niveles
récords para alimentar en forma artificial el consumo.
Su gestión debió afrontar los coletazos de la crisis generada
a nivel mundial por la quiebra de la banca de inversión Lehman
Brothers y la estafa de las hipotecas basura o subprime, por lo
que la Argentina casi no creció en 2009.
En 2010 la economía pareció intentar un proceso de recuperación
-en medio de una feroz fuga de capitales-, reforzado por subsidios
cada vez más generalizados que lograron mantener altos los niveles
de consumo y le permitieron a Cristina obtener la reelección en el
2011.
Pero horas después de haber alcanzado ese objetivo, el gobierno
debió trasparentar los problemas de la economía y frenar de golpe
el acceso al dólar, a través de lo que pasará a la historia como
el "cepo cambiario", algo así como encerrarse en una jaula y tirar
la llave.
A partir de allí, la economía ingresó en una espiral
descendente que no dio respiro: la inflación se disparó, el
intervencionismo se hizo moneda corriente y las principales
variables de la economía se distorsionaron.
Como si faltaran pocos problemas, se terminó el viento de cola
generado por el alto precio de los commodities que fue el puntal
del modelo económico, y la soja cayó a su nivel más bajo en una
década.
El propio ministro de Economía, Axel Kicillof, aceptó ante
empresarios que el mundo le da la espalda a la Argentina y que
ante eso, "hay poco que hacer".
El aroma a "fin de ciclo" se empieza a oler en cada rincón de
la actividad económica.
El 10 de septiembre la presidenta encabezará el acto central
por el Día de la Industria en Tecnópolis.
Hacia allí peregrinarán empresarios y gremios que comulgan
todavía con el gobierno aunque ya hacen cálculos sobre el día
después del cristinismo, y otros muchos que dan por concluido un
ciclo que requiere cambios profundos.
Tal vez la presidenta dé en ese acto algunas pistas sobre lo
que le espera a los argentinos en los próximos meses.
Le será difícil transmitir optimismo: la mayoría de los
indicadores preanuncian que el país ingresó en una etapa
contractiva del ciclo económico que llegaría hasta el próximo
gobierno, y ante esa realidad es poco lo que se puede hacer.
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