Por María Cecilia Gutiérrez
Hablar de desarrollo implica crecimiento económico pero también mejor calidad de vida, equilibrio territorial y sectorial, equidad, mejora de la competitividad territorial. Además, estimular las iniciativas locales, fomentar las pequeñas y medianas industrias y el asociativismo, impulsar el empleo, promover la equidad, fortalecer las administraciones y las instituciones locales, siempre dentro de un marco de resguardo del medio ambiente y protección de los recursos naturales del territorio.
Todo esto implica lograr permanentes consensos y compromisos desde todos los ámbitos, conjugando en numerosas ocasiones, factores diversos como la economía de mercado y el interés público que, muchas veces, se contraponen. Esta controversia puede superarse si el objetivo primordial a alcanzar es el bien común mediante iniciativas que combinen la innovación de los mercados, la responsabilidad social y las regulaciones necesarias. La búsqueda de la mejora constante de las alianzas entre el sector público, privado y las organizaciones no gubernamentales permitirá que se cumplan iniciativas y proyectos que amplíen la inversión y el desarrollo sostenible de sus lugares.
Sin embargo, el camino no siempre es fácil y sencillo. Entre los problemas que con mayor asiduidad se presentan, encontramos la dificultad de hallar recursos humanos calificados, nuevas necesidades de tecnologías e inversiones, obstáculos organizacionales y escasez de recursos financieros.
Esos recursos financieros provienen, básicamente, de tres fuentes: los estados Nacional, Provincial y Municipal. Existen dentro de nuestro país la más variada gama de situaciones financieras municipales; en algunas sólo se logran cubrir servicios básicos tradicionales como son alumbrado, barrido y limpieza; en otras es posible afrontar nuevas competencias e implementar programas de capacitación, empleo, salud, educativas.
En los últimos años, se han incorporado a la agenda municipal otros problemas y demandas que no fueron históricamente competencias de los gobiernos locales, pero ante los reclamos de la sociedad se debe, en la medida de las posibilidades, atender estas situaciones. Así por ejemplo, encontramos necesidades de servicios (agua, gas, etc), seguridad, vivienda, espacios en parques industriales o de actividades económicas, problemáticas medio ambientales. Algunos de ellos tienen la dualidad de plantearse como necesidades pero también como oportunidades de negocio.
Es aquí donde surgen soluciones innovadoras para poder brindar una respuesta adecuada, recurriendo a alternativas que le agregan una nueva dimensión a la articulación público-privada, incluyendo al sector privado en el financiamiento de los proyectos.
Lograr realizar los proyectos implica beneficios para muchas de las partes:
• para el territorio porque satisfacen necesidades importantes,
• para el Municipio porque resuelve una dificultad de su gente y puede mantener recursos para solucionar más problemáticas,
• para los inversores por la rentabilidad obtenida y/o por la solución aportada,
• para los beneficiarios de las obras/inversiones porque ven sus anhelos cumplidos, solventan las mismas en mejores condiciones y logran mejores niveles de calidad.
La clave para lograr esta nueva dimensión radica en el desarrollo claro y transparente de un buen plan de negocios para el proyecto, garantizando la transparencia en la administración de los fondos (que puede terciarizarse, inclusive) y el sistema de garantías que se proponga a los inversores.
FIDEICOMISO FINANCIERO
En numerosas ciudades esto ha sido posible al elegirse, como estrategia, el uso de una herramienta ampliamente difundida en el ámbito privado: el fideicomiso financiero. Es un medio para cristalizar proyectos-negocios que requieren de inversiones que los municipios no pueden afrontar sin desatender sus funciones primordiales. Es un acuerdo mediante el cual una persona física o jurídica ("Fiduciante") transfiere la propiedad legal de sus activos dentro de un esquema de propiedad fiduciaria a otra persona ("Fiduciario"), con efectos futuros. El contrato de fideicomiso encierra una estipulación entre el dueño de los bienes y quien los recibe, a favor de las personas designadas como destinatarias de ellos ("Beneficiarios") durante la vigencia o al término del contrato. Esta herramienta en particular permite limitar claramente la participación de todas las partes, separar patrimonialmente los bienes y lograr una administración transparente que conforma a todas las partes.
Algunos ejemplos a citar son: Fideicomiso de Río Cuarto para financiamiento de obras, Fideicomiso Invertir en Azul (Prov. Buenos Aires) para la construcción del Complejo Cultural General San Martín, Fideicomiso de Mar del Plata (Prov. Bs. As.) para pavimento, Fideicomiso de Cerrito ( Entre Ríos) para construcción de un biodigestor, Fideicomiso de Marcos Juárez (Córdoba) para obras públicas, Fideicomiso de Zárate (Bs. As.) para vivienda, Fideicomiso de Esperanza (Santa Fe) para Parque Industrial.
Así, parte del valor agregado generado dentro del territorio se utiliza como insumo de nuevos proyectos que inyecten mejoras de competitividad, nuevas inversiones, creación de empleo local y mayor movimiento comercial.
Se produce, entonces, un círculo virtuoso en el que se reinvierten valores creados utilizando recursos humanos y naturales del lugar; y se vuelcan a nuevos proyectos donde la sociedad como conjunto se ve beneficiada.
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