Por Mariana Cursack
El desarrollo es un proceso sistémico abierto que está inmerso en uno mayor que es el ecosistema o sistema ambiental con el que intercambia flujos de energía, materia e información y al que utiliza como abastecedor de recursos primarios y servicios naturales, así como depósito para residuos. Cumplir con la condición de sustentabilidad del desarrollo es el gran desafío que tienen los territorios. En particular y para el sector productivo en América Latina, el binomio “competitividad y medio ambiente” pareciera presentar claroscuros en relación a la normativa, incompatible con la viabilidad de cumplimiento y huérfana de políticas de promoción e innovación de apoyo al sector productivo. Surge así, la necesidad de encuentro entre políticas productivas y medioambientales.
Si el objetivo de bien común es el crecimiento económico sustentable, en la agenda de los legisladores para la revisión del marco regulatorio de la producción y del cuidado del medioambiente, no debería estar ausente la articulación público privada entre actores políticos ni el aporte de los sistemas de innovación y educativo.
Suecia, uno de los líderes actuales en sustentabilidad, define una sociedad sustentable como una sociedad en la cual el desarrollo económico, el bienestar social y la integración están unidos con un medioambiente de calidad. Esta sociedad tiene la capacidad de satisfacer sus necesidades actuales, sin perjudicar la habilidad de que las generaciones futuras puedan satisfacer las suyas. Más en detalle y desde el punto de vista de la prosperidad económica, la sustentabilidad queda definida como la habilidad de lograr una prosperidad económica sostenida en el tiempo, protegiendo los sistemas naturales del planeta y proveyendo una alta calidad de vida para las personas. Esta última definición representa el concepto moderno de sustentabilidad, aunque existe una marcada tendencia a plantear que buscar el “equilibrio” entre ambiente, economía y sociedad perjudica el progreso económico. Sin embargo, la sustentabilidad busca fomentar un progreso pero desde un enfoque diferente y más amplio, y ahí es donde reside el verdadero desafío, un nuevo paradigma.
En los países de América Latina persiste un notorio déficit tanto en estrategias como en gestión ambiental. Todos los países pueden señalar avances legislativos, institucionales e instrumentales, pero estos no han sido ni cuantitativa ni cualitativamente eficaces y eficientes, como para mejorar el medio ambiente. Estos países “periféricos” están luchando por crecer económicamente para dar respuesta a sus numerosos problemas sociales. Su inserción mundial está caracterizada especialmente, por diversos procesos económicos, varios controlados desde “afuera”.
Uno de los pilares utilizados para revertir la baja tasa de inversión, ha sido la atracción de capitales externos. Es aquí, donde la cuestión ambiental empieza a entrar en conflicto. Para atraer capitales, se utiliza -además de las políticas tributarias y financieras- el interés por legislaciones ambientales laxas con relación a la explotación de los recursos naturales renovables y la no internalización de costos ambientales derivados de la explotación de los recursos naturales.
El otro pilar fue el proceso de industrialización. La atracción de inversionistas para el desarrollo industrial también ha provocado variados conflictos ambientales, basada en considerar a la problemática ambiental como una externalidad, tanto para la adquisición de insumos materiales y energéticos, como al tratamiento de los residuos.
Para que todos estos atractivos funcionen, el modelo adoptado no puede presentar fisuras y, la temática ambiental, podría generar una. Es por esa razón, que el sector económico de los países -los ministerios de economía y hacienda, así como sus instituciones especializadas- tienden a bajarle el perfil al tema ambiental.
Los países desarrollados, al menos en sus acuerdos comerciales, imponen ciertas demandas ambientales a los países de América Latina que podrían mejorar la gestión. Pero en la mayoría de los casos, las prioridades internacionales están muy lejos de las nacionales. Lo más grave es que, en la mayoría de los países de la región, el conocimiento que se tiene de los compromisos internacionales es escaso o nulo. Da la impresión que se firman acuerdos, no por el convencimiento de la necesidad de ponerlos en práctica, sino para no tener problemas en el comercio internacional.
No se debe olvidar que el discurso ambiental ha surgido tanto en los países del norte como en los latinoamericanos, como una crítica radical al sistema social. Esta crítica es tomada por los grupos que cuestionan las desigualdades sociales y los problemas derivados de los niveles de vida de las poblaciones. Por ello es que, desde sus orígenes, el tema ambiental es un tema politizado y más que eso, es un tema político. Y esto lo ubica en la esfera de los esfuerzos de dominancia y sometimiento, donde a la temática ambiental se la trata de encauzar para que no ponga en peligro la perpetuación de las estructuras dominantes. Y en este juego de fuerzas priman las presiones que, por una parte hace el sector productivo, para evitar las restricciones ambientales y aceptar sólo la implementación de medidas ambientales que tengan rédito económico y, por otra parte y generalmente en acuerdo con los primeros, los gobiernos que tratan de ejercer el control a través de la aplicación de leyes y del manejo institucional público.
El discurso político se ha hecho cada vez más tecnificado, complejo y difícil de digerir, lo que lo ha hecho distanciarse de la población. La masificación de las ONG ambientalistas como se preveía, no se ha producido; al contrario, en muchos países de la región se han reducido cuantitativamente, excepto algunas ligadas a movimientos internacionales.
Como consecuencia, las fuerzas políticas predominantes dictaron leyes que aunque signifiquen avances, están bastante lejos de constituirse en elementos de acción para el progreso ambiental. El principio de la gradualidad fue hábilmente utilizado a los fines de evitar la desestabilización, dando como resultado legislaciones permisivas, laxas y poco eficaces, pero hábilmente articuladas a los modelos de crecimiento económico. Hubo distintas materializaciones de la nueva legislación ambiental en los países, variando desde códigos sobre medio ambiente y recursos naturales, hasta instrumentos jurídicos dispersos en las legislaciones nacionales. Pero es de destacar que, casi al margen de todas esas innovaciones y progresos, las tasas de deterioro del medio ambiente son similares en todos los países; lo que demuestra que las condicionantes políticas y socioeconómicas son las que definen la situación ambiental.
Por todas estas razones, para avanzar en la búsqueda de la normativa adecuada será necesario enriquecer la conciencia crítica de la población para convertir el tema ambiental en un sujeto político que cuenta en los planes de gobierno. Avanzar significa ayudar a que las fuerzas sociales tengan expresión ambiental para constituirse en nuevas instancias legales, tales como juzgados ambientales ciudadanos y fiscalías. Para avanzar habrá, también, que innovar en la educación ambiental, mejorándola en todos los niveles y en sus expresiones formales e informales.
Los organismos internacionales, además de contribuir a enriquecer el conocimiento del patrimonio natural y de enfrentar los problemas ambientales que amenazan el futuro de la humanidad, tienen el desafío de hacer crecer la conciencia crítica de las sociedades latinoamericanas y de hacer resaltar las contradicciones. Sólo así el objetivo del desarrollo sustentable, habrá de cumplirse: con un sistema productivo consolidado, competitivo e innovador, inserto en una sociedad que en su conjunto es respetuosa del medioambiente.
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