Por Redacción
La cuestión de cómo se explican las eventuales diferencias de conductas entre propietarios argentinos y extranjeros subyacentes a un proyecto de este tipo fue objeto de una indagación de Chequeado.com. Para ello se consultó a tres protagonistas de la elaboración de los proyectos que se tratarán.
Eduardo Barcesat, abogado constitucionalista que participó en la elaboración del proyecto del Ejecutivo, consideró que generaría un “sentimiento de solidaridad” puesto que “un argentino se va a preocupar de que primero estén alimentados sus compatriotas, mientras que un extranjero va a tener más tendencia a mandar la comida a su país”.
Para Aldo Casella, abogado especialista en temas agrarios, quien también participó en la elaboración del proyecto enviado por la Presidenta, se trata de una “política pública que asegura el acceso a la tierra de los nacionales” pero al no reglamentar otros aspectos, como el uso de la tierra, sólo asegura el “resguardo del patrimonio nacional en manos de argentinos”.
Finalmente, para Andrea Burucúa, asesora de Verónica Benes, diputada de Unión Popular-SI, el hecho de que la tierra quede en manos locales, ayuda a que exista “un mayor cuidado, puesto que se trata de un residente, mientras que en el caso de un extranjero, tiene menos cuidado porque después la vende y se va”.
En todos los casos se confía que la nacionalidad sea suficiente garantía para el mejor uso de la tierra y para que la cantidad de alimento necesaria quede en el país.
El ministro de Agricultura, Julián Domínguez, por otro lado, afirmó que la idea de la iniciativa es que “la producción de alimentos debe estar en manos de los argentinos".
Sin embargo, la tenencia de la tierra no asegura su modo de explotación, como explicó a Chequeado.com Mariana Gori, especialista de la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (AACREA): “Un propietario puede pedir que la tierra se use para ciertos cultivos, pero la producción es de quien la alquila y puede definir su destino”. O sea que nos es seguro que el origen del propietario de las tierras influya en el destino final de su producción.
En cuanto al posible aumento de la exportación de alimentos al quedar las tierras en manos de extranjeros, en el caso argentino se han aplicado medidas de control de las exportaciones de alimentos básicos, como el trigo. Se trata de instrumentos de política comercial cuya aplicación es independiente del origen de los propietarios de tierras.
Es posible que pudiera haber conductas diferenciadas entre propietarios argentinos y extranjeros a la hora de decidir cómo y dónde se reinvierten las utilidades, pero ello no es fácilmente comprobable.
El proyecto de ley no contempla -y por lo tanto, no impide- la participación de extranjeros en fondos de inversión o fideicomisos destinados a la explotación de tierras de terceros en arrendamiento, ni el uso que se haga del suelo, algo que sí se considera en la ley brasileña, similar en otros aspectos a la argentina. La Federación Agraria, que apoya esta ley, promueve de manera paralela un proyecto para regular el arrendamiento de tierras. Según explicó Luis Contigiani, un especialista de la institución, “hoy no existe una ley que regule el arrendamiento, ni que proteja el uso del suelo. Depende del contrato entre propietario e inquilino, que a veces es sólo por un año, y no se regula que se cuide el recurso”.
De todos modos, conviene no olvidar que los cambios de organización de la producción agropecuaria y el rol creciente de la tecnología contribuyeron a reducir la importancia relativa del factor tierra en la economía argentina. Actualmente, la remuneración de ese factor de la producción en el ingreso bruto nacional ronda el 3 por ciento (Lucio G. Reca y col. "El crecimiento de la agricultura argentina: medio siglo de logros y desafíos", Pág. 446. Editorial de la Facultad de Agronomía, UBA. Buenos Aires, 2010).
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