Por José Calero
Las alzas en las tarifas de gas, electricidad y transporte impactarán a pleno sobre la inflación del primero cuatrimestre, por lo que 2019 arrancará con una fuerte presión inflacionaria y con la continuidad de un escenario recesivo. Las subas en los precios regulados son una muy mala noticia para los usuarios, que vienen de soportar una fuerte pérdida de poder adquisitivo durante 2018, el peor año en una década.
El Gobierno buscó concentrar todos los anuncios en medio de las Fiestas, sin tener en cuenta que los ajustes irán aplicándose con distintos impactos entre enero y abril, y persistirá el desgaste político, aunque claro está antes de la campaña electoral de las elecciones en la que el presidente, Mauricio Macri, espera ser reelecto.
A estas fuertes subas se sumarán alzas en las prepagas desde febrero y ajustes en el servicio de Aysa -la prestadora de agua potable en Buenos Aires- que acumularán 44%.
Será otro combo difícil de digerir para la clase media, que observa una riesgosa pérdida de ingresos y aparece también golpeada en el plano de los emprendimientos, ya que las pymes sufrieron duros golpes a lo largo del año.
Las subas de tarifas y una tasa de interés en niveles altísimos configuran un combo perfecto para consolidar la recesión en un año electoral. Apenas el sector financiero arroja crecimiento en el Estimador Mensual de Actividad Económica, con 21 meses consecutivos de saldo positivo.
No es una buena señal que sólo crezca el negocio financiero en cualquier país que busque ponerse camino al desarrollo.
Las finanzas aportan sólo el 3% del empleo cuando la industria -cumplió cinco meses de caída- representa el 15%, un nivel similar al comercio, cuyas ventas vienen cayendo al 10% mensual.
Para colmo, la devaluación derrumbó los números de la construcción, un sector que había tenido un muy buen primer semestre. La caída de casi 5% en el consumo privado durante el tercer trimestre de 2018 explica en buena medida lo mal que está la economía.
En este escenario impredecible, el Gobierno buscará el año próximo avanzar con una reforma laboral que es rechazada de plano por la CGT.
El ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, será el encargado de intentar reducir los costos laborales que tiene la Argentina con el objetivo de "mejorar la competitividad".
Los empresarios se quejan de que el país tiene una legislación laboral que se quedó en la primera parte del siglo XX, pero los gremios creen que los cambios buscan achicar aún más el poder adquisitivo de los salarios.
Entre los papers que maneja el equipo de Sica se buscan reducir las regulaciones y penalizaciones que terminan impidiendo nuevas formas de contratación y generación de empleo.
El Gobierno quiere sacar el año próximo la ley de blanqueo laboral, porque considera que será clave para que las pymes puedan generar trabajo. Mientras tanto, en enero se acordaría una suba del salario mínimo que viene siendo reclamada por la central obrera.
La devaluación empobreció a los argentinos, y el Producto Bruto apenas rozará los US$ 450.000 millones en el 2018.
Esto hará que la proporción de la deuda suba hasta casi el 90% de la riqueza que genera la economía, lo cual agita el riesgo de default para el 2020. Un escenario inquietante que todavía no parece haber alcanzado su peor momento.
Los comentarios de este artículo se encuentran deshabilitados.