Por Redacción
El Gobierno logró ganar tiempo con la suspensión del fallo de un
juez norteamericano que lo obligaba a pagar 1.330 millones de
dólares a fondos buitre, lo cual le evitó además caer en "default
técnico", pero continúa enemistado con la comunidad financiera, lo
cual le impide obtener créditos a baja tasa en el exterior, a
pesar de la liquidez existente.
Con industrias clave en crisis, como la automotriz y la
construcción, la jefa de Estado le enciende una vela al programa
de reactivación que le prometió con entusiasmo el viceministro de
Economía, Axel Kicillof, y que tiene en el Plan Procrear su piedra
angular.
El funcionario le garantizó a la Presidenta que el violento
freno a la construcción provocado por el cepo cambiario será
salvado con las miles de viviendas "sociales" del Plan Procrear
que se financiarán en todo el país, y tal vez de ese resultado
empiece a depender su futuro en el Gobierno, porque después de
todo, los funcionarios, además de temerle a Dios, también deben
tenerle un poquito de miedo a "Ella".
Hernán Lorenzino, el jefe de Economía heredero de Amado Boudou,
tampoco la tiene fácil: se mostró confiado primero en que el fallo
del juez Thomas Griesa sería favorable a la Argentina, pero
recibió un cachetazo jurídico.
Logró recuperarse rápido gracias a la velocidad de la Corte de
Apelaciones de Nueva York, que dejó en suspenso al menos hasta el
27 de febrero próximo el fallo de Griesa, pero deberá trabajar
todo el verano para convencer a la Justicia estadounidense de que
a la Argentina le asiste la razón en el litigio, o al menos de que
tiene voluntad de acordar.
Un argumento clave que utilizará el estudio que asesora a la
Argentina -Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, a razón de 1.500
dólares la hora-, es que el país está dispuesto a reabrir el canje
de deuda, que ya fue aceptado por el 93% de los bonistas, a
cambio de que los "buitres" acepten la misma quita de los que ya
entraron, una tarea que parece ciclópea.
La Argentina tampoco logró encaminar la prometida negociación
con el Club de París, por una deuda que ronda los 6.500 millones
de dólares, la cual rozaría los 10.000 millones si se le suman los
intereses.
Estos capítulos abiertos, sumados a la retórica persistente
contra los mercados que esgrime cada vez que puede la presidenta
Cristina Fernández, aleja por ahora cualquier alternativa de que
los dólares que sobran en otros rumbos desembarquen en estas
pampas.
Países como Chile, Perú, Uruguay y hasta Bolivia lograron
financiarse a tasas de un dígito en las últimas semanas, y en
algunos casos, a más de 30 años de plazo.
El relato oficial destaca la virtud de "Vivir con lo nuestro" -un esquema planteado en un viejo libro del economista Aldo Ferrer,
actual embajador en Francia-, pero la realidad revela que aunque
la Argentina quisiera financiarse en los mercados internacionales,
le sería imposible hacerlo.
A cambio, echa mano de las reservas del Banco Central, de los
fondos de los jubilados administrados por la ANSES, de los pesos
que tiene la mayor obra social del país, el PAMI, de la plata de
la gente que contrató seguros, de los registros que emiten
patentes ahora intervenidos por militantes de La Cámpora y de
cuánta "caja" esté dando vueltas por ahí y que las huestes
dirigidas por Máximo Kirchner se ocupan de rastrear con lupa.
Un economista con vasta experiencia en el mercado argentino, y
de los que más acertaron en los últimos años con sus pronósticos,
lo explicó con estas palabras: "Más grave que estar endeudado es
no tener crédito".
Es que si la Argentina se decidiese a colocar bonos en el
exterior, debería afrontar una sobretasa del 15%, a pesar de que
sobre en el mundo el dinero para prestarle a países emergentes.
El caso de Bolivia debería llamar la atención de la Casa
Rosada: gobernado por el socialista Evo Morales, el país sin
salida al mar no emitió deuda en los mercados internacionales
durante un siglo.
Pero a Morales se le ocurrió hacerlo este año: no sólo colocó
u$s 500 millones en bonos a 10 años en el mercado de Nueva York,
sino que lo hizo a una tasa menor al 5%, algo vedado para la
administración de Cristina Fernández.
No es el único caso en Sudamérica: la Uruguay presidida por el
ex guerrillero tupamaro José Mujica colocó deuda al 4,125% con un
bono que vence en...¡2045!.
La Argentina, convencida de las "bondades" de convertir deuda
externa en interna, lo que Cristina Fernández llama
"desendeudamiento", está perdiendo la oportunidad de aprovechar
los capitales que fluyen en el exterior, lo cual le empezó a
quitar el sueño a Miguel Galuccio, el CEO de YPF que encuentra
cada vez más dificultades para obtener fondos para tratar de
extraer el rico petróleo y gas no convencional del yacimiento Vaca
Muerta.
Son numerosos los sectores de infraestructura que necesitan
financiamiento, pero les cuesta obtenerlo, como energía (los
cortes de electricidad ya encendieron alarmas y se estima que
harán falta 75.000 millones de dólares en los próximos cinco años), vivienda y transporte.
Pero en lugar de abrir las puertas a los capitales, Fernández
parece decidida a espantarlos con un discurso cada vez más duro y
leyes que van a contramano del capitalismo que pregona.
La última novedad en ese sentido fue la trampa que el
kirchnerismo le tendió a la oposición en el Congreso.
La relató el jefe de la bancada radical en Diputados, Ricardo
Gil Lavedra: "Habíamos acordado la ley de regulación del mercado
de capitales y una vez obtenido el quórum, al diputado Roberto
Feletti se le ocurre sacar un papelito del bolsillo para
introducir una pequeña modificación, según dijo".
Ese "ínfimo" cambio terminó habilitando a la Comisión Nacional
de Valores ni más ni menos que a intervenir una empresa en defensa
de los intereses de accionistas minoritarios.
Ahora, casi cualquier compañía relevante quedará a tiro de
decreto de la Casa Rosada.
"Eso es trampa", dijo lisa y llanamente Gil Lavedra,
perteneciente a un partido republicano como la UCR, que parece no
haber aprendido aún que al kirchnerismo conviene no darle ni un
milímetro de ventaja.
El jefe del bloque radical dijo algo más: "Ahora no nos cabe
duda de que tratarán de reformar la Constitución para que la
presidenta pueda acceder a otro mandato, pero no lo vamos a
permitir".
Hará falta más muñeca política, y sobre todo mucha menos
ingenuidad, para lograr tal cometido.
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