Por REDACCIÓN
SUNCHALES ( De nuestra Agencia).- Tal como anunciáramos ayer, este tema generó dos despachos de comisión y tras encendidos fundamentos se impuso, por mayoría, el despacho elaborado por la Libertad Avanza con la adhesión de Más para Santa Fe.
La concejal Brenda Torriri expresó del siguiente modo la postura de su bloque.
Hoy nos encontramos ante una discusión que trasciende largamente una diferencia política circunstancial. Lo que estamos debatiendo es el alcance de la responsabilidad institucional del Estado municipal, el respeto por las reglas y, fundamentalmente, el valor de la equidad entre los vecinos. Este proyecto surge en un contexto complejo, donde es necesario actuar con sensibilidad, pero también con una firmeza conceptual que evite caer en soluciones fáciles que, en el mediano plazo, terminan perjudicando a toda la comunidad.
Como bloque oficialista, hemos reflexionado profundamente luego del veto a la Ordenanza 3266/2025. Entendemos que la política debe buscar consensos. Pero también sabemos que no todo acuerdo es válido si vulnera principios esenciales del orden jurídico y del equilibrio fiscal.
Y acá es donde aparece el primer punto central: la legalidad de la norma.
La sobretasa a los terrenos baldíos no es una creación arbitraria ni reciente. Tiene antecedentes en nuestra ciudad desde el año 2000 y responde a una lógica que es ampliamente reconocida en el derecho tributario municipal: la de los tributos con finalidad extra-fiscal.
No se trata sólo de recaudar. Se trata de ordenar la ciudad, promover el uso del suelo, garantizar condiciones de higiene urbana y prevenir riesgos sanitarios, como todos sabemos que ocurre con el dengue, por ejemplo.
Por eso, esta herramienta es legal, constitucional y razonable tiene:
Un hecho imponible claro
Un sujeto definido
Una base imponible objetiva
Y una finalidad legítima
En consecuencia, su suspensión —como proponemos— puede ser una medida excepcional de política económica, pero nunca puede implicar desconocer la validez del tributo ni borrar sus efectos jurídicos ya producidos.
El proyecto de la oposición propone:
Suspender la aplicación del tributo
Y además establecer una quita del 70% del total de la deuda, incluyendo capital
Y acá es donde debemos ser muy claros:
No estamos discutiendo una ayuda al contribuyente.
Estamos discutiendo la eliminación de recursos públicos ya devengados.
Esto no es menor. Esto tiene implicancias profundas en tres planos:
El primer plano, refiere a la legalidad tributaria. En materia tributaria, la legalidad no es solo crear tributos por ordenanza.
También implica que:
Las obligaciones válidamente generadas deben ser respetadas
Y que cualquier condonación del capital requiere una justificación extraordinaria, técnica y debidamente fundada
Condonar capital sin ese sustento:
- rompe la lógica del sistema
- desordena la contabilidad pública
- y genera inseguridad jurídica
Porque estamos diciendo que lo que ayer era obligatorio, hoy deja de serlo sin una causa objetiva suficiente.
Este es, probablemente, el punto más fuerte, lo que refiere al plano del principio de igualdad.
La propuesta de la oposición genera una desigualdad evidente:
El contribuyente que cumplió → pagó el 100%
El contribuyente que no cumplió → paga solo el 30%
Esto no es equidad.
Esto es premiar el incumplimiento.
Y desde el punto de vista constitucional, esto es muy delicado.
La igualdad tributaria exige que:
- situaciones iguales tengan igual tratamiento
- y las diferencias estén justificadas por razones objetivas
Acá no hay una justificación válida para esa diferencia.
Al contrario, lo que se genera es un incentivo perverso: “Conviene no pagar, porque después el Estado perdona”
Ese mensaje destruye la cultura tributaria, que es uno de los activos más importantes que tiene cualquier municipio.
Y por último, hablamos del plano de la responsabilidad fiscal. Condonar capital no es una abstracción:
Es renunciar a recursos concretos que ya están dentro del esquema de financiamiento municipal.
Y esos recursos equivalen, por ejemplo, a:
Mantener operativa la flota municipal
Sostener asistencia alimentaria
Garantizar combustible para servicios esenciales
Realizar mantenimiento urbano y rural
Entonces la pregunta es simple:
¿De dónde salen esos recursos si los eliminamos?
Porque lo que no se recauda de un lado:
se recorta en servicios
o se le cobra a otro vecino
Y eso también es desigualdad.
Y un problema adicional es la seguridad jurídica, en donde el proyecto opositor también plantea algo técnicamente muy delicado:
Reconoce deudas
Las reduce fuertemente
Y a la vez impide acciones de repetición
Esto genera tensiones con:
Certificados de libre deuda ya emitidos
Liquidaciones firmes
Actos administrativos consolidados
Es decir, pone en riesgo la coherencia del sistema. Y un municipio sin coherencia jurídica, es un municipio expuesto a conflictos y judicialización.
Creemos como bloque oficialista que nuestro proyecto de ordenanza refiere a un equilibrio real, y no niega la realidad económica, al contrario:
propone una suspensión temporal
establece condiciones vinculadas a la higiene urbana
y crea un régimen de regularización serio
Pero con una diferencia fundamental: Actúa sobre los intereses, no sobre el capital. ¿Por qué? Porque el interés puede flexibilizarse como herramienta de política pública, pero el capital es el recurso del Estado. Y el Estado no puede renunciar a sus recursos sin comprometer su funcionamiento.
Señor Presidente, Gobernar no es elegir entre recaudar o ayudar. Gobernar es encontrar el punto donde se acompaña al vecino, sin destruir las reglas, sin castigar al que cumple y por sobre todo sin hipotecar el futuro de la ciudad.
Por eso sostenemos con firmeza que este proyecto es legalmente sólido, es más justo y es fiscalmente responsable.
No venimos a asfixiar a nadie.
Pero tampoco vamos a avalar medidas que, bajo una apariencia de alivio, terminan generando injusticia, desorden y desfinanciamiento.
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