Por REDACCION
Un abogado de 45 años cuyas iniciales son JFM deberá constituir una fianza real de un millón de pesos en el marco de un legajo penal en el que está imputado por adulterar un documento público y usarlo para cometer estafas.
Así fue resuelto por el juez Jorge Patrizzi en una audiencia de medidas cautelares llevada a cabo ayer por la mañana en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.
De acuerdo con lo resuelto, al profesional del Derecho también se le prohibió acercarse a menos de 500 metros de una mujer (a su casa y a su trabajo) con quien tenía una relación de confianza y que es una de las víctimas de su accionar. Asimismo, deberá presentarse cada 30 días en el Ministerio Público de la Acusación (MPA).
“La madre del imputado es quien aportará un automóvil para la constitución de la fianza”, informó el fiscal Federico Grimberg, quien está a cargo de la investigación. “Si bien en la audiencia se acreditó que el vehículo está libre de gravamen, solicitamos que el imputado recupere su libertad –fue detenido el pasado miércoles– recién una vez que el Registro Nacional de la Propiedad Automotor informe que está trabado el embargo correspondiente”, aclaró el funcionario del MPA.
LOS HECHOS
El fiscal explicó en la audiencia que al imputado se lo investiga por la autoría de cuatro hechos ilícitos. En tal sentido, hizo un relato cronológico de lo ocurrido y sostuvo que “utilizó sus conocimientos jurídicos para cometer los ilícitos”.
“Entre marzo y abril de 2020, modificó un oficio que el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la Octava Nominación de Santa Fe dirigió al Banco Central de la República Argentina (BCRA), en el que se disponía la inhibición general de los bienes del imputado”, detalló Grimberg. Especificó que “el abogado investigado, adulteró el escrito judicial para que informe falsamente que se levantaba la medida”.
Asimismo, relató que “el imputado utilizó el oficio apócrifo para efectivizar el levantamiento de la inhibición, abonó los aranceles exigidos por el BCRA, y en el recibo de pago puso el nombre del abogado de la parte actora en la causa civil iniciada”. Grimberg añadió que “el BCRA dio curso a lo solicitado y dispuso el levantamiento de la inhibición”.
El fiscal también se refirió al segundo ilícito atribuido y dijo que “el 27 de abril de 2020, gracias al levantamiento de la inhibición general de sus bienes que logró con la documentación apócrifa, el imputado solicitó y obtuvo un préstamo personal del Banco de la Nación Argentina por 276.635 pesos”.
“El tercer hecho y el cuarto fueron cometidos entre octubre y diciembre de 2020 en perjuicio de una mujer con la que el imputado tenía una relación de confianza”, remarcó el fiscal en la audiencia.
“El abogado investigado le ofreció a la víctima participar de una ‘licitación judicial tipo remate’ –la cual era inexistente– para adquirir un departamento en la ciudad de Rosario, y también le ofreció ser parte de una inversión agropecuaria”, señaló.
“Para lograr las estafas, el imputado le exhibió a la víctima cédulas judiciales falsas y otra apócrifa. De esta manera, consiguió que la mujer le entregara 16.500 dólares y 380 mil pesos para la compra del inmueble, y un millón de pesos para la otra inversión”, narró.
CALIFICACIONES
LEGALES
Al hombre investigado se le atribuyó la autoría de adulteración y uso de instrumento público falsificado y de tres hechos de estafa.
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