Tal como ya fuera publicado oportunamente por LA OPINIÓN, 19 personas -hinchas de Atlético de Rafaela- fueron detenidos por la Policía de esta ciudad luego de protagonizar el sábado último serios disturbios mientras se disputaba el partido entre el elenco rafaelino y el club Almirante Brown, del partido de La Matanza, Gran Buenos Aires.
El origen del conflicto fue una disposición de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) por la cual se sancionó al club rafaelino por malos comportamientos anteriores en el encuentro ante el club Defensores Unidos, que tiene su sede en el partido de Zárate, Provincia de Buenos Aires. Dicha sanción significaba que no iban a poder ingresar al estadio con banderas ni instrumentos de tipo musical (bombos, tambores, etc.)
Dicha sanción, cayó de la peor manera entre los hinchas rafaelinos, quienes decidieron no ingresar a la cancha, y cuando ya promediaba el cotejo futbolístico, de las palabras pasaron a los hechos, comenzando un enfrentamiento de inusitada violencia con el dispositivo de seguridad montado y llevado a cabo por la Policía de la Unidad Regional V de Rafaela; lo cual incluyó rotura de patrulleros, de veredas, y utilización de postas de goma por parte de la Policía a modo defensivo.
En la audiencia imputativa y de medidas cautelares que se llevó a cabo este martes por la tarde con los 19 detenidos -16 hombres y tres mujeres-, en las salas penales de los tribunales de Rafaela, se resolvió la situación de los detenidos.
Formaron parte de esta instancia procesal el juez de la investigación penal preparatoria (IPP) Gustavo Bumaguín, el ya citado fiscal Guillermo Loyola en representación del Ministerio Público de la Acusación (MPA) local, y en la defensa técnica los abogados particulares Carlos Farías Demaldé, Juan Manuel Lovaiza y Federico Scarinci.
Calificaciones penales
Las calificaciones jurídico penales que afrontaban los 19 detenidos fueron “resistencia contra la autoridad en concurso ideal con Daño, en ocasión de desarrollarse un espectáculo deportivo, en carácter de coautores” (arts. 6 y 8 de la Ley N.º 23.184 de Violencia en espectáculos deportivos).
Imputativa
Al comenzar la citada audiencia donde se definiría la suerte de los 19 detenidos, el fiscal Guillermo Loyola hizo un pormenorizado relato de los hechos imputados.
"En fecha 25 de mayo de 2024 -inició el fiscal Loyola-, siendo aproximadamente las 18.25 horas, en ocasión que se desarrollaba un encuentro futbolístico entre el Club Atlético Rafaela y el Club Atlético Almirante Brown en el estadio Nuevo Monumental, ubicado en calle Dentesano 445 de Rafaela; Víctor Ezequiel T., Juan Ariel C., Kevin Jesús U., Tomás Carlos B., Alejandro Rafael D., Diego Rubén G., Victoria Ayelén V., Rocío Belén A., Melodi Anabel C., Hugo Manuel C., Angel David B., César Luis K., Héctor Rodrigo S., Mirko Daniel A., Bautista S., Agustín Ariel G., Matías Ezequiel G., Matías Gonzalo G., Miguel Eduardo T. y otras personas aún no individualizadas, todos los cuales se encontraban en la vía pública afuera de las instalaciones de dicho estadio, comenzaron a generar disturbios, los que incluyeron arrojar bombas de estruendo hacia el personal policial apostado en el lugar como parte del operativo de seguridad.
“Ante ello -continuó-, a pesar que los funcionarios dieron la orden a todos de cesar con esa actitud, los imputados -junto a todas las personas allí presentes-, con el fin de resistirse al accionar de la autoridad y de provocar daños -tanto en bienes públicos como privados- comenzaron a arrojar elementos contundentes -piedras, escombros- hacia dichos funcionarios policiales y contra los vehículos oficiales y particulares, como así también a las viviendas lindantes, provocando con ello: rotura del parabrisas y abolladura de la tapa del baúl del móvil 9703; abolladura del capot y puerta delantera derecha del móvil 9736; abolladura del capot, puerta trasera izquierda y puerta delantera derecha del móvil 9701; rotura de cristal de la puerta trasera del lado izquierdo y abolladuras en dicha puerta y en el guardabarros trasero del lado derecho del móvil 9739; abolladura en el parante trasero izquierdo del móvil 9699; rajadura en el parabrisas del móvil 9741; rotura en equipos protectores asignados al personal policial del Cuerpo Guardia de Infantería que conformaba un grupo antidisturbios; como así también rotura en vehículos particulares: el parabrisas de un vehículo Nissan Tiida, rayones en el capot de un vehículo Fiat Siena; rotura del parabrisas de un vehículo Chevrolet Corsa; rayones en el capot de una camioneta Toyota Hilux; rotura del vidrio de la puerta del garage de la vivienda ubicada en Av. Mitre al 400; y rotura del vidrio de la puerta del garage de la vivienda ubicada en calle Dentesano al 600”, detalló el fiscal del caso.
Resolución del juez
Por los hechos de daño mencionados precedentemente y la resistencia a la autoridad policial, una vez imputados los coautores de estos hechos, la audiencia prosiguió con las medidas cautelares tendientes a resolver como seguiría la causa por estos delitos.
Es así que luego de conferenciar entre ellos, los abogados defensores Farías Demaldé, Scarinci y Lovaiza, llegaron a un acuerdo con el fiscal Loyola, que fue transmitido a los imputados, consistente en medidas alternativas a la prisión preventiva.
Dicho acuerdo fue homologado por el juez Gustavo Bumaguín, quien resolvió otorgar la libertad de los imputados bajo el cumplimiento de las siguientes medidas alternativas: 1) fijar domicilio; 2) firmar cada 15 días, los viernes, en la comisaría de su jurisdicción; 3) prohibición de contacto para con las víctimas de los hechos; 4) prohibición de acceso al estadio de Rafaela hasta la duración del presente torneo.
Entrevista con un defensor
Finalizado el acto judicial, LA OPINIÓN dialogó con uno de los defensores particulares, el Dr. Carlos Farías Demaldé, a fin de recoger lo que ha sido interpretado como un logro de la defensa haber obtenido solamente medidas alternativas para sus pupilos luego de tan graves hechos.
En ese sentido Farías Demaldé sostuvo que, “no quiero dejar de reconocer la labor desempeñada por el resto de los profesionales, el Dr. Juan Manuel Lovaiza y Federico Scarinci. Fue un trabajo en conjunto en el que se consensuó justamente con el representante del Ministerio Público de la Acusación, el Dr. Guillermo Loyola, la posibilidad que contempla nuestro Código Procesal Penal de la Provincia de Santa Fe en cuanto a llevar a cabo medidas alternativas que suplan la imposición de una prisión preventiva”.
“En tal sentido -continuó- nos parecía acertado hacer esas propuestas sujetas a distintas reglas de conducta que fueron homologadas por el juez que intervino en la causa, Dr. Gustavo Bumaguín, tal como consta en las respectivas actas. Otra cuestión que evitamos es que con la última reforma del Código Procesal Provincial, cabía la posibilidad de una prórroga de 96 horas para que el fiscal culmine en cierta forma su tarea investigativa en poder determinar la responsabilidad de cada uno de los 19 detenidos”.
“Tengamos en cuenta -prosiguió- que los 19 detenidos, entre los cuales había 3 mujeres y 16 varones, fueron sorprendidos en inmediaciones del lugar. Ahora bien, hay que investigar, hay que ver cuáles son las evidencias con las que cuenta la Fiscalía para en cierta forma lograr una imputación más precisa porque la imputación que se hizo yo la podría calificar como una imputación genérica. No hay precisión en cuanto a la participación que pudo haber tenido cada uno o aquel que a lo mejor no la tuvo y justo pasaba circunstancialmente por el lugar o estaba en las cercanías o iba a ingresar”.
“Me consta -continuó- de varios clientes que nos han manifestado justamente que ellos no han participado de ninguna agresión, de ningún tumulto, de ningún daño, de ninguna resistencia sino por el contrario, cuando vieron que se había generado toda esta situación se refugiaron en distintos lugares y bueno, fueron aprehendidos. Entonces me parece que era necesario que como primera medida se disponga la libertad. Sabemos que hay un principio de inocencia que es básico y es primordial y es el núcleo de toda legislación procesal y bueno, a partir de ahí nosotros en cierta forma no le exigimos pero sí le propusimos al fiscal la posibilidad de que ellos recuperen la libertad con la fijación de las reglas de conducta”.
“Estas eran establecer un domicilio donde iban a residir, la prohibición absoluta mientras dure el torneo hasta fin de año del ingreso al estadio, la prohibición de acercamiento hacia las personas que resultaron víctimas de los hechos de daño específicamente y asimismo, que no cometan nuevos delitos por supuesto”, concluyó el defensor.
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