El fiscal Sandro Abraldes, interinamente a cargo de la Fiscalía General ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional N°27, pidió ayer por la noche 16 años y 6 meses de prisión para el exgobernador de Tucumán José Alperovich por diez hechos de abuso sexual ocurridos tanto en esa provincia como en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, seis de ellos agravados por haber sido cometidos con acceso carnal.
La solicitud la hizo ante el juez del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº29 Juan María Ramos Padilla, quien conduce el debate unipersonalmente. Al finalizar la exposición, y en línea con lo que había reclamado la querella, consideró que en caso de que se dicte un veredicto condenatorio, debe disponerse la inmediata detención de Alperovich en calidad de prisión preventiva.
También en línea con los representantes de la denunciante (sobrina segunda y excolaboradora de Alperovich), solicitó una medida cautelar para que se garantice la presencia del acusado en la próxima audiencia, que se realizará el miércoles 12 de junio y en donde la defensa expondrá su alegato. Si bien el juez Ramos Padilla no hizo lugar a que se le coloque un dispositivo de monitoreo electrónico, ordenó que lo acompañe una custodia de la Policía de la Ciudad para asegurar su comparecencia.
En su petitorio, el representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) consideró que se le debe dictar al acusado la inhabilitación especial perpetua para el ejercicio de la función pública en todos los ámbitos: nacional, provincial y municipal. A ello le sumó el pedido de que se dicte la inhibición general de bienes, con el objetivo de garantizar una reparación integral para la víctima.
Solicitó además que, una vez que la sentencia quede firme, se disponga la obtención y extracción del perfil genético de Alperovich para que sea remitido al Banco de Datos Genéticos, de acuerdo a la Ley N°26.879 que creó el Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual.
Los abusos
Abraldes consideró que todos los sucesos de violencia sexual se cometieron “mediando intimidación y con abuso de una relación de dependencia, de poder y de autoridad”. En esta línea, al iniciar el alegato, consideró que este proceso era “un juicio a la impunidad del poder” e hizo foco en que la víctima siempre estuvo en un escenario de sometimiento.
Remarcó luego que durante el debate se consiguieron las pruebas necesarias como para respaldar los hechos descriptos en el requerimiento de elevación a juicio realizado por el fiscal Santiago Vismara y la titular de la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM), a cargo de Mariela Labozzetta. Mencionó la relevancia que tuvo el testimonio de la víctima y explicó que fue un relato “claro, detallado, honesto, transparente e inalterable en el tiempo”.
Tras esto, el fiscal describió las nueve secuencias de abuso que integraron la acusación y que ocurrieron entre fines de 2017 y hasta diciembre de 2018, tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en la provincia de Tucumán. Los episodios se repitieron en ambientes como el departamento que tenía el acusado en el barrio de Puerto Madero, la casa que utilizaba para sus reuniones políticas en Tucumán, una mansión en las afueras y hasta dentro del auto donde se trasladaba generalmente el exgobernador.
Si bien detalló cada uno de los nueve episodios de abusos sexuales contenidos en el requerimiento y cómo fueron incrementándose en cuanto a la violencia ejercida por el acusado, explicó que el último de los hechos tuvo dos etapas temporales: el abuso sexual ocurrido en marzo de 2018 y lo que sucedió en los meses subsiguientes, con distintos acosos, maltratos y abusos por parte del exfuncionario a la víctima.
“Alperovich tejió una red con la que atrapó a la joven. Usó tres técnicas para derribar sus defensas: una ostentación de riquezas materiales, una demostración del liderazgo político y, paralelamente, se encargaba de denigrarla y rebajarla”, explicó. La denunciante trabajaba dentro de la Casa de Gobierno de Tucumán hasta que el por entonces senador la invitó a formar parte de su equipo de campaña, de cara a lo que serían las elecciones de 2019 en aquella provincia.
“Alperovich le repetía que su crecimiento dependía de ella. No es así: no había límites en el crecimiento de la joven en la medida de que no le pusiera límites a él”, resaltó. Al detallar los abusos que relató la víctima, el fiscal fue contrastándolos con las evidencias aportadas en la causa y desestimando la versión de la defensa, que en varios tramos de la causa aseguró que una persona que hubiera sufrido esos abusos, no hubiera podido llevar adelante su tarea de manera habitual.
“En rigor de verdad, su excesivo profesionalismo en el plano laboral era una forma de sobreadaptarse a los ataques sexuales y era la forma en la que escondía su imposibilidad de escapar de la situación”, recalcó Abraldes, tal como lo habían expresado la fiscal Labozzetta y el fiscal Vismara en el requerimiento de elevación a juicio.
Recordó entonces que la joven renunció al trabajo en mayo de 2019 y repasó los testimonios de aquellas personas a las que les fue contando lo que había sucedido y los motivos por los cuales no podía seguir en su empleo. En ese sentido, repasó los testimonios de familiares y las conversaciones que excompañeros laborales tuvieron con la denunciante.
En este punto, pidió que se extrajeran testimonios para que se investigue por el delito de falso testimonio a cuatro de esos excolegas. Además, incluyó en esa lista a la exlegisladora Beatriz Mirkin.
Agravantes
Para el representante del MPF, Alperovich se valió de su superioridad para concretar los abusos. “Avasalló totalmente a la víctima, la convirtió en un objeto de su placer sexual”, puntualizó y sostuvo que debía tenerse en cuenta que no la reconoció como persona. También consideró que debía tenerse como agravante la extensión del daño causado, el deterioro físico y psíquico que tuvo la joven y las graves consecuencias que le generó.
Aseguró también que el acusado intentó “comprar el silencio” de la joven y mencionó el incumplimiento a la ley de ética en el ejercicio de la función pública que eso significa. En ese sentido, aseguró que ello mismo posibilita la inhabilitación de manera perpetua de acceder a un cargo y agregó que justamente su rol como político fue utilizado para el abordaje sexual a la denunciante. (Fuente: Ministerio Público Fiscal - Fiscales.gob.ar)
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