Por REDACCION
Una importante novedad en el plano judicial durante la jornada de ayer, es que recuperaron la libertad los tres imputados que quedaron detenidos con prisión preventiva hasta el 18 de noviembre en una causa por presuntos “aprietes” ilegales, más precisamente los delitos de amenazas y privación ilegítima de la libertad.
En total fueron 11 hechos ilícitos los imputados a los encartados, cometidos en la ciudad de Rafaela en perjuicio de un hombre –y de su entorno familiar– al que le reclamaban el pago de una importante deuda dineraria.
Entre los detenidos se destacó desde un comienzo a uno de los imputados como exfuncionario del Ministerio de Seguridad en Rafaela durante el último gobierno socialista en la provincia, identificado como AA.
Los abogados defensores Néstor Oroño, Carlos Farías Demaldé y José Maria Silvela, luego de una perseverante labor, lograron echar por tierra momentáneamente la imputación referida a la “privación ilegítima de la libertad” por la cual estaban detenidos AA de 29 años; FNA de 28; y EMDLS también de 29 años.
La decisión fue tomada tras una audiencia de revisión de prisión preventiva en la cual los tres detenidos quedaron en libertad bajo fianza.
QUE CAMBIO
Uno de los ilícitos endilgados a quienes ahora quedaron libres fue –según el relato del fiscal Martín Castellano- el de privación ilegítima de la libertad. El fiscal Castellano sostuvo en su imputación que esto “ocurrió el pasado 31 de julio. Los imputados EDLS, AA y FA –más un cuarto hombre que aún no fue identificado– contactaron al propietario de un inmueble que la víctima alquila como consultorio. Lo amenazaron, fueron a su casa, lo obligaron a subir a un automóvil, lo privaron de su libertad y, mediante intimidaciones y coacciones, lo trasladaron al consultorio y lo hicieron ingresar. Finalmente, provocaron desorden y daños en la propiedad y dejaron un mensaje intimidatorio [escrito en una caja fuerte]”.
Respecto de esta acusación que por el momento se cayó, el sólido argumento sostenido por la defensa y que en definitiva derivó en la libertad de los tres detenidos fue que, las dos personas que manifestaron haber sido privadas de su libertad, en realidad habían declarado en su momento que fueron trasladadas “por propia voluntad”, y si esto es así se cae la imputación de “privación ilegítima de la libertad”, siendo con esto que la causa dio un brusco giro, ya que si se cae la imputación se cae también la medida cautelar de prisión preventiva. Así lo entendió el juez José Luis Estévez, ordenando la libertad bajo fianza de los tres detenidos.
No obstante, los mismos deberán cumplir las mismas medidas alternativas que el resto de los demás encartados en esta causa: el pago de una fianza de $700.000, presentarse cada 15 días en el Ministerio Público de la Acusación, prohibición de ausentarse del territorio de la provincia de Santa Fe, y prohibición de acercamiento a las víctimas.
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