Por REDACCION
La Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa, en el marco de una tensa reunión, tomó la decisión de pedir un expediente de 2020 que señala a un fiscal de la ciudad de Rafaela, por no haberse ocupado de una denuncia sobre el juego ilegal en la cabecera del departamento Castellanos.
Aquella acusación, que pronto cumplirá dos años, fue presentada por el bloque de senadores del Nuevo Espacio Santafesino (Nes) contra el fiscal Martín Castellano por no haber avanzado con una denuncia contra David Alejandro Perona, que por entonces ya había caído preso por su negocio de apuestas clandestinas. Crónicas periodísticas y fotografías de aquellos días mostraban paredes rafaelinas con pintadas que hablaban de los "Casinos Perona". La denuncia sin avances era de 2017, publicó en la víspera El Litoral de Santa Fe.
UN CASO DIFERENTE
Senadores y diputados provinciales tienen la potestad legal de revisar la conducta de fiscales y defensores públicos y es la comisión bicameral mencionada la que define si se aboca o no a esa labor, ante denuncias que -en el caso de los fiscales- en general provienen del propio MPA con la firma de la auditora general, María Cecilia Vranicich.
El caso de Castellano es diferente. Fue la bancada que conduce el senador Armando Traferri (PJ-Nes-Castellanos) quien presentó la acusación. Unas pocas semanas después, el jefe del bloque de senadores Juan Domingo Perón ya era parte de las investigaciones de los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, en el marco de otra causa originada en Rosario tras la detención y separación de sus cargos de dos fiscales (también de esa ciudad) que fueron sorprendidos cobrando coimas de otro empresario del juego ilegal.
Pasando en limpio. Hoy, en resumen, están libres tanto quien pagó como quienes cobraron esas coimas en dólares por un acuerdo judicial de los tres involucrados en colaborar con el avance de la causa: Leonardo Peiti en el primer caso, y los ex fiscales Patricio Serjal y Gustavo Ponce Asahad en el segundo.
EN PARALELO
En la reunión de este miércoles 27 de la Comisión de Acuerdos se tomaron dos decisiones fuertes.
Por una parte se pidió el expediente sobre Castellano (habrá que ver aún si hay o no abocamiento) y por otra -tal como informó El Litoral- se pasaron al archivo las acusaciones del senador Armando Traferri (PJ-Nes-San Lorenzo) contra sus acusadores, es decir, los fiscales Edery y Schiappa Pietra.
Es curioso. Entre agosto y diciembre de 2020 la política santafesina vivió bajo una fuerte repercusión pública el pedido de desafuero de Traferri (negado por mayoría especial por el Senado) y también las duras críticas a Castellano por uno de los dos bloques del peronismo que tiene la mayoría en la Cámara alta provincial.
Ahora, con votos que en su mayoría provienen de diputados y senadores opositores, no habrá ninguna revisión legislativa sobre cómo se construyó la acusación contra Traferri (sus escritos describen procedimientos ilegales por parte de los fiscales) y, por otra parte, se reflota un expediente que involucra además de la actuación de un fiscal, a una ciudad de peso simbólico insoslayable [Rafaela, cuna del Gobernador].
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