Por REDACCION
El Sindicato de Trabajadores Judiciales de la Provincia de Santa Fe presentó ayer ante la ministra de Gobierno, Celia Arena, una nota en la que reclama que se garantice la "continuidad a los concursos de nuevas autoridades del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (SPPDP) a fin de despejar dudas y conjeturas en el proceso de selección".
La decisión del gobernador, Omar Perotti, de apartar mediante un decreto al secretario de Justicia, Gabriel Somaglia, de su tarea de organizar los concursos después de la difusión de un audio que lo vincula a la causa por espionaje ilegal que tiene como principal investigado al ex ministro de Seguridad, Marcelo Sain, el proceso de selección de las autoridades del MPA y del SPPDP quedó bajo bajo un manto de dudas. No son las únicas piedras en el camino ya que también hubo impugnaciones de asociaciones de fiscales.
Perotti por lo pronto reemplazó a Somaglia por Arena con la premisa de mantener el cronograma original de los concursos teniendo en cuenta que en abril próximo vencen los mandatos del fiscal General, Jorge Baclini, de la Defensora General, Jaquelina Balangione y de los fiscales y defensores regionales, entre ellos de Diego Vigo, titular del MPA de Rafaela.
En este marco, el secretario General del Sindicato de los Judiciales, Jorge Perlo, y el secretario Ejecutivo, Juan Pablo Langella, firmaron la nota entrada en el Ministerio de Gobierno en la que se consigna que "ante el vencimiento del mandato de las actuales autoridades, esta entidad gremial entiende que, en virtud de las necesidades institucionales de nuestra provincia, corresponde dar continuidad a los concursos en marcha tramitados a través del Consejo de la Magistratura en la órbita de las potestades constitucionales, legales y de autolimitación a cargo del Gobernador".
"Como Gremio de base integrante de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Judiciales de la República Argentina y preocupados no sólo por el diseño de un plan de política criminal provincial en defensa de la libertad, la vida y los bienes
de los santafesinos, sino también en el respeto de la dignidad del hombre en busca de su resocialización, queremos expresarle que confiamos en el mejor criterio y en los mecanismos institucionales existente para la realización de una elección que recaiga en hombres y mujeres honestos y comprometidos con los principios y garantías de nuestra Constitución Nacional, Tratados Internacionales y de nuestra Constitución Provincial", subraya la nota.
Asimismo, expresa que "atento a la importancia de la actividad y marco normativo en donde se desenvuelven los Ministerios Públicos Provinciales con autonomía jerárquica, presupuestaria y funcional, resulta necesario que al indagar sobre el compromiso de quienes por leyes de creación (13.013 y 13.014) deberán conducir tales instituciones dentro del Poder Judicial y donde esta entidad debe defender a los trabajadores y trabajadoras judiciales en cuanto al respeto a la carrera judicial, a las condiciones de salud laboral, perspectiva de género, imparcialidad, independencia, honestidad e idoneidad en el marco de la ley orgánica de tribunales y Acordadas de la Corte que ordenaron la armonización de los reglamentos, requerimos se dé continuidad a los concursos, se haga público todo el proceso para el control ciudadano y de éste modo se despejen todas las conjeturas y dudas que acechan a éste proceso".
COLEGIO DE MAGISTRADOS
Y FUNCIONARIOS DEL PJ
Por su parte, el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe planteó "su preocupación frente a diversos hechos y manifestaciones públicas vertidas en estos últimos días con relación a los concursos para cubrir vacantes en el Ministerio Público de la Acusación y en el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal$.
En tal sentido, sostiene "enfáticamente que los procesos de selección de magistrados y funcionarios deben indefectiblemente llevarse a cabo y mantenerse al margen de todo tipo de presiones y especulaciones políticas, más aún cuando refieren a cargos que tienen competencia sobre un asunto de suma trascendencia como la diagramación de la política criminal de la Provincia".
El Colegio exhortó "a los distintos estamentos políticos del Estado provincial a fin de que, superando diferencias e intereses coyunturales, asuman debidamente la responsabilidad institucional que les cabe en un proceso que es de vital importancia para el debido funcionamiento del Poder Judicial, en el entendimiento de que ello redundará en beneficio de la sociedad toda".
"El rol del Colegio de Magistrados y Funcionarios en el Consejo de la Magistratura se limita, conforme lo previsto en el cuarto párrafo del artículo 5 del Decreto 854/2016, a integrar el “Cuerpo Evaluador” remitiendo nóminas de asociadas y asociados a esos fines, que juntamente con representantes de otros estamentos (Colegio de Abogados y Universidades públicas) será “el órgano encargado de valorar los antecedentes, calificar la prueba de oposición y realizar la entrevista personal”, destacando que el Consejo de la Magistratura pertenece a la órbita del Poder Ejecutivo", aclara el documento del Consejo Directivo Provincial que lleva la firma del presidente, Dr. Gustavo Salvador, y del vicepresidente, Roberto Dellamónica.
Asimismo, reitera el planteo para institucionalizar el Consejo de la Magistratura. "Desde el lugar de representación institucional que nos toca asumir, en varias oportunidades hemos planteado ante los funcionarios del Poder Ejecutivo de distintas gestiones gubernamentales, como así también ante integrantes de la Legislatura provincial, la necesidad de una reforma tendiente a la institucionalización permanente del Consejo, a través de una conformación por un Cuerpo Estable de Consejeros pertenecientes a los distintos estamentos con directa vinculación a la actividad judicial, como así también la designación para cada concurso de Jurados de evaluación de acuerdo a la especialidad de las vacantes a cubrir", señala.
Al respecto, afirma que "no puede soslayarse tampoco que aquellos que deciden postularse y tramitar las etapas de un concurso, como así también quienes resultan seleccionados para conformar el Tribunal evaluador deben realizar un inconmensurable esfuerzo en lo que deben llevar a cabo (oposición y entrevistas personales) con lo cual no deben quedar expuestos a un inmerecido e injusto desgaste, tanto en lo personal como en lo profesional".
Por último, el Colegio exigió que "frente a la actual coyuntura se extremen los recaudos en orden a garantizar un normal desarrollo de todos los concursos en trámite, respetándose las reglamentaciones vigentes y asegurando, de tal modo, la imprescindible transparencia que debe enmarcar a este tipo de procesos de selección de magistrados y funcionarios, con el fin último de garantizar a futuro el respeto a la independencia judicial".
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