Por REDACCION
El Gobierno de Santa Fe, a través de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social; el Ministerio de Salud y el Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad, presentará ante la Justicia toda la información concerniente a las intervenciones en el caso de la niña de 12 años abusada por su propio padre en la localidad de Garibaldi, en la cual se habría intentado obstaculizar una interrupción legal del embarazo (ILE) por parte de personas pertenecientes a la ONG Grávida.
Lo antedicho se realizará en los términos del art. 262 del Código Procesal Penal de Santa Fe y art. 263 del mismo código y en cumplimiento del artículo 64 de la Ley Provincial N° 12.967.
PRESENTACIÓN
En el escrito, cuya publicación completa no es viable por contener información privada y que, de difundirse, sería revictimizante para la niña y su familia, sostiene: “Venimos por la presente, a poner a su conocimiento, en los términos del art. 262 del CPP de Santa Fe y art. 263 del mismo código y en cumplimiento del Artículo 64 de la Ley Provincial N° 12.967, a los efectos de que se inicie la Investigación Penal Preparatoria que permita dilucidar las correspondientes responsabilidades de quienes actuaron en los hechos que más abajo se relatan”.
En párrafos posteriores se indica que “la actuación del Estado comprendió acciones de contención y asesoramiento a la niña y a su madre, que tuvo como eje central la acción de informar acerca de las opciones legales que nuestro marco normativo prevé para los casos de embarazos producto de violaciones en niñas y adolescentes. Estrategia que se reconfiguró cuando la niña y su madre dieron su consentimiento informado para proceder a una interrupción legal del embarazo”.
En este sentido, el escrito aclara que no abordará en detalle los informes ya que serán adjuntados. Por otro lado aclara: “Nos ocupa en particular, poner en conocimiento de los órganos competentes para preparar y ejercer la acción penal la actuación de los miembros de la Asociación Civil con personería Amigos de Grávida Santa Fe que, a través de distintas acciones obstaculizaron el acompañamiento estatal e impidieron el ejercicio efectivo de los derechos de la niña”.
"Será una tarea del organismo competente determinar el accionar y la tipificación penal -si correspondiera- de los hechos que se introdujeron en el escrito y que obran en los relatos de todas las personas y profesionales intervinientes en dicha situación. Pero no puede escapar a la institucionalidad del Estado Provincial el accionar de personas de una asociación civil que de manera explícita se sustrae a las intervenciones legales de las agencias del Estado obstruyendo de esa manera el ejercicio de los derechos de una niña", concluye el parte informativo del Gobierno de la Provincia de Santa Fe.
COMUNICADO DE GRÁVIDA
ANTERIOR A LA DENUNCIA
Por otra parte, la ONG aludida por la Provincia, llamada «Amigos de Grávida Santa Fe», bajo el título «Comunicado de Grávida ante la situación presentada en Santa Fe», dio a conocer el siguiente comunicado, vale aclarar, anterior a la denuncia presentada desde el gobierno provincial, donde pone de manifiesto su actuación en el caso de abuso sexual a la niña víctima.
"Hace más de 30 años -comienza el escrito- que ayudamos a embarazadas transitando cualquier tipo de dificultad y a mamás con sus bebés recién nacidos. "Estamos al lado, respetamos, acompañamos. Lo nuestro no es convencer. Lo nuestro es estar, en medio de situaciones muy complejas generalmente, ayudar a pensar, objetivar las situaciones y buscar alternativas.
"Estos días estamos leyendo y escuchando versiones que circulan sobre la actuación de Grávida en una dolorosa situación ocurrida con una menor de edad en la provincia de Santa Fe.
"Nos vemos en la necesidad de aclarar que el modo de acompañar ha ido por un carril completamente diferente al que algunos medios de comunicación informaron.
"Nuestra intervención respondió ante una situación muy concreta. La madre de una menor, una niña embarazada, una gestación de 24 semanas y una patología clínica de relevancia.
"¿Podemos decir que se forzó a alguien cuando fueron las personas las que eligieron recibir la ayuda ofrecida por parte de Grávida? Desde el primer encuentro se fue dejando en claro que se estaría acompañando, ofreciendo alternativas, poniéndonos a disposición, con absoluto respeto de las decisiones que se fueran tomando.
"Ante una patología clínica compleja, ¿la interconsulta especializada no es un derecho de las personas? Eso fue lo que se propició.
"Como a tantas familias de nuestro país que viven lejos de zonas urbanas donde se encuentran los centros de mejor atención, la familia recibió un alojamiento y un lugar donde poder estar cómodos, en un momento de decisiones tan difíciles. Y dijeron sentirse muy a gusto allí. (Ese lugar, ofrecido para ayudar, fue allanado).
"Si nos situamos en el plano de las decisiones, la misma Ley contempla el consentimiento informado. Las personas pueden no aceptar la práctica ILE, aunque le hayan ofrecido su acceso en el marco de la Ley. Incluso puede pasar que, aún firmado el consentimiento, la persona libremente cambie su decisión (posibilidad que aparece reconocida en el mismo). Esto trasciende al acompañamiento ofrecido y aceptado.
"Reiteramos y reafirmamos que el trabajo de Grávida respeta a todas las personas y la libertad de las personas. Nuestro proceder tiene esa premisa siempre.
"Nuestro servicio se basa fundamentalmente en contener y acompañar, y nunca permanecer indiferentes ante cualquier situación de dolor y de dificultad que requiera nuestra ayuda. Y ha sido esa ayuda, respetuosa, personalizada y dialogada la que se aplicó en cada paso de nuestra intervención".
"Equipo Nacional de Coordinación [de Grávida]".
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