Por Redacción
Hace semanas, LA OPINION online bajo el título "El fiscal Carlos Arietti en la mira de la Justicia federal", entre otras cosas se informó que el fiscal federal Walter Rodríguez había solicitado al gobernador Omar Perotti que "por su intermedio pretendo que las autoridades provinciales competentes tomen las medidas indicadas para que el fiscal general del MPA, Jorge Baclini, instruya a quien corresponda, con el objeto de lograr una pronta remisión de los elementos requeridos, ante la ausencia de una explicación razonable ni justificación legal que ampare la negativa a suministrarlos".
Posteriormente, se supo que el fiscal general Jorge Baclini, había asegurado que iban a enviarle al fiscal federal Walter Rodríguez la documentación obrante en la causa Oldani, que este había solicitado infructuosamente desde hacía dos meses al fiscal regional de Santa Fe, Carlos Arietti, para investigar el posible delito de lavado de dinero.
DENUNCIA A LA FISCAL
Ahora, de acuerdo a información de Página 12 trascendió que el fiscal federal Walter Rodríguez denunció ayer a la fiscal provincial Cristina Ferraro, por haber liberado el dinero que estaba en las oficinas del empresario de turismo Hugo Oldani, asesinado en un hecho de robo el 11 de febrero.
GRAVE ACUSACION
Para el fiscal Rodríguez la funcionaria del MPA hizo desaparecer rastros, pruebas o instrumentos del ilícito, agravado por tratarse de una figura penal especialmente grave y por su calidad de funcionaria pública.
Por otra parte, Rodríguez ordenó también allanar la cochera ubicada frente al local del crimen, en pleno centro de la capital provincial, porque allí estacionaban personas que bajaban con cajas de cartón e ingresaban a la oficina.
Pero lo más grave que se desprende del escrito de Rodríguez, es un informe que apunta que el lugar del asesinato funcionaba una "cueva" financiera y revela que, según testimonios recogidos, se habría manejado dinero proveniente de la recaudación ilegal de la Policía de la Unidad Regional I, más precisamente de la División Motorizada.
CORRUPCION POLICIAL
Según el escrito de Rodríguez, la fiscal Ferraro permitió a la hija de Oldani y al yerno del fallecido presenciar todo el procedimiento inmediato a la muerte y, luego, los autorizó a llevarse de la oficina el dinero y los elementos de valor que allí se encontraban.
Incluso, avaló el pedido de ambos de que no se abriera una caja fuerte que estaba en el lugar.
LO QUE SUPO EL FISCAL
Siempre de acuerdo a la información brindada por el medio de prensa antes nombrado, la pesquisa del fiscal federal, quien dirigió a un grupo especial de la Policía Federal para esta tarea, da cuenta de un movimiento de gastos cercanos a los 300 mil pesos mensuales por parte de Oldani, quien se dedicaba a las tareas de cambio chico con dinero que resguardaba en un morral, que fuera robado por los atacantes que acabaron con su vida hace seis meses.
Además de esos movimientos chicos, Oldani realizaba operaciones con operadores de mayor envergadura, de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.
Así las cosas, los cambistas ingresaban por la cochera que tiene la galería Rivadavia, colocaban sus coches en las dársenas, bajaban con cajas de cartón, iban a la empresa Oldani y regresaban al vehículo, de acuerdo a lo que pudo reconstruir el funcionario federal que, de acuerdo a informes de la PFA incorporados en la causa, "Oldani manejaba dinero de correspondía a la Policía de Santa Fe, específicamente a la Regional I y a las Motorizada".
LO QUE QUEDO GRABADO
Poco después del homicidio había quedado grabada en la pantalla de una calculadora encendida en el escritorio del empresario una cifra: 16.800.000.
Esto indicaría que la víctima se encontraba en plena labor matemática en el momento de ser atacada.
Como Oldani está muerto, la Justicia no puede perseguirlo penalmente y eso lo deja en claro la primera parte del escrito, no sin antes mencionar el rol del infortunado empresario santafesino.
A QUIEN SE RESPONSABILIZA
El fiscal federal también habla de una "importante cantidad de dinero hallada y desaparecida en el lugar" de los hechos, por lo que responsabiliza directamente a familiares de Oldani y a la fiscal Ferraro.
Por otra parte, los investigadores de la Agencia de Investigación Criminal, dejaron plasmado en dos informes que están dentro del legajo de investigación que Ferraro no tuvo el dominio sobre las pericias iniciales, sino que fueron coordinadas, prácticamente por la hija del asesinado y su yerno, al punto tal que no pudieron ingresar al local 30 del salón comercial porque lo impidió Virginia Oldani.
Los comentarios de este artículo se encuentran deshabilitados.