Por REDACCION
Cuando el reloj transitaba la hora 8:10 del lunes 17 de octubre, uniformados de la Policía de Seguridad Vial con asiento en la ciudad de Rafaela, cabecera del departamento Castellanos, produjeron una novedad.
Tuvo que ver con que en un tramo de la ruta provincial 13, jurisdicción de la localidad de Ataliva, en el marco de un operativo de control de vehículos y personas, se interceptó la marcha de un automóvil Toyota Corolla.
En la oportunidad se identificó a Claudio Ariel P., de 36 años de edad, residente en la ciudad de San Cristóbal, y una vez fiscalizada la documentación pertinente, se efectuó consulta a una base de datos.
De la misma surgió que se hallaba en vigencia una solicitud de captura.
POR EL DELITO
DE AMENAZA
La misma obedecía a una causa judicial por el delito de amenaza, a requerimiento de un Juzgado en lo Penal Correccional de Rafaela.
Consecuentemente, se entabló una comunicación con la Oficina de Gestión Judicial, desde donde se dispuso la realización de una serie de medidas, tendientes a resolver su situación procesal.
Sobre esto último, se memora que el artículo 149 bis del Código Procesal Penal, señala que "será reprimido con prisión o reclusión de seis meses a dos años, el que hiciere uso de amenazas para alarmar o amedrentar a una o más personas. En este caso la pena será de uno a tres años de prisión, si se emplearen armas o si las amenazas fueren anónimas".
Consecuentemente, la persona en cuestión si es que todavía continúa en vigencia la solicitud de captura, podría verse involucrada en lo que se señala precedentemente, aunque no sería extraño que todo se deba a otra desprolijidad de la Justicia santafesina, en cuanto a no depurar periódicamente el estado de causas pendientes.
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