Por REDACCION
En un fallo que no fue unánime, el tribunal federal N° 2 de Santa Fe, integrado por los jueces Omar Paolucci, Ricardo Vázquez y Eugenio Martínez, resolvió absolver a los 19 policías y un civil acusados de distintos delitos en torno de la muerte de Franco Casco, joven que estuvo detenido en la comisaría 7ª en octubre de 2014, desaparecido por 24 días, hasta que finalmente fue encontrado ahogado en aguas del río Paraná. Además, ordenó que los agentes que permanecían presos recuperen la libertad.
El veredicto causó conmoción afuera de la vieja casona donde funcionan los tribunales federales, sobre bulevar Oroño al 900, en el centro de Rosario. Familiares de la víctima mostraron su disconformidad tras la resolución judicial que fue leída por el presidente del Tribunal, que votó en disidencia. Los fundamentos se conocerán el 25 de septiembre, según publicó El Litoral.
El debate oral tuvo 70 audiencias y comenzó en diciembre de 2021, poco más de siete años después del hallazgo del cuerpo del joven.
Este martes, desde muy temprano, unos 300 agentes de distintas fuerzas, tanto provinciales como federales, formaron parte de un amplio operativo que incluyó el corte de calles.
Luego de la lectura del fallo, Ramón Casco, padre del joven muerto hace casi 9 años, dijo que la decisión judicial es una prueba más de que "no hay justicia en este país". Visiblemente dolido, remarcó: “Esto es una injusticia. Yo creía que iba a haber alguna condena. ¿A cuántos pibes han matado y quedaron impunes?”, se preguntó, para luego aclarar que seguirá luchando para que “Franco pueda descansar en paz".
Por su parte, Salvador Vera, abogado de la familia Casco, dijo estar muy impactado ya que la resolución del tribunal no era la que esperaban y adelantó que apelarán la sentencia.
LOS ACUSADOS
A comienzos de mayo pasado, el fiscal federal Fernando Arrigo solicitó la pena de prisión perpetua para 14 policías: el entonces jefe de la comisaría 7ª, y agentes de ambos sexos. Todos fueron acusados como coautores del delito de “desaparición forzada de persona agravado por la muerte de la víctima”.
Además, a cuatro de ellos también se los acusó del delito de “imposición a persona privada legítima o ilegítimamente de su libertad de cualquier clase de tortura seguido de la muerte de la víctima”.
Para otros dos agentes, el fiscal solicitó 14 años y diez meses de prisión, además de la inhabilitación por el mismo lapso de tiempo, como partícipes secundarios de los delitos. Mientras que dos efectivos de Asuntos Internos, fueron acusados como coautores de encubrimiento agravado, por lo que el fiscal pidió una condena de 5 años y 10 meses de prisión e inhabilitación.
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