Por REDACCION
Tres policías que prestaban funciones en el Comando Radioeléctrico de Recreo fueron condenados a cinco años de prisión por vejaciones en perjuicio de un hombre que era sindicado como presunto autor de un hurto de moto.
Se trata de Marcelo Andrés E. de 36 años; Maximiliano Emanuel L. de 47 y Débora Abigail C. de 28, quienes también fueron inhabilitados de forma absoluta por 10 años.
La sentencia fue impuesta por la jueza Rosana Carrara en el marco de un juicio oral que finalizó ayer a la mañana en los tribunales de la ciudad de Santa Fe. La Unidad Fiscal Especial de Delitos Complejos estuvo a cargo de la investigación y representó al MPA en el debate que concluyó con las condenas.
Por otra parte, un cuarto agente de la fuerza identificado como Jorge Martín O. de 39 años, ya fue condenado por los mismos hechos ilícitos en un juicio en el que se abreviaron los procedimientos.
VEJACIONES
Los ilícitos que investigó la Fiscalía fueron cometidos en la madrugada del miércoles 2 de enero de 2019, mientras los condenados cumplían funciones.
“Fueron en dos móviles policiales a la casa de la víctima, ubicada en Recreo, y no encontraron la moto que presuntamente había sido sustraída ilegalmente”, planteó la Fiscalía. “Sin embargo, esposaron al hombre, lo subieron a uno de los vehículos y le indicaron que dijera dónde –minutos antes– supuestamente había vendido la motocicleta”, se agregó.
El Ministerio Público de la Acusación (MPA) también sostuvo que “lo llevaron a otra vivienda ubicada en Teniente Loza al 6.800 de la ciudad de Santa Fe, bajaron de los móviles con el objetivo de individualizar al presunto comprador de la moto, pero no pudieron hacerlo porque había un grupo de hombres que, de manera hostil, los amenazaron y los obligaron a retirarse”.
“Regresaron al lugar en el que habían quedado los autos oficiales y comenzaron a golpear a la víctima con golpes de puño y patadas”, relató la Fiscalía. “Todavía en horas de la madrugada, condujeron al hombre atacado a un descampado a la vera de la Circunvalación Oeste, donde lo mantuvieron esposado y lo volvieron a agredir físicamente, a la vez que lo insultaron, lo amenazaron con matarlo y hacerlo desaparecer sin que nadie se entere”.
La Fiscalía señaló que, “finalmente, alrededor de la 1:00 de la madrugada, la víctima fue llevada a la comisaría 16 de Recreo, donde lo volvieron a atacar y lo fotografiaron con un teléfono celular”.
ACTA
La Fiscalía también indicó que “los condenados redactaron un acta de procedimiento en la que insertaron declaraciones falsas en relación a su accionar entre las 23:15 del 1 de enero de 2019 y las 2:38 del día siguiente”. En tal sentido, se remarcó que “consignaron que la víctima había sido detenida en inmediaciones de calle Chubut al 500 de Recreo y que había intentado salir corriendo. Además, señalaron que habían sido autorizados a ingresar a una vivienda de Teniente Loza y Lucio Mansilla”.
Se remarcó que “los agentes policiales condenados actuaron por su exclusiva cuenta, sin efectuar consultas ni solicitar instrucciones de ningún tipo”. Se hizo hincapié en que “con posterioridad sí se comunicaron con la autoridad fiscal para dar aviso de la ‘aprehensión’ de la víctima”, y se aclaró que “lo hicieron con el hecho ya consumado por parte de ellos y aduciendo circunstancias totalmente distintas a las reales, con el fin de inducir a error a la fiscal para que ordene las medidas procesales de rigor en relación a un ilícito penal”.
Por último, el MPA concluyó que, “precisamente, a partir de estas circunstancias, la Fiscalía solicitó a la exdirección de Asuntos Internos (hoy Agencia de Control Policial) que conforme una comisión con el objetivo de analizar el procedimiento policial que había derivado en la detención de la víctima. Así fue que se avanzó en la investigación y pudimos llegar a las condenas”.
CALIFICACIONES
PENALES
Los tres policías fueron condenados como coautores de los delitos de vejaciones agravadas (por ser cometidas mediante amenazas), en concurso ideal con lesiones leves, en concurso real con privación ilegítima de la libertad y falsedad ideológica de instrumento público calificado (por ser cometida por funcionarios públicos en abuso de sus funciones).
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