La ciudad de Frontera y barrio Acapulco de Josefina, enclavados en el límite entre Santa Fe y Córdoba, se han convertido en una zona donde la violencia y la inseguridad ya no sorprenden a nadie.
En apenas 30 días de enero, los enfrentamientos armados dejaron un saldo de un muerto y al menos 15 heridos de bala.
Lejos de ser un hecho aislado, estos números reflejan una escalada de violencia que lleva años, sin que haya soluciones concretas por parte de los gobiernos locales y provinciales.
PROMESAS INCUMPLIDAS
El gobernador Maximiliano Pullaro asumió su mandato con la promesa de reforzar la seguridad en la Provincia.
Sin embargo, en Frontera y sus alrededores la realidad va en sentido contrario: los tiroteos se han intensificado y la sensación de abandono se profundiza.
A su lado, el intendente de Frontera, Oscar Martínez, perteneciente a la misma fuerza política, también se jactaba de traer soluciones. Pero la realidad es que la situación no solo no ha mejorado, sino que empeoró.
En la actualidad las balaceras son una amenaza diaria, sumando angustia y desesperanza a una comunidad que ve cómo su calidad de vida se deteriora, ante la indiferencia de las autoridades.
UN LIMITE DE NADIE
Frontera y barrio Acapulco conforman un punto crítico en el mapa interprovincial.
Ubicados en el casco urbano de San Francisco, Córdoba, pero pertenecientes administrativamente a Santa Fe, estos sectores parecen caer en un vacío legal y político donde los problemas quedan atrapados en la burocracia de dos provincias, que poco hacen por solucionarlos.
Este conflicto inter jurisdiccional ha convertido a la zona en un refugio para el crimen organizado.
Bandas delictivas operan con total impunidad, aprovechando la falta de coordinación entre las fuerzas de seguridad de ambas provincias. La violencia que azota a la región no es casual: responde a disputas de poder dentro de un mercado ilegal, que crece a la sombra de un Estado ausente.
¿HASTA CUANDO?
La pregunta que resuena entre los vecinos, es hasta cuándo seguirán viviendo en esta situación. La resignación no debería ser la respuesta a la inacción política. El reclamo por seguridad, infraestructura y calidad de vida no es un capricho, es un derecho.
Mientras las balas sigan marcando el pulso de la vida cotidiana en Frontera y Acapulco, la deuda del Estado con sus ciudadanos será cada vez más grande.
Y la historia de violencia seguirá repitiéndose, a menos que quienes tienen el poder de cambiar la realidad decidan, de una vez por todas, hacerse cargo.
Fuente: diario El Tiempo
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