Deudas de los legisladores

Editorial 20 de septiembre de 2019 Por
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Los legisladores argentinos no perciben sus jugosas dietas, afortunadamente para ellos, en función de los objetivos alcanzados o los resultados logrados a partir de su gestión parlamentaria. En tiempo y forma, a pesar de las dificultades de la caja del Estado nacional o provincial, cobran sus haberes al igual que el ejército de colaboradores, asesores o directamente "ñoquis" que los rodean para cumplir vaya a saber qué tipo de tareas que no quedan registradas en ningún lugar. El por momentos abstracto rol de un asesor justifica este tipo de erogaciones que, por supuesto, se pagan con el dinero de los contribuyentes, que en el otro extremo sudan la gota gorda para cumplir con sus obligaciones impositivas. 
La ecuación es así de simple, por un lado millones de argentinos exigiéndose al máximo para sobrevivir en sus distintas actividades y pagar los tributos que se utilizan para mantener, en algunos casos, a legisladores muy pocos productivos aunque el concepto puede extenderse a tantísimos funcionarios públicos que ocupan cargos en los poderes ejecutivos o judiciales, también a nivel nacional o provincial. 
Este viernes se llevará a cabo en Rosario al almuerzo anual que organiza la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe) para conmemorar la actividad de la industria, cuya fecha puntual es el 2 de septiembre cuando se registró la primera exportación de bienes manufacturados en el país -en el año 1587, rumbo a Brasil-. Además de las autoridades de la institución organizadora, presididas por Víctor Sarmiento, concurrirán cerca de mil empresarios santafesinos, entre ellos unos 40 que viajarán desde Rafaela y que están ligados al Centro Comercial e Industrial de esta ciudad. El gobernador de la Provincia, Miguel Lifschitz, en tren de despedida del cargo en el que le quedan menos de tres meses, también asistirán junto a parte de su gabinete de ministros, al igual que los máximos directivos de la Unión Industrial Argentina. Difícil será la presencia de representantes del Gobierno nacional, que en cierta medida se encuentra en retirada a pesar de que aún faltan las elecciones generales del 27 de octubre pero también están desbordados por la magnitud de la crisis económica en todos los sectores productivos, en particular en la industrial. ¿Qué rol podría tener un funcionario de la Nación en un encuentro industrial en plena crisis y con un Gobierno que está a poco de terminar y con escasa capacidad para dar respuestas o soluciones? Es decir, sería un funcionario con presencial testimonial solo para decir que el Gobierno no le escapa a los reclamos, lo cual quizás obedezca más a cuestiones electorales que a una sincera vocación de escuchar y procurar atender las demandas. 
Lo concreto es que la conducción de la Fisfe y de la UIA trazarán un diagnóstico de lo mal que están las cosas en los distintos sectores de la industria, con matices puesto a que los exportadores tienen quizás una situación menos caótica que aquellos que destinan la totalidad de su producción al mercado interno. Y tras describir un cuadro dramático, después exigirán un cambio de modelo pero también medidas para la coyuntura que permita seguir con los portones de los galpones abiertos en lugar de un cierre definitivo, con la esperanza de que todo tiempo por venir puede ser mejor. 
Ahora bien, en los mensajes de los industriales no faltarán referencias a las deudas del sistema político que por ahí no son imposibles cuando hay voluntad. Y tienen que ver con la economía cotidiana de las empresas porque, de aprobarse una ley, oxigenaría en parte las finanzas, esas mismas que no alcanzan para mantener las fuentes de trabajo. 
El ejemplo más contundente es la falta de avances de la Legislatura santafesina para aprobar el proyecto que permita la adhesión de Santa Fe a la Ley Nacional Nº 27.348 de Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART). La demora es incomprensible más aún en medio de una crisis donde las empresas deben optimizar cada centavo de sus recursos. A finales del año pasado el Gobernador envió la iniciativa a la Legislatura pero recién después de siete meses, en julio último, la Cámara de Senadores le dio media sanción y desde ese momento pasó a la Cámara de Diputados donde aún se encuentra en una "amarga" espera desde la perspectiva empresarial. Es decir, en tanto las industrias hacen magia para pagar salarios, impuestos y todos los costos ligados a su producción los legisladores perciben sus dietas en tiempo y forma sin siquiera atender las demandas. 
Esta semana la Mesa de Entidades Productivas de la ciudad de Santa Fe renovó el reclamo ante tanta morosidad legislativa. En su documento, afirma a modo de queja que la provincia de Santa Fe es uno de los ocho estados provinciales que aún no han adherido a esta nueva legislación, con el consecuente perjuicio económico de más de
$300 millones para las empresas, ya que se incrementan los costos que las aseguradoras de riesgos de trabajo transfieren a las pymes. ¿Qué más se necesita para que la Legislatura se ocupe?.


Redacción

Redacción de Diario La Opinión de Rafaela
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