Veto total a ordenanza para retener motos sin patentes

Locales 07 de septiembre de 2019 Por
El Ejecutivo vetó la Ordenanza para retención de rodados estacionados sin patentes.
El Departamento Ejecutivo resolvió vetar la Ordenanza Nº 5.116 que habilitaba a la Municipalidad a la retención de rodados estacionados o detenidos, sin patentes. El proyecto fue presentado por el concejal Lisandro Mársico y se aprobó con las abstenciones de Evangelina Garrappa, Silvio Bonafede y Jorge Muriel. Tras la decisión del intendente, Luis Castellano, ahora el Concejo Municipal tiene un plazo de 10 días, que otorga la Ley Orgánica de Municipios, para insistir en la redacción original de la normativa.
Esta iniciativa contemplaba la modificación del Código de Tránsito en el punto B) 4 del artículo 65º de la Ordenanza Nº 2969, disponiendo la retención de rodados ante la “falta de ambas chapas patentes o de una chapa patente en el caso de motovehículos o de permisos de circulación o el uso de una chapa o numeración identificatoria distinta a la asignada por la autoridad competente. Se procederá de la misma manera si el rodado se encontrare detenido o estacionado en la vía pública municipal en condiciones de circular”.
Sin embargo, la Fiscalía Municipal dictaminó la conveniencia jurídica de observar la norma y, en función de esto, el intendente Luis Castellano procedió a vetar la misma el día jueves.
El Fiscal Municipal, doctor Daniel Fruttero, brindó precisiones sobre esta decisión y explicó que “existen cuestionamientos jurídicos de fondo y de forma que dan fundamento al veto. Entre los primeros se analiza el respeto al principio de razonabilidad en el ejercicio del poder de policía por parte del Estado en la medida adoptada. Es decir, si la medida dispuesta puede ser apta para alcanzar el fin que la Ordenanza se propone, en este caso prevenir hechos de inseguridad”.
En este sentido, dijo que “la seguridad pública como bien jurídico es un fin loable pero que su sola invocación, desprovista de otros fundamentos fácticos y jurídicos, no resulta suficiente para la adopción de una medida de restricción a la libertad constitucional de circulación, como es la retención de un vehículo”.
Y agregó: “Nosotros consideramos que en el caso puntual de la retención de vehículos estacionados pero aptos para circular, como dice la Ordenanza, sin la presencia del infractor en el lugar, la medida podría ser irrazonable y por lo tanto susceptible de reproche por inconstitucionalidad”.
También remarcó que “en la discusión acerca de si el vehículo debe o no estar circulando para ser susceptible de retención, tanto la Ley Nacional de Tránsito como la Ley Provincial y el propio Código de Tránsito Municipal, al tipificar la conducta que puede dar lugar a la retención, exigen claramente que el vehículo se halle en circulación.”
“Siendo la retención una medida de última instancia, esa circunstancia y la presencia del conductor, permiten al inspector actuante verificar si conforme a las circunstancias del caso concreto, el vehículo debe ser retenido”, sostuvo Frutero.
Además, comentó que “existen otras cuestiones de índole práctico que son realmente trascendentes porque la Ordenanza exige que los vehículos estacionados sin chapa patente posean aptitud para circular, para ser pasibles de retención. Le resultaría de cumplimiento imposible a un inspector de tránsito poder constatar o verificar si el vehículo es apto o no para circular o qué significa esa aptitud. Esto lo hemos consultado con las áreas respectivas”.
“Si bien en el debate legislativo los Concejales discutieron el punto, la Ordenanza no ha discriminado situaciones o hipótesis diversas de distintos vehículos que puedan ser aptos o no, por lo que no le da margen al Ejecutivo en la aplicación o reglamentación. No se pueden establecer por vía reglamentaria excepciones a la normativa sancionada, sin desvirtuar la misma”, señaló el Fiscal.
Otro punto importante que destacó fue “la ausencia de lineamientos en la Ordenanza sancionada, relativos al procedimiento a seguir para respetar el derecho al debido proceso del presunto infractor, al momento de retener un vehículo sin su presencia física en el lugar, pues resultaría de muy difícil cumplimiento notificar en legal tiempo y forma al mismo y garantizar su defensa”.
“Todos estos cuestionamientos podrían ser utilizados válidamente por los ciudadanos que vieran vulnerados sus derechos y libertades y podrían dar fundamento a planteos de nulidad de las actuaciones administrativas llevadas a cabo para la retención, peticiones de inconstitucionalidad de la norma o bien acciones de responsabilidad contra el Municipio, por ejercicio abusivo del poder de policía”, enfatizó.
Por último, Fruttero manifestó: “Estamos a disposición desde el Ejecutivo para trabajar en colaboración con el Concejo y poder sancionar normas que luego puedan ser sostenidas desde lo jurídico”.

Redacción

Redacción de Diario La Opinión de Rafaela
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