El Tribunal Electoral falló en contra de la "paridad" local

Locales 19 de mayo de 2019 Por
El fallo del organismo no acepta la aplicación de la ordenanza municipal -que determina alternancia entre mujeres y varones para listas de concejales porque entiende que la Ley Provincial es una norma superior. La resolución es contraria a la opinión del Procurador.
El Tribunal Electoral Provincial (TEP) resolvió "no hacer lugar" a la presentación realizada por el INADI, en donde reclamaba la vigencia en la ciudad de Santa Fe (como así también en otras localidades como Rosario o Santo Tomé) de una ordenanza en donde disponía que las listas de autoridades para el Concejo se respete el criterio de paridad de género. LA OPINION tuvo acceso a ese fallo. A lo largo de 5 carillas, fundamenta la decisión.
Caren Schibelbein, quien integra -además- el Foro de Mujeres Radicales, es la titular del INADI. Buscaba con esto que pudiera sobreponerse una ordenanza -basado en las autonomías de los municipios avalador por los artículos, 121 y 122º de la Constitución Nacional- por encima de las leyes provinciales, que son las que -afirma el TEP- deben ser interpretadas por ellos. Incluso, en el pedido, solicitaba que "se proceda a la 'revisión' del criterio adoptado para la proclamación de las listas de candidatos a concejales de las localidades Arroyo Seco, Las Parejas, Coronda, Sastre, San Lorenzo, Granadero Baigorria, Puerto General San Martín, Fray Luis Beltrán, Villa Cañas, Rafaela, Ceres, Roldán, Florencia, Malabrigo, Las Toscas, Rosario, Santa Fe, San Genaro, Santo Tomé, Villa Constitución, San José del Rincón y El Trébol, a fin de que se asegure 'el respeto a la paridad de género por binomios reconocida en las normas locales que rigen la materia'".
Claro que no todas las localidades tienen esas ordenanzas. Pero sí "se registran localidades donde la paridad de género no se ha protegido", lo que se traduce en una "omisión" en el contralor del cumplimiento de dichas normas, que implica desconocimiento del derecho "a la participación igualitaria de las mujeres" y de la "autonomía política de los municipios", tanto más cuando dicha normativa fue "notificada (...) en tiempo y forma" al Tribunal "sin haberse presentado ningún tipo de impugnación o declaración de inconstitucionalidad" .
Antes de resolver y como es habitual, el Tribunal requirió dictamen del Procurador de la Corte, Jorge Barraguirre quien, paradójicamente, se expidió a favor del planteo formulado, y para que se respetase el criterio de paridad.
En el dictamen, al que pudo acceder El Litoral de Santa Fe, Barraguirre admite que la Constitución provincial establece que es la Legislatura quien debe dictar leyes electorales; y que es la Legislatura la que “ordena el régimen municipal”, por lo que en ese marco, la ordenanza resultaría contraria a las disposiciones constitucionales vigentes. Sin embargo, repara en el grado “autónomo” de los municipios, y en el tipo de disposición bajo análisis que no tiene como fin único el “diseño de sistemas electorales”, sino la inclusión de “derechos” electorales de participación. Por ello, interpreta que los posibles problemas de coordinación -entre normativa nacional, provincial y municipal- “desaparecen centralmente cuando se trata de una cuestión de derechos”. Y acota que “cada órgano de representación popular debe garantizar en su ámbito competencial la igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios”. Sobre esa base, considera que “no hay un desborde competencial de los gobiernos municipales por sobre las disposiciones provinciales, más aún, cuando la composición del Concejo no está regulada por el artículo 107 de la Constitución provincial, sino sólo en tres aspectos: elección directa por el pueblo, representación minoritaria y renovación anual por mitades”. Por ello, concluye en que “la consagración municipal de derechos afirmativos de participación política de género no atenta contra la Constitución provincial”.
El TEP fue contundente: "el detenido estudio de las cuestiones planteadas conduce a la conclusión de que el pedido de revisión formulado no puede merecer favorable acogida".
""Con la presente decisión no se trata de desconocer los derechos de la mujer", sostienen y agregan: "y que mucho menos se procura desconocer o despreciar la valiosa contribución política que han realizado los concejos deliberantes al sancionar las normas cuya aplicación se reclama, y que este Tribunal Electoral ha tenido a la vista desde el momento inicial de su constitución actual"
""De lo que se trata aquí es de tener presente que tales razones no alcanzan para habilitar a este Tribunal a dejar de lado -en evidente exceso de sus competencias- elementales principios sobre los que se estructura el diseño institucional de la Provincia, entre los que se destaca la evidente decisión del constituyente de colocar en cabeza exclusiva y excluyente de la Legislatura santafesina la atribución de organizar el régimen electoral, incluyendo el de las Municipalidades (artículos 29 y 55, incisos 3 y 5), sometiendo sus procesos a un único sistema normativo cuya aplicación incumbe a un único tribunal -expresamente mencionado en la Constitución-, y no a juntas electorales o cabildos locales".
Agregan que "los municipios no impone una visión única, sino que admite diversos grados de autonomía (...) el cual ellos volverían a ser entendidos como meras 'autoridades subalternas provinciales'".
Luego de citar fallos anteriores como los de La Rioja , el Tribunal Electoral Provincial afirma: Teniendo a la vista tales pautas, este Tribunal ha arribado ab initio a un juicio adverso acerca de la posibilidad de que las invocadas normas locales desplacen las normas provinciales a la hora de decidir la oficialización de las listas (pues ellas invaden competencias ajenas a las de sus autores), cuyo acierto cabe ratificar en el presente al no advertirse la existencia de ninguna razón autoritativa (en particular, precedentes constitucionales) que habiliten a sustituir la decisión del legislador provincial acerca de la medida en la que corresponde realizar el mandato de promover la igualdad real de oportunidades y derechos entre mujeres y varones, ello sin perjuicio de que pueda resultar deseable una modificación del régimen legal vigente en la materia a fin de asegurar que -mediante normas idóneas- tal igualdad se realice en la mayor medida posible en nuestra Provincia.

Redacción

Redacción de Diario La Opinión de Rafaela
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