La seguridad en la agenda

Editorial 10 de enero de 2019 Por
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Para la oposición, el Gobierno nacional busca disimular los efectos de la recesión, la caída del consumo y los crecientes problemas de empleo al poner en lo más alto de la agenda oficial la problemática de la seguridad ligada a la minoridad. También se sugiere que a partir del triunfo electoral de Jair Bolsonaro que lo convirtió en el flamante presidente de Brasil con un discurso conservador en materia de gestión económica y mano dura en cuestiones de seguridad, el discurso de la época (de campaña) dará un giro hacia la política para combatir el delito. El fracaso de la lucha contra la inflación y la pobreza, dos promesas centrales en la plataforma de Mauricio Macri cuando disputó y ganó las elecciones presidenciales de 2015 colocan en un sitio incómodo al actual jefe de Estado de cara a la próxima campaña. 
Por tanto, es posible que desde la Casa Rosada se insista con los ejes vinculados a la corrupción, es decir se mostrarán que se pueden hacer obras públicas más baratas sin el componente de la coima que tanto caracteriza al gobierno kirchnerista, y a la seguridad. En esta línea se inscribe la decisión del Gobierno central de enviar al Congreso en febrero un proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad a 15 años. Ya lo dijo Margarita Stolbizer, en cierta medida en las próximas elecciones no pocos candidatos "competirán para ver cuál es el más Bolsonaro".
Al parecer, la idea original impulsada por el ala más dura dentro del Gobierno consistía en que la edad mínima para poder imputar a un menor que haya delinquido debía fijarse en los 14 años, en lugar de los 16 que rige en la legislación vigente. Sin embargo, el Poder Ejecutivo aceptaría un texto más moderado para establecer esas edad de imputabilidad en los 15 años. Esta iniciativa del nuevo régimen penal juvenil ya había sido anunciado en 2017 por el ministro de Justicia, Germán Garavano, e incluso ya había avanzado en la construcción de consensos con sectores de la oposición, como por ejemplo con el jefe de la bancada justicialista en el Senado, Miguel Pichetto, pero la coyuntura electoral en ese momento obligó a postergar el debate.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien pretendía que la edad de imputabilidad sea fijada en los 14 años, le dio el visto bueno a su par de Justicia, Germán Garavano para la edad quede en 15 años. La moderación del proyecto facilitaría los acuerdos con sectores de la oposición, y permitiría reemplazar lo previsto por ley 22.278 sancionada en plena la dictadura militar.
Si bien la iniciativa aún se encuentra en etapa de borrador, hasta ahora contempla que los delitos cometidos por adolescentes mayores a 15 y menores de 18 sean reprimidos con una pena máxima de 15 años. Además, comprende un criterio de escalas por edad: a los 15 años, los adolescentes serán imputables únicamente por delitos considerados graves, como homicidios, violaciones, lesiones gravísimas, secuestros extorsivos y robos con armas de fuego. En tanto, entre los 16 y los 18 años, serán imputables siempre que no se trate de un delito cuya pena máxima de prisión es igual o menor a tres años; y podrán ir a la cárcel cuando cometieran un hecho reprimido en el Código Penal con una pena máxima igual o mayor a diez años.
Y en el caso de los menores de 15 años (inimputables) que cometan delitos reprimidos con penas de hasta 10 por el Código Penal, el proyecto contempla un programa de asistencia a través de la intervención de equipos interdisciplinarios (integrados por médicos, psicólogos, psicopedagogos, docentes, especialistas en adicciones y trabajadores sociales) para acompañar a los niños y evitar que desarrollen una carrera delictiva.
Desde el Ministerio de Justicia, consignaron que los adolescentes de 15 años que reciban una condena de prisión en ningún caso compartirán encierro en establecimientos carcelarios con adultos, ya que lo que se busca es que el Estado tenga "una respuesta especializada".
El otro tema de importancia lanzado por el Gobierno nacional con base en asuntos de seguridad es el proyecto para generar un programa con el cual se agilizarán las deportaciones de extranjeros que cometan delitos en la Argentina, que incluye la creación de una Cámara de instancia judicial específica que investigue este tipo de hechos. Según el Ministerio de Seguridad, el 20% de las personas que se encuentran detenidas son de nacionalidad extranjera, en su gran mayoría por delitos ligados a drogas. 
Ambos proyectos se debatirían en el Congreso durante las sesiones extraordinarias de febrero. Pero sin duda que ante los sinsabores que sufre por la marcha de la economía el Gobierno nacional procura capitalizar la inseguridad para desviar debates y buscar respaldos en buena parte de la sociedad hastiada de la delincuencia y la falta de respuestas de las estructuras policiales y de justicia. 


Redacción

Redacción de Diario La Opinión de Rafaela
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