Sobre el mural de la escuela Villa Rosas

Notas de Opinión 08 de diciembre de 2018 Por
Ojalá el vandalismo y la mala memoria nos ayuden a fortalecernos.

Romper un mural público que recuerda a las víctimas del Terrorismo de Estado merece un total repudio por su intolerancia. Y ello sería un problema aislado si no habría vecinos y padres que no quieren este memorial público “justo en una escuela”.
¿Cómo es que todavía algunos no comprenden lo que son estos gestos de memoria histórica? O los comprenden y entonces se oponen, lo que es peor.
Es evidente que hay gente que no dimensiona lo que fue el Terrorismo de Estado, la peor tragedia nacional desde 1810. No hay comparación posible con ningún otro hecho. Esto solo alcanzaría para que no se discutan algunas cuestiones, sobre todo en las redes sociales, verdaderas cloacas de la sociedad como bien nos enseñó el querido Umberto Eco.
El mural en cuestión es parte de un camino institucional que el Estado Argentino viene dando desde 1983, con avances y retrocesos. Es un camino que busca no solo hacer justicia y seguir investigando sino también “hacer memoria”, una de las formas más importantes para reparar algo de lo que se ha roto con los crímenes de lesa humanidad. Por ello la legislatura santafesina y el Concejo Municipal de Rafaela avalaron este y otros murales que nos recuerdan quienes fueron nuestros desaparecidos.
Por momentos no se comprende que como Estado y como sociedad tenemos un imperativo ético que deviene de la responsabilidad transgeneracional, pues así como los delitos de lesa humanidad no prescriben tampoco la memoria.
Desde la ONU y desde los organismos internacionales se entiende de modo pacífico que las medidas que deben tomar los países en esta materia son: En lo personal la restitución a la víctima cuando sea posible y la reparación o indemnización proporcional. En lo colectivo la revelación pública y completa de la verdad, el reconocimiento de la responsabilidad internacional, la búsqueda de las personas desaparecidas y de sus restos, la aplicación de sanciones, la conmemoración y la garantía de no repetición.
En el caso argentino estos criterios no solo fueron impuestos por numerosas leyes y fallos judiciales sino también por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por ello no puede haber vuelta atrás con ninguna medida, inclusive las de memoria pública.
En una crónica sobre el papel del derecho en este largo proceso de reparación, en el año 2013 decía Andrea Gualde: “Las señalizaciones y monumentos responden a que no es posible hablar de una memoria espontánea…Los pueblos prefieren recordar las páginas gloriosas de su historia y no los episodios vergonzantes y dolorosos...Los genocidios destruyen el tejido social. Las sociedades postdictatoriales deben trabajar para aceptar su pasado. Es una tarea incómoda, porque a nadie le gusta reflexionar sobre los elementos que permitieron algo así”.
Si hay gente entre nosotros que todavía no comprende lo que pasó siempre tendrá oportunidad de informarse, leer, preguntar. Pero si hay gente que se opone a estos murales o a la política institucional de “Memoria, Verdad y Justicia” deberán entender que están equivocados.
Tan grave es su equivocación que ni siquiera ganando una elección y teniendo el 100 % de los votos podrán borrar lo que pasó pero tampoco evitar la responsabilidad que como argentinos tenemos y tendremos con nuestros desaparecidos.

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