Acosado por las quejas

Nacionales 11 de octubre de 2018 Por
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Para evitar un mayor costo político y posibles rupturas internas, el Gobierno cedió ante la avalancha de quejas, demandas judiciales y protestas, y frenó el controvertido cobro retroactivo en las tarifas de gas, que ahora promete afrontar el Estado tras negociar con las empresas.
El sistema de "ensayo y error" es un mecanismo repetido dentro del Gobierno: anuncia una medida, espera el impacto y luego da marcha atrás si la reacción social tiene un alcance masivo.
De cualquier manera, el mecanismo de tomar decisiones y luego desecharlas parece también apuntar a otra estrategia, la de hacer menos visible otras medidas que por lo general son más perjudiciales.
Así, el día en que se conoció la resolución de Javier Iguacel aplicando una suma adicional para compensar a las empresas, se conoció el nuevo cuadro tarifario que debían pagar los clientes de gas.
En esa jornada, el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) aprobó los nuevos ajustes en las boletas de gas, con aumentos promedio del 34,5% respecto de las tarifas vigentes desde el primero de abril último.
Ese ajuste es superior a las sumas de entre 90 y 100 pesos que cada cliente iba a tener que pagar desde enero por mes como consecuencia de la suba del dólar.
Sin embargo, lo que disparó la indignación de propios y ajenos fue el cobro de esa suma adicional.
Incluso, la situación se replicó en las redes sociales y puso en un primer plano al titular del área de energía, un funcionario que hasta ese momento tenía un perfil bajo y poco reconocimiento entre la gente.
Pese a que se convirtió en eje de los cuestionamientos, Iguacel desestimó la posibilidad de renunciar tras las críticas recibidas de distintos sectores y dijo que ni siquiera se lo pidió el presidente Mauricio Macri.
La principal queja tenía su origen en por qué el usuario debía hacerse cargo de la diferencia generada por la devaluación producida entre abril y septiembre.
El debate no se terminó y sigue latente porque ahora no serán los usuarios los que se hagan cargo, pero sí el Estado deberá afrontar un costo superior a los 10 mil millones de pesos según el Gobierno o de 20 mil de acuerdo a la UCR.
Esta marcha atrás pasó a integrar una larga lista de medidas que a poco de conocidas fueron dejadas sin efecto, entre las que figuran cuestiones económicas pero también políticas.
Durante este año, el gobierno había propuesto eliminar los extras que se pagan en asignaciones familiares en diversas regiones del país, pero luego lo suspendió por 30 días y más tarde la dejó sin efecto.
Fuera del aspecto económico, en enero de 2017, el Ejecutivo decretó el fin de los feriados puente y determinó que el del 24 de marzo era movible, pero después cambió la postura.

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