Obligan a un gremio a reincorporar a un afiliado que había sido sancionado

Locales 08 de octubre de 2018 Por
El Sindicato de Luz y Fuerza debe reafiliar a un empleado de la EPE al que sancionó en 2016 luego de las elecciones de autoridades. La Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral rechazó la apelación del gremio y ratificó la sentencia del juez Marín.
FOTO LA OPINION FUNDAMENTOS. Gustavo Latino y el Dr. Matías Turco se mostraron conformes con el fallo judicial.
FOTO LA OPINION FUNDAMENTOS. Gustavo Latino y el Dr. Matías Turco se mostraron conformes con el fallo judicial.

La Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de Rafaela rechazó un recurso planteado por el Sindicato de Luz y Fuerza de esta ciudad y por tanto quedó firme la sentencia de primera instancia del juez Laboral, Lucas Marín, que obliga al gremio a reafiliar a un trabajador de la EPE que había sancionado sin que se garantice su derecho a defensa.
La causa se inició cuando Gustavo Latino, empleado de la Empresa Provincial de la Energía desde 1994, decidió presentar con el patrocinio del Dr. Matías Turco, una acción de amparo sindical “a fin de que se deje sin efecto la decisión de disponer su expulsión como afiliado” del gremio de Luz y Fuerza dispuesta a finales de 2016, poco después de las elecciones en la que se eligieron sus autoridades.
El fallo, en su tramo resolutivo, resuelve “hacer lugar a la acción de amparo, declarar nula la sanción de suspensión con baja de afiliación impuesta al actor y condenar al Sindicato de Luz y Fuerza a reponerlo en forma inmediata en su condición de afiliado con ejercicio pleno de los derechos y obligaciones estatutarios”.
De acuerdo al gremio, Latino fue subsecretario Gremial del gremio lucifuercista entre 2005 y 2008. En 2016, decidió competir en las elecciones por el cargo de secretario Gremial del Sindicato encabezando la lista blanca que finalmente fue derrotada por la integrada por las actuales autoridades de la organización obrera, encabezadas por Sebastián Beccaría.
Un mes después del acto eleccionario del 22 de marzo de 2016, Latino fue citado a prestar declaración a través de una notificación que le fuera cursada por vía postal a la cual respondió que no podría asistir y que podría presentar un descargo por escrito. Posteriormente, en julio de ese año fue notificado que la Comisión Directiva del gremio resolvió sancionarlo aplicando una suspensión de 90 días con baja de la afiliación.
El fundamento del gremio para aplicar una sanción disciplinaria contra Latino está ligado al proceso electoral. “En virtud de las elecciones del 18 de marzo de 2016 el actor y otros afiliados comenzó una campaña de desacreditación de las autoridades sindicales de la Comisión Directiva anterior como la de la de miembros de la actual, mediante dichos y afirmaciones agraviantes en diversos artículos periodísticos, entrevistas y panfletos… que afecta gravemente la imagen, prestigio y buen nombre de la entidad gremial”, afirmaron desde el gremio en la declaración ante el Juzgado Laboral.
La conducción del Sindicato señaló que Latino no concurrió para presentar su descargo pese a ser convocado en tres oportunidades y que la acusación estaba a disposición en la sede de la entidad. Tampoco asistió a la asamblea del 5 de agosto de 2016 en la que se dio lectura al informe, se explicó el motivo de la sanción y se aprobó por unanimidad.
Según el juez Marín, “la cuestión a resolver es si la decisión de la suspensión y baja de su afiliación (de Latino) conforme resolución de Comisión Directiva del Sindicato de Luz y Fuerza del 15 de julio de 2016 fue o no manifiestamente arbitraria o ilegal, y si se afectaron derechos emergentes de la Constitución Nacional, Provincial, de una ley o de un tratado”.
En los considerandos de la sentencia luego confirmada por la Cámara de Apelaciones, el magistrado sostuvo que "el derecho de defensa no se ejerce de cualquier manera y es mucho más que la posibilidad de ser oído, la entidad demandada dispuso una especie de ´cita a ciegas´ que en modo alguno se condice con un proceso como el que se estaba iniciando. Máxime si la acusación contenía diversos hechos que requerían su conocimiento previo por parte de la actor para que pudiera concurrir con los elementos de su defensa".
Asimismo, subraya que "el decreto 467/88 reglamentario de la ley 23551 de Asociaciones Sindicales establece que la suspensión no podría ser dispuesta sin darse vista previa al afiliado de los cargos imputados" lo cual constituye "el dato clave en el caso, porque en ningún momento se acreditó la vista previa sobre la imputación formulada".
"Considero que el procedimiento empleado por la entidad demandada no supera el test de razonabilidad al no haber comunicado fehacientemente y en forma previa los hechos que daban lugar a la acusación. Por lo tanto, al haberse dispuesto la sanción sin la vista previa, de la acusación, se vició el procedimiento", enfatiza Marín. "Considero que el actor fue suspendido de manera arbitraria e ilegal. Tal medida vulneró sus derechos como afiliado, especialmente al incorporársele una baja que, hay que decirlo, la demanda no explicó adecuadamente", agrega.
"Por otra parte, los hechos atribuidos al actor no se me representan como de una gravedad tal que merezca una sanción disciplinaria. Se advierte un lenguaje de uso común en todo proceso electoral, tal vez azuzado por el fervor con que se viven. Pero no más que ello", consigna el juez Laboral. De todos modos, aclara que "no estoy proponiendo que los derechos sindicales se ejerzan sin límite alguno, a costa de la dignidad de terceros sino que la aplicación de las sanciones disciplinarias sean en el marco de un proceso que respete a ultranza la garantiza del debido proceso y el derecho de defensa".
En una entrevista con LA OPINION, tanto Latino como Turco destacaron el alcance de la sentencia de primera instancia y la decisión de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral integrada por los doctores Alejandro Román, Beatriz Abele y Lorenzo Macagno.
"Nunca fue clara la sanción que el Sindicato de Luz y Fuerza le quiso aplicar a Gustavo Latino. Esa falta de claridad es justamente lo que generó dudas. Nosotros rechazamos cualquier tipo de sanción porque no había cometido ninguna falta por tanto no era ni justa ni válida", afirmó Turco. "Destaco el fallo del Juzgado Laboral de Primera Instancia que abordó lo formal y la cuestión de fondo. Terminó con la declaración de nulidad del procedimiento sancionatorio y que comprobó la inexistencia de faltas que ameriten la aplicación de sanciones. La Cámara dejó firme la sentencia y ahora el sindicato debe reafiliar a Gustavo", puntualizó.
Por su parte, Latino consideró que "el trasfondo de esta sanción era apartarme de la arena política del sindicato". "Estoy satisfecho con la justicia de Rafaela, se hizo justicia ante una medida discrecional", remarcó.


Redacción

Redacción de Diario La Opinión de Rafaela
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