Será un invierno demasiado crudo

Locales 09 de julio de 2018 Por
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Quizás el receso invernal que amenaza con temperaturas polares, contribuya a enfriar un poco los caldeados ánimos políticos que se vivieron en las últimas semanas en la política santafesina.
El aplomado senador socialista por La Capital Miguel González graficó que "se adelantaron los tiempos electorales" al definir lo que viene pasando en su Cuerpo parlamentario, que tuvo que suspender las últimas sesiones para no caer en un foso político del cual sería difícil salir.
Radicales y peronistas entrecruzan fuego graneado por la autorización para que el Poder Ejecutivo contraiga un endeudamiento por otros 500 millones de dólares (el primero fue en el año 2016) para ejecutar obras públicas; y la ley de narcomenudeo, impulsada por el senador radical Lisandro Enrico. Y como si no faltaran condimentos, el FPCyS ingresó su propia redacción de reforma constitucional.
El endeudamiento no solo cruza la relación entre opositores y oficialistas, sino de manera transversal al propio bloque peronista, que tiene adherentes y refractarios, ambos con fundados argumentos políticos: los unos, la necesidad de seguir promoviendo el empleo y la "calidad de vida" en pueblos y ciudades mediante esas obras (rutas, canales, cloacas, agua potable, asfaltos urbanos) y los otros, advirtiendo sobre el peligro de endeudar al estado en momentos de zozobra financiera como los que vive el país.
El gobernador Miguel Lifschitz puntualizó en la ciudad de San Justo, flanqueado por los senadores radicales NEO Rodrigo Borla y Felipe Michlig al presentar un plan estratégico para ambos Departamentos, que cuando haya finalizado su gestión habrá dejado más de 80 mil millones de pesos en obra pública.
Desde Economía agregan que esa obra pública ejecutada tiene algunas características tales como la dispersión geográfica, ya que hay obras provinciales en las 363 localidades, sea de manera directa, delegadas o por convenio con municipios y comunas. Subrayan que además existe equilibrio entre obras de infraestructura económica que mejoran la competitividad de la producción santafesina (rutas, obras energéticas, etc.) y obras que mejoran la calidad de vida de la población (cloacas, agua potable, hospitales y escuelas, etc.).
Los ministros Saglione, Morini y Garivay apuntan a un fuerte avance en las grandes obras estructurales (hospitales, acueductos, autopista rosario- Santa Fe, etc.), todo ello sin descuidar las de pequeña escala; y básicamente apuntan a que todo se hizo "con la nuestra", asegurando que el aporte nacional ha sido y es irrelevante (3% en 2017 por ejemplo).
Hace unos días, el ministro de Obras Públicas Pedro Morini se cruzó mediáticamente con el diputado del PRO Federico Angelini por el dinero que la Nación - a decir de Morini - no terminó de enviar para la construcción de los hospitales de Reconquista e Iturraspe de esta capital.
Mientras Morini aseguró que la Nación le adeuda 300 millones de pesos, Angelini asevera que el dinero no fue remitido por falta de comprobantes de lo aportado. Morini no se hizo esperar, y lo invitó al diputado macrista a ver todos y cada uno de los comprobantes remitidos al Ministerio del Interior en tiempo y forma.

ACUERDOS COMPLEJOS
El presidente Macri quiere y necesita acordar "con los que tienen la birome y manejan poder real" (al decir del economista Juan C. De Pablo) o sea los gobernadores, para llevar adelante el cumplimiento de las metas con el FMI, básicamente la reducción del déficit fiscal y el presupuesto 2019 (que todo parecería sería el actual reconducido).
"Es una mala señal para el FMI" (si se prorroga el actual presupuesto) advirtió el jefe de la bancada de senadores peronistas Miguel A, Pichetto. Contrariamente a lo que expresa el zigzagueante Pichetto, precisamente lo que le interesa al FMI es que el gobierno cumpla con los objetivos, con o sin presupuesto imposible de calcular - otra vez señala De Pablo - en las actuales y volátiles circunstancias.
Macri estuvo la semana pasada en nuestra Provincia, y no dio demasiadas señales de confraternizar con el paciente Gobernador Lifschitz; más bien todo lo contrario.
El Presidente espetó el viernes en Carcarañá que "hay muchas mafias que atacamos y una es la de la industria de los juicios laborales". Y fue entonces cuando le pasó la factura a Lifschitz, que estaba junto a él: "Santa Fe es la única provincia grande que no ha adherido a la ley de ART. Necesitamos tener todas las herramientas que nos permitan defendernos de eso, cuidemos empleo de todos los argentinos. La mayoría de los argentinos somos buenos, gente de trabajo que no quiere inventar accidente laboral. Hay que sacar a mafiosos".
La respuesta orgánica del socialismo fue inmediata: "Argentina sancionó en marzo del 2017 la ley 27348 de ART (Aseguradora de Riesgo de Trabajo), la cual debe ser adherida por las provincias para ser aplicada en sus territorios, esta ley no hace nada más ni nada menos que restringir los derechos laborales que se encuentran explícitos en el art 14 bis, la misma beneficia a las empresas a costa de la salud de los trabajadores", indica el texto del Frente Gremial del PS.
El actual titular de la Cámara de Diputados Antonio Bonfatti también se coló en las críticas al gobierno nacional y precisó desde su cuenta de Twitter que "37 obras en la provincia van a sufrir el ajuste" y enumeró que "las autopistas como la de las rutas 33 y 34 se verán afectadas". "También recortan jardines: de 21 proyectados, 11 ya pasaron por la tijera de Dujovne, al igual que los hospitales regionales de Reconquista y Santa Fe", precisó.
A todo esto, Lifschitz, Dujovne y Frigerio habían acordado "civilizadamente" hace diez días, la actualización por inflación de los bonos por 31 mil millones de pesos, que la Nación le dará a Santa Fe por la deuda de la coparticipación detraída ilegalmente durante 9 años hasta el 2015.

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