Intimidad, privacidad, honor y libertad de expresión

Notas de Opinión 02 de junio de 2018 Por
“Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan el orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están solo reservada a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados…” (Art. 19 1ra. Parte. Constitución Nacional).

La reflexión sobre el concepto del derecho a la intimidad debe partir necesariamente de las elaboraciones que, en el marco del pensamiento político liberal, configuran la vida privada como una esfera que debe regirse por la autonomía individual y en la que el Estado debe abstenerse de intervenir si no es para asegurar el respeto por parte de todos a ese ámbito de la personalidad.
Es importante arrancar de esos presupuestos, pues, al margen de la existencia anterior de manifestaciones concretas de lo que, después, se va a conocer como intimidad, es a partir de los movimientos revolucionarios de los siglos XVII y XVIII (Guerras de religión y lucha por la libertad de conciencia) cuando va a adquirir un significado distinto, del mismo modo que cobrará un sesgo diferente la percepción que de la libertad se había venido manteniendo desde sus orígenes en la antigüedad clásica, prácticamente entendida sólo como derecho a libertad física.
Es lo que pone de manifiesto Benjamín Constant  (En: “De la libertad de los antiguos comparada con la de los modernos”, 1819) cuando distingue la evolución del concepto de libertad, en cuanto en la antigüedad se concebía preferentemente en su dimensión pública, participativa, y luego (a partir de la edad moderna)  se percibe como algo fundamentalmente privado, particular: “Nuestra libertad -dice el autor- debe consistir en el disfrute apacible de nuestra independencia privada”.
Cabe así poder diferenciar ya en esa época lo privado de lo íntimo: el derecho a la intimidad se caracteriza por el rechazo de toda intromisión no consentida en la vida privada. Prevalecen, pues, las ideas de autonomía y aislamiento. Además, lo privado parece ceñirse a lo relativo al círculo de la vida doméstica, ningún medio puede inmiscuirse (salvo asumir  luego la eventual responsabilidad penal y civil pues no existe la censura previa en un régimen democrático), en ese ámbito. Nuestros tribunales (CSJN) siguiendo doctrina norteamericana sigue esta línea.Es evidente que el derecho a la intimidad suscita muchos problemas y sugieren numerosas reflexiones todas ellas de la mayor importancia. Su naturaleza y la posición que ocupa respecto de otros derechos explican esa circunstancia, como cuando se trata de decidir sobre si ha de primar o ceder frente a otras exigencias jurídicas como el honor y  la libertad de expresión.
Desde la perspectiva de la titularidad del derecho a la intimidad, es evidente que se predica el de toda persona humana. No me parece necesario insistir al respecto pues se trata de una cuestión suficientemente clara. Ahora bien, se puede comprobar de la misma manera que actualmente el honor es un bien menos apreciado socialmente que la intimidad. Antes -el honor lo era casi todo-, pues por  su defensa se ponía, incluso, en juego hasta la vida (Ej. El Duelo por cuestiones de honor, sancionado aún en nuestro código penal, pero que hoy la sociedad ha convertido esa regulación en innecesaria).
El honor ha superado su tradicional concepto y ya prácticamente fue abandonado como criterio de diferenciación social (guste o no). Debemos aceptar que se ha visto relativizado, abriendo mayor campo de acción a la intimidad,  porque la sociedad urbana conduce al aislamiento como defensa de la individualidad, casi instintivo, es decir como ejercicio de un derecho de libertad más amplio, de tal manera la considera como bien jurídico superior.
Ahora bien,  la ponderación del derecho a la intimidad  frente al honor no debe afectar a las libertades de expresión e información, sino (contrariamente) deben compensarse respetando estos principios: la no revelación de la vida íntima de una persona cuando ésta no la consienta, ni la exteriorice, cuando  no revista un marcado interés público su conocimiento, ni venga exigida por ejemplo, en el curso de un proceso judicial. Solo cuando se incumpla con tales pautas, puede generar en quien de cuenta dela intimidad de alguien una responsabilidad jurídica, que los derechos a expresarse libremente y a transmitir información veraz no podrán eximir.
Advirtamos que se trata de un límite, no de una limitación.  Aquí no se plantea la cuestión de recortar esas libertades para hacer posible el respeto a la intimidad. Por el contrario, es un problema de fronteras, de confines. La libertad de expresión es uno de los pilares del sistema republicano, Pero el derecho a la privacidad opera con la misma jerarquía. Saber donde comienza uno y empieza otro es tarea no sólo de la justicia sino también de la profesionalidad periodística. 
(*) Abogado. Especialista en Docencia Universitaria. Lic. en Gestión Educativa.  Ex becario de la Escuela Judicial de España,  de la Agencia Española de Cooperación internacional  (AECI) y del Consejo General del Poder Judicial de España.

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