Sin sorpresas, el Senado aprobó la ley de tarifas y Macri firmó el veto

Nacionales 01 de junio de 2018 Por
El alto costo fiscal, la intromisión del Congreso en una facultad del Ejecutivo y la falta de criterio federal de la ley fueron los motivos del Presidente para optar por el veto.
FOTO NA EN SALTA. Macri firmó el decreto del veto y viajó a Salta, donde habló de todo.
FOTO NA EN SALTA. Macri firmó el decreto del veto y viajó a Salta, donde habló de todo.
BUENOS AIRES, 1 (NA). - El Senado aprobó ayer a la madrugada, tras un extenso debate, la ley sobre tarifas, pero pocas horas después el presidente Mauricio Macri la vetó por considerarle "irresponsable". Con 37 votos a favor, provenientes del Bloque Justicialista, el Frente para la Victoria y otras bancadas satélite, y 30 en contra aportados por Cambiemos y buena parte del Interbloque Federal, la norma se aprobó luego de casi 12 horas de debate, cerca de las 3 de la madrugada.
Menos de seis horas después, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, dialogó con los periodistas acreditados en la Casa Rosada para anunciarles que esa iniciativa ya había sido vetada. "La ley ya está vetada, porque es una ley irresponsable. No respeta el mandato constitucional: no es facultad del Congreso fijar tarifas. Va en contra del federalismo y atenta contra las provincias. Eso no lo podemos permitir", enfatizó el funcionario.
La norma retrotraía las tarifas a noviembre de 2017 y disponía que los aumentos no superen el índice de variación salarial para usuarios residenciales y el de precios mayoristas para las pymes. Además, establecía que las empresas distribuidoras de electricidad y gas deberán devolver lo que se cobró de más hasta el momento. "Esta ley no puede seguir adelante. Fijar tarifas no es facultad del Congreso", sostuvo Peña, quien cuestionó a los gobernadores peronistas: "No estamos de acuerdo con su doble discurso".
Para evitar el veto presidencial, el oficialismo intentó hasta último momento bloquear la aprobación de la ley mediante una ausencia de senadores que dejara la sesión sin quórum y, de hecho, la sorpresiva retirada del puntano Adolfo Rodríguez Saá les dio una luz de esperanza.
Sin embargo, los pocos senadores peronistas que no acompañaron el proyecto, como Rodolfo Urtubey o los miembros del Interbloque Federal, se mantuvieron en su postura de no quitar quórum. Los senadores de Cambiemos rechazaron la iniciativa con el argumento de que tendrá un impacto fiscal negativo y que beneficia principalmente a la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, al tiempo que criticaron el esquema de subsidios que mantuvo las tarifas baratas durante la gestión del kirchnerismo.
En la vereda de enfrente, el Bloque Justicialista, el kirchnerismo y otras bancadas opositoras argumentaron que los
aumentos en gas, electricidad y agua corriente deben tener un límite y que el Gobierno tiene que rever su política energética, al tiempo que cuestionaron la situación general de la economía.
Más tarde, Macri justificó la decisión de vetar de manera total la ley que limitaba los aumentos de tarifas de servicios públicos en el alto costo fiscal que tendría la medida, la división de poderes y la falta de un criterio federal, y recordó el veto de Cristina Kirchner al 82% móvil.
Con las firmas del propio mandatario, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, el decreto que será publicado este viernes en el Boletín Oficial establece que "el proyecto de ley bajo examen tiene un costo fiscal 65.886.000.000 pesos durante 2018", según los números que cita de un documento de trabajo de la Oficina de Presupuesto del Congreso.
Asimismo, en el texto al que accedió NA se advierte que "a los resultados del estudio mencionado deben agregarse las variaciones del tipo de cambio ocurridas desde abril de 2018, el aumento del precio internacional del petróleo crudo en igual período y sus impactos sobre los subsidios".
"En aquella estimación no se consideraron los costos fiscales vinculados con el aumento en la cantidad de beneficiarios de la tarifa social, con el impacto del proyecto en los servicios de agua y saneamiento, y con la devolución de los créditos a favor de los usuarios por lo abonado desde noviembre de 2017, entre otros aspectos. Ese costo fiscal total superaría la suma de 115.000.000.000 de pesos para 2018, monto que representa aproximadamente el 0,8% del Producto Interno Bruto (PIB) de 2018", indicó.
A modo comparativo, el Poder Ejecutivo ejemplificó que "este costo fiscal equivale a 77.000 viviendas sociales, más de dos años de la Asignación Universal por Hijo -que hoy cubre a casi 4 millones de beneficiarios-, 2.875 escuelas, 575 hospitales, o todo el gasto nacional en universidades".
E insistió en que "la cifra en cuestión haría imposible cumplir con las metas fiscales para el actual ejercicio fiscal y los siguientes, con las consecuencias que ello tendría sobre el costo de financiamiento para la Argentina, dificultando la sostenibilidad de la deuda pública". "En el nuevo contexto internacional de mayor volatilidad de las variables financieras se debe buscar acelerar la consolidación fiscal y no generar mayores desbalances", subrayó.
El texto recuerda el decreto de 2010 firmado por la entonces presidenta Cristina Kirchner para vetar el 82 por ciento móvil a las jubilaciones. "En otra oportunidad, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, mediante el dictado del Decreto Nº 1482/2010, ha ejercido la potestad constitucional de observar proyectos de ley, fundada en que `la aplicación de las condiciones establecidas en el proyecto bajo análisis se consideran inviables desde el punto de vista económico financiero, no siendo factible su implementación y sustentabilidad en el tiempo´", rememoró Macri.
El jefe de Estado destacó también que "la apreciación de la autoridad administrativa acerca de la justicia y razonabilidad de las tarifas a los fines de su aprobación es una facultad privativa del Poder Ejecutivo y éste puede usarla tanto respecto del pasado, diciéndolo expresamente, como del porvenir".
"La atribución tarifaria le pertenece al poder administrador, lo que no sólo significa que reside en él la facultad de hacerlo si no que a su vez y como contracara de aquello, tiene la obligación de realizarla", añadió.

Redacción

Redacción de Diario La Opinión de Rafaela
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