Aborto y salud pública

Notas de Opinión 05 de abril de 2018 Por
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GINES GONZALEZ GARCIA. El autor preside la Fundación Isalud. FOTO ARCHIVO
GINES GONZALEZ GARCIA. El autor preside la Fundación Isalud. FOTO ARCHIVO
Por Ginés González García (*)

El actual marco legal sobre el aborto tiene casi cien años. Cuando se aprobó, las mujeres no tenían derecho al voto, ni plena disposición de sus bienes, ni la potestad sobre sus hijos. Las reformas que crearon estos derechos también fueron resistidas en su momento, y las proyecciones catastrofistas de quienes se oponían se vieron desmentidas de manera contundente por los hechos. La despenalización del aborto tiene categóricos fundamentos similares a los de esas transformaciones.
En primer lugar, la prohibición es completamente ineficaz como mecanismo de disuasión: los abortos siguen ocurriendo masivamente, y es improbable que un cambio en la ley penal provoque un aumento. De hecho, hay varios países en los que se legalizaron y la cifra no aumentó, y las tasas en los países que tienen aborto legalizado son en promedio mucho más bajas que las de nuestro país. Quedan pocas naciones con legislaciones tan restrictivas como la nuestra, casi todas de América Latina y Africa.
El aborto es un problema de salud pública. Los datos oficiales son contundentes: en Argentina, dos de cada diez mujeres fallecidas por causas maternas murieron por abortos inseguros. Desde la recuperación de la democracia fallecieron más de tres mil mujeres por abortos inseguros. Increíblemente, muchas personas usan aún hoy como argumento “en defensa de la vida” que 55 mujeres muertas en el año 2015 y 49.000 internaciones anuales no son un dato preocupante.
Probablemente, la generalización del uso de medicamentos para abortar esté modificando estos datos, porque permiten hacerlo de manera más temprana, menos riesgosa y con menor costo, pero por el momento es fantasioso imaginar que no tendrían ningún tipo de consecuencias mientras se administren de manera clandestina. Sin embargo, pese a que la Organización Mundial de la Salud lo agregó hace 12 años a su lista de “medicamentos esenciales”, en la Argentina el único autorizado para ser comercializado es el Misoprostol, como “protector gástrico”. Su precio local además aumentó más de 500% desde que asumió el actual gobierno.
También hace casi cien años el Código Penal Argentino prevé algunos casos donde el aborto no tiene condena, pero aun así las trabas persisten. Desde 2007 existe en la Argentina la Guía técnica para la atención integral de los abortos no punibles y en 2012 la Corte Suprema de Justicia estableció que el aborto es un derecho para toda víctima de violación que presente ante el personal sanitario una declaración jurada, pero con demasiada frecuencia estas normas se incumplen y las arbitrariedades siguen ocurriendo, especialmente en hospitales públicos. En algunas provincias directamente no se respeta la excepción del Código Penal.
Por otro lado, más allá de las discusiones teológicas, es cierto que según la ciencia una célula tiene vida, pero una cosa es la vida y otra una persona, y una cosa es un embrión y otra un ser humano. Una cosa es una semilla y otra un árbol. Usar ambiguamente estos términos para pretender que la “ciencia” ha “demostrado” algo que casualmente coincide con creencias precientíficas antediluvianas, es desconocer que la ambigüedad en los conceptos no es una cualidad que caracterice a las ciencias, y es también ignorar que el conocimiento científico nunca es contundente y definitivo. La vida humana comienza con la concepción, no cabe duda, pero hoy los científicos postulan que la única información que existe en ese momento es la secuencia del ADN: las características propias de cada individuo se van conformando a lo largo de la gestación. Por ejemplo, en sus primeros días de vida, cada célula del embrión puede llegar a ser cualquier parte del cuerpo humano. Por eso más de la mitad de los países tienen absolutamente despenalizado el aborto con plazos que coincidirían con la aparición de sensibilidad ante el dolor o con la actividad cerebral. No me considero habilitado a opinar sobre asuntos religiosos, y tampoco sobre ciertas cuestiones científicas, pero es mi deber llamar la atención sobre las consecuencias sanitarias del mal uso de argumentos falaces.
Por último, es atroz la hipocresía de quienes se oponen a la entrega gratuita de anticonceptivos o a la educación sexual, y a la vez resisten la despenalización del aborto. ¿No están a favor de la vida? Los programas de salud sexual son la mejor manera de evitar los embarazos no deseados, y por lo tanto los abortos. Incluso algunos impugnan los programas públicos de provisión de insumos y de información, pero no impulsan que se prohíba su venta en las farmacias. También en este punto sus ardores morales solamente se orientan hacia las personas con menos recursos.
Pero peor paradoja es que el mismo gobierno que debilitó y desabasteció el Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable sea el que propone el debate sobre el aborto. Ese programa y el aborto no punible son leyes actualmente vigentes, y se hace demasiado poco por cumplirlas. El abandono de los programas de prevención genera embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual. Es difícil creer entonces que estén realmente interesados en modificar las leyes en el mismo sentido en que las incumplen, aunque están a tiempo de demostrar que estamos equivocados en estas suposiciones.
(*) Ex ministro de Salud.

Redacción

Redacción de Diario La Opinión de Rafaela
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