Sobre la ética pública

Editorial 26 de febrero de 2018 Por
El anteproyecto en debate incluye la propuesta para que sindicalistas y jefes de obras sociales hagan pública su información patrimonial.
La Argentina se encamina a modernizar la legislación que establece lo permitido y lo prohibido en materia de ética pública para los que se desempeñan en los distintos ámbitos de la administración pública nacional, lo que no deja de ser una saludable decisión para desalentar prácticas de corrupción y ejercer un mayor control para que los funcionarios se comporten como corresponde y no caigan en tentaciones reñidas con la moral o la ley. Bueno es también que el nuevo proyecto incluya a sectores de la justicia y los dirigentes sindicales para darle más espacio a la transparencia en esos ámbitos, más aún en tiempos donde numerosos escándalos de manejo de fondos salpican a los gremios. 
Siempre resulta positivo discutir de qué manera se fortalecen los mecanismos de control y de sanción para evitar la corrupción, especialmente luego de casos resonantes que involucran a varios de los más importantes funcionarios del gobierno nacional anterior, comenzando por la ex presidenta, Cristina Fernández de Kirchner. 
Lo que espera la sociedad es que la justicia, cada juez que tiene una causa por corrupción, comience a investigar y si encuentra razones para condenar, lo haga. Se requiere celeridad y no que los expedientes avancen a la velocidad de una tortuga. En estos días que una veintena de ex funcionarios están presos, se torna indispensable resolver el destino de esas causas. Si hay elementos que se condene, y si no los hay que se otorgue la libertad. 
Hace unos días, la secretaria de Etica Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la Nación, Laura Alonso, encabezó en la Casa Rosada una jornada de debate de la nueva ley de Etica Pública junto a funcionarios, organizaciones y legisladores. El encuentro se centró en la discusión de los "conflictos de intereses, declaraciones juradas y autoridad de aplicación", puntos que aborda el anteproyecto, al que actualmente se le pueden hacer aportes por internet, a través de la página www.justicia2020.gob.ar.
En ese contexto, el debate incluyó la propuesta para que sindicalistas y jefes de obras sociales hagan pública su información patrimonial. El anteproyecto, que será presentado en breve en el Congreso, impulsa una reforma integral de la Ley de Etica Pública, la cual incluye capítulos sobre la cuestión del nepotismo, conflicto de intereses y la presentación de declaraciones juradas, entre otros. Además de los funcionarios públicos y legisladores, la norma alcanza a los gremios y sectores de la Justicia.
Con respecto al nepotismo, la propuesta oficial establece que los funcionarios no podrán promover ni designar familiares hasta el cuarto grado o segundo por afinidad en la jurisdicción en la que se desempeñan, tal como lo fijó el decreto de principios de febrero del presidente, Mauricio Macri. El proyecto que se encuentra en proceso de construcción colectiva plantea extender su alcance al Poder Legislativo y al Judicial. De esta forma, los diputados y senadores no podrán contratar familiares en el Parlamento, en tanto que los jueces y fiscales tampoco, a menos que ingresen por concurso.
En cuanto a los conflictos de interés, el texto plantea que los funcionarios deben abstenerse de intervenir en cuestiones vinculadas a personas o firmas con las que hayan tenido relación en los últimos tres años. También propone que deben desprenderse de sus acciones o "cualquier otro título valor emitido por sociedades anónimas abiertas" o "constituir un fideicomiso ciego", algo que hizo el presidente Macri.
En tanto, para los legisladores, se recomienda que comuniquen a las Cámaras sus intereses particulares vinculados a cuestiones que se deban tratar en el recinto. El conflicto de interés quedará definido como una "concurrencia a la vez del interés público del ejercicio de las funciones con uno particular, sea o no de carácter económico".
El capítulo de las declaraciones juradas incluye, además, a los gremialistas, que hasta el momento no lo estaban, a través de una modificación de la ley 23.551 de asociaciones sindicales. Así, los miembros de los órganos directivos y de
administración de los gremios estarán obligados a presentar sus declaraciones juradas patrimoniales.
El borrador establece un capítulo para los obsequios, manteniendo la prohibición de recibirlos si superan un "valor exiguo". Se permiten solo los regalos de cortesía o los protocolares, además de los gastos de viaje y la estadía para el dictado de conferencias o cursos. Los regalos que superen un monto a definir por la futura autoridad de aplicación deben ser registrados y quedarán para el patrimonio del Estado.



Redacción

Redacción de Diario La Opinión de Rafaela
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