Guapo, pero no tanto

Notas de Opinión 25 de febrero de 2018 Por
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FOTO ARCHIVO PALCO. Un "rejunte" que atrasa en el tiempo.
FOTO ARCHIVO PALCO. Un "rejunte" que atrasa en el tiempo.
La imagen de Hugo Moyano desgañitándose en el palco de la movilización, rozando el patetismo y la desactualización, buscando presionar para espantar los acosos judiciales que cayeron sobre él y su familia, esta vez no tuvieron al parecer el mismo destino que veces anteriores, cuando con esta misma metodología propia de guapos, logró deshacerse de embarazosas situaciones. Es que por más que se esforzó una y otra vez de decir que el acto de reclamo era por el difícil momento que vive la clase trabajadora -esa misma que ha servido para tantas excusas- y no para protegerse de la Justicia, tanto el tono del discurso que giró casi siempre sobre lo que él mismo define como persecución judicial y también la presencia en el palco de su defensor Daniel Llermanos, plantearon claramente lo contrario.
"No tengo miedo de ir a la cárcel", gritó un muy entonado Moyano, pero la imagen de guapo se fue desdibujando rápidamente cuando no hubo anuncios de medidas -como le reclamaban el kirchnerismo y la izquierda-, tampoco alusiones con nombres propios, y por fin, al día siguiente nomás, mostrándose deseoso de tener una reunión con Macri.
El poder del líder camionero es importante, como así también los recursos que dispone para montar este tipo de movilizaciones, aunque muchos de los respaldos y posibles socios, poco favor hacen para consolidar una estructura opositora. Es que aunque hubo unas 200 mil personas -cantidad que tuvo diversas estimaciones-, viendo la compañía bien podría decirse que Moyano se está quedando solo.
En buenahora se concrete el encuentro Macri-Moyano, pero exclusivamente para soluciones inconvenientes de funcionalidad del país, como debe ser. Es que si entran a jugar las causas judiciales de por medio, entonces sí estaríamos complicados, resignando la esperanza de que una vez por todas comience a diluirse la Argentina de la impunidad.
Moyano tiene una pila de causas judiciales por resolver, y aunque dificilmente en alguna de ellas se encuentre su vinculación directa, existen cuestiones que saltan a la vista. Lo de dirigentes sindicales millonarios y trabajadores pobres está a la vista de todos, casi nadie puede explicarlo. Moyano tampoco. Que las empresas de su actual mujer y sus hijastros sean las que proveen al Sindicato de Camioneros es más que evidente, ¿cómo hizo para que Oca, empresa con 7.000 empleados, esté bajo su control? No hablamos de dinerillos ni cosas pequeñas, se trata de enormes fortunas. Un dato más que elocuente relevado por la diputada Ocaña -la cucaracha, según el camionero- deja claro que el sol nadie puede taparlo con una mano. Ni siquiera Moyano. Es que el obra social de los camioneros paga los medicamentos un 50% más que el promedio de todo el resto de gremios. Esa que se diluye es plata de los propios afiliados, pero que se amontona en otros destinos.
La situación social es difícil, y tal vez se agudice aún más en los meses que vienen, donde habrán de seguir los ajustes de tarifas. Se vienen nuevos para el agua, el gas y es probable que también los combustibles. Soportar es complicado, y el derecho a la protesta absolutamente legítimo. Pero las causas judiciales son otra cosa que nada tiene que ver con aquello, cada cuestión debe resolverse separadamente, es el único camino a seguir. Si vuelven a mezclarse, volveríamos al punto de partida.
Frustraciones ya hemos sufrido demasiadas. Este es un buen momento para hacer algo distinto. Y también para que todas las causas judiciales por corrupción, vuelven a agitarse tras un letargo poco conducente. Pero por sobre todo, que el Senado se preste para aprobar la ley de extinción de dominio, que permitiría recuperar buena parte de los saqueado por la corrupción.
Un claro paso atrás en la manifiesta intención del gobierno de avanzar en una renovación de los cuestionados jueces federales fue la decisión del presidente Macri respecto a no solicitar la destitución del juez Rafecas, sino de aplicarle una sanción y quitarle la mitad de su sueldo durante un mes. Un verdadera bicoca si pensamos que en dos ocasiones seguidas cerró el caso de la denuncia de Nisman contra la ex presidenta Cristina Kirchner sin siquiera cumplimentar una de las pruebas requeridas por el fiscal. Si así andamos para llegar atener la justicia que la República merece, el objetivo queda difuso.
Pero además, la comisión de Constitucionales en el Senado -la que debe decidir sobre desafueros- quedó en manos del justicialismo, con lo cual CFK tiene reaseguro por cuatro años.

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