Inconstitucionalidad no solucionará problema

Nacionales 07/01/2018 Por
REFORMA PREVISIONAL

BUENOS AIRES, 7 (NA). - El Defensor del Pueblo de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires, Eduardo Semino, cuestionó ayer la reforma previsional pero admitió que "pasará mucho tiempo" hasta que se declare su inconstitucionalidad, y "para ese entonces muchos jubilados estarán muertos, incluyéndome".
Semino consideró que el perjuicio que genera a los jubilados esa reforma aprobada recientemente en el Congreso "no se va a resolver con la inconstitucionalidad de la ley", al señalar que "exactamente cuando esto se resuelva mi fábula cadavérica se habrá hecho cargo de mí".
Recordó que el fallo "Badaro" solamente resolvió reclamos individuales y que aún quedan 300 mil juicios sin resolución.
También señaló que junto al ex defensor del Pueblo Eduardo Mondino presentaron en el 2008 un recurso judicial para "universalizar el reclamo a todos los jubilados y aún la Corte Suprema, después de diez años no se expidió".
El ombudsman de la Tercera Edad, en declaraciones a la agencia NA, anticipó que en febrero pedirá la inconstitucionalidad ante la justicia "no solo por la formula de movilidad, sino que va a ser un planteo más integral, y no como los que ya se presentaron relacionados con esa fórmula en sí misma".
Semino consideró que la ley perjudica a los jubilados porque la tasas de sustitución, el porcentaje de jubilación en relación al sueldo como activo, "podría reducir las jubilaciones que se otorguen en el futuro entre tres y cuatro puntos porcentuales".
Aclaró que la reducción en los haberes futuros que se otorguen no será del 20% como se estima "porque esa es una progresión que no se puede corroborar".
Sostuvo que la reforma previsional aprobada "es un mamarracho, una ley discriminatoria contra los jubilados y además de muy mala es anticonstitucional".
El funcionario aclaró que "no hay variación ni cambio en la fórmula para determinar las futuras jubilaciones y señaló que las que hoy se están otorgando "no llega al 60% de promedio y se ubica entre el 55 y el 56% del sueldo en actividad".
"Esta norma es un zafarrancho que agrupa un conjunto de medidas que busca justificar cubrir los déficit de las provincias, con una transferencia de ingresos que va de los 70 a los cien mil millones de pesos de los fondos que son de los jubilados", agregó Semino.
Opinó que "la gran mentira es que nadie dice que los que la media jubilatoria que está en los 10.000 pesos y que la cobran el 70 por ciento de los jubilados no les alcanza para vivir".
Dijo que "nadie en el debate parlamentario se preocupó por lo principal que es como progresivamente podemos recomponer el haber jubilatorio".
Explicó que los que tienen aportado 30 años son asimilados a la mínima y al 82% del salario mínimo vital y móvil, y es muy poco el porcentaje que incrementa el haber jubilatorio".
Dijo que la ley hace también una diferencia con los que ingresaron a la jubilación por una moratoria que son más de 3 millones de personas.
"Esto es una distorsión jurídica porque el que ingresó por moratoria pagó su deuda para tener los 30 años de aportes, pero pago su deuda y los toman como aportantes irregulares y se los diferencio también respecto del bono compensador que es muy poco".
Consideró que ese bono "si debía tener algún carácter de empalme, cosa que es mentira, debería ser para todo el sistema y no para solo el que cobra menos de 10 mil pesos con lo cual además de ser insuficiente es discriminatorio".

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