Surgió una grieta institucional entre fiscales y legisladores

VARIOS 31 de diciembre de 2017 Por
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La polémica pública tomó forma en diciembre aunque fue por algo que pasó el último día de noviembre en la Legislatura santafesina. Aquella tarde un proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo fue convertido en ley, la cual cambia los mecanismos de remoción de los fiscales en el Ministerio Público de la Acusación (MPA), el órgano que se ocupa de investigar los delitos penales cometidos en el ámbito provincial, y en el Servicio Provincial de Defensa Penal, que comprende a los defensores públicos.
El Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (FCJS) de la Universidad Nacional del Litoral sintetizó la problemática. "La Legislatura provincial aprobó sobre tablas una ley que impone un sistema de controles directos sobre los fiscales y los defensores. Si bien los diputados y senadores ya contaban con la potestad de cuestionar, reprender y remover a la cabeza de ambos institutos (Acusación y Defensa), ahora, a partir de esta modificación, podrán hacerlo con cada uno de sus integrantes", explicó. Esta normativa, agrega, "afecta sensiblemente la autonomía e independencia de las instituciones, comprometiendo principios y valores fundamentales como lo son los que se encuentran implícitos en los conceptos de república y de sistema de distribución y control de poderes del Estado, en clara violación al diseño institucional dispuesto en nuestra Constitución Nacional".
Recién a fines de diciembre se sabría que pasará con esa ley, puesto que el gobernador Miguel Lifschitz tiene plazo de vetarla o promulgarla hasta el 29 de diciembre. Los fiscales manifestaron públicamente su rechazo a esta ley modificatoria por entender que significa la intromisión de un poder del Estado en otro, es decir del Legislativo en el Judicial. 
Hasta ahora, el mecanismo de remoción de fiscales o defensores se basaba en un procedimiento interno de ambos organismos. En el caso del MPA se trataba de un juicio oral en el que participaban representantes del Colegio de Abogados, de la Legislatura, un fiscal regional y el fiscal general solo para desempatar.
Mientras que, de quedar firme los cambios, la remoción de los fiscales, como la de los defensores, será competencia exclusiva de la Legislatura. 
La reacción del MPA no se hizo esperar. Las gestiones ante distintos organismos nacionales dieron sus frutos al cosechar los fiscales amplias adhesiones a su postura. E incluso fueron recibidos por Lifschitz, a quienes le manifestaron su preocupación y le solicitaron que proceda a vetar la nueva ley de senadores y diputados. Después, deslizaron que si el gobernador promulga la ley, recurrirán a tribunales nacionales e internacionales para solicitar su inconstitucionalidad.

 


Redacción

Redacción de Diario La Opinión de Rafaela
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