Piden vetar la ley de control a fiscales y defensores

Policiales 07/12/2017 Por
El Ministerio Público de la Acusación está recibiendo adhesiones a su férrea oposición a la nueva ley que pretende que el Poder Legislativo provincial controle la actuación fiscal en la órbita del Poder Judicial de la Provincia. Este avance es una clara intromisión e injerencia antidemocrática de un poder en el funcionamiento del otro.
FOTO MPA JUNTA DE FISCALES.  Baclini, rodeado por los 5 Fiscales Regionales -entre ellos Diego Vigo de Rafaela- expresó un rotundo rechazo a lo hecho en la Legislatura.
FOTO MPA JUNTA DE FISCALES. Baclini, rodeado por los 5 Fiscales Regionales -entre ellos Diego Vigo de Rafaela- expresó un rotundo rechazo a lo hecho en la Legislatura.
Los defensores públicos de la provincia se sumaron a la ola de críticas contra una polémica ley votada días pasados y en forma exprés por la Legislatura santafesina que apunta al control político-legislativo de funcionarios judiciales, en lo que constituye una clara injerencia e indebida intromisión de un poder violando la jurisdicción del otro, es decir del Poder Judicial.
En un documento los defensores públicos, señalan que “si los defensores pueden ser removidos por razones políticas, se atenta contra la noble tarea que están llamados a cumplir en un Estado de Derecho”.
De esta forma -según consignó el portal de LT10 de la capital provincial-coincidieron con los planteos formulados por los fiscales santafesinos, quienes denunciaron que la flamante norma afectaría la independencia y actuación de los funcionarios del Poder Judicial. 
En diálogo con el programa El Cuarto Poder, la defensora general de la provincia, Jaquelina Balangione, no ocultó su sorpresa por la ley que -dijo- fue votada por “unanimidad exprés” y pidió al gobernador Miguel Lifschitz que directamente la vete.
Para la funcionaria judicial, la ley “apunta directamente a ejercer un control directo sobre fiscales y defensores que prácticamente desnaturaliza la función”. “Uno no sabe cuáles son los acuerdos o los pactos políticos que hay detrás de esto, lo que sí sabemos es que nosotros no estuvimos en ese diálogo”, denunció.
Cabe agregar que la norma también parece desconocer que cualquier ciudadano puede denunciar o pedir una investigación sobre el accionar de un funcionario del MPA o del SPPDP, sin que haga falta un control político-legislativo de los órganos judiciales.
Balangione también anticipó que se solicitó una audiencia con el mandatario provincial para la semana próxima.
La jefa de los defensores opinó que la normativa aprobada por ambas cámaras legislativas en tiempo récord y en una de las últimas sesiones ordinarias del año “tiene una gravedad institucional que no se mide, degrada el Estado de Derecho santafesino”.
Asimismo, advirtió que el tema tuvo repercusión en otras provincias, donde funcionarios judiciales manifestaron su repudio a la norma: “Esto es serio, pone en jaque a la República”, finalizó Balangione.

COMUNICADO DE
LA DEFENSORIA

La declaración pública de la Defensoría Provincial dice textualmente que, "la Defensora Provincial y los Defensores Regionales del Servicio Público Provincial de Defensa Penal (SPPDP) del Poder Judicial de Santa Fe hacen un llamado a reconsiderar la modificación de la Ley 13.014 que permite la remoción de los Defensores Públicos y Defensores Públicos Adjuntos con la única intervención de la Legislatura, pues establece infundadas diferencias con el sistema de remoción de Jueces y pone en jaque la misión institucional de la Defensa Pública.
"Si los Defensores Públicos pueden ser removidos por razones políticas se atenta contra la noble tarea que están llamados a cumplir en un Estado de Derecho.
"Necesitan los Defensores Públicos quedar al margen de los vaivenes políticos puesto que deben enfrentar al propio Estado reclamando condiciones dignas de detención, a los medios de comunicación cuando condenan mediáticamente a su defendido, a grupos sociales mayoritarios que pregonan el uso del sistema penal como única respuesta a los déficits sociales, aún a costa de poner en riesgo su crédito personal, popularidad, relaciones sociales, de amistad, académicas o profesionales.
"Por imperio legal los Defensores Públicos deben tener lealtad a su defendido, sin posibilidad alguna de hacer objeción de conciencia, sin considerar la antipatía o impopularidad que éste pudiere provocar en la opinión pública, sin ceder a presiones o influencias externas y sin discriminación por razones morales, éticas, étnicas, políticas, raciales, religiosas, de género, de nacionalidad, económicas, sociales, culturales, de tipo de delito o de cualquier otra naturaleza.
"El sistema de remoción mediante un Tribunal de enjuiciamiento integrado por
Legisladores, Defensores Públicos y Colegio de Abogados que tenía previsto la ley 13.014 es acorde a los estándares internacionales de autonomía de la Defensa Pública y exhortamos a las autoridades correspondientes a volver al mismo".

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