Disputa de poder entre los legisladores y los fiscales

Locales 05/12/2017 Por
Ambas cámaras aprobaron este jueves una ley que permite a diputados y senadores disponer del destino de todos los integrantes de la Acusación y la Defensa. Hasta el momento, el control se limitaba a sus autoridades. Ayer, los integrantes del Ministerio Público de la Acusación salieron a cruzar fuerte a los políticos: "Llama poderosamente la atención que una ley de tanta importancia fue sancionada sin debate previo, en tiempo récord y en la última sesión ordinaria del año", dijeron.
FOTO PRENSA MPA CONTUNDENTE./ Baclini, rodeado por los 5 Fiscales Regionales, en conferencia de prensa.
FOTO PRENSA MPA CONTUNDENTE./ Baclini, rodeado por los 5 Fiscales Regionales, en conferencia de prensa.
Las cámaras de Diputados y Senadores provinciales le dieron fuerza de ley -en la última sesión ordinaria del año- a un proyecto que extiende sus controles sobre la totalidad de los miembros del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y el Servicio Público de la Defensa Penal. Hasta el momento, sólo podían disponer los destinos de las cabezas de ambos organismos pero desde el pasado jueves, lo podrán hacer sobre todos los fiscales y defensores provinciales.
Técnicamente, se modificaron 5 artículos de dos leyes que crearon los institutos del Ministerio Público de la Acusación (Ley 13.014) y sobre el Servicio Público de la Defensa Penal (Ley 13.013). Así, la Legislatura se arrogó la potestad exclusiva de investigar, acusar y remover a todos los fiscales y defensores, sin intervención de la Auditoría General de Gestión. En consecuencia, ambos organismos, el MPA y el Servicio Provincial de Defensa Penal, no tendrán potestad alguna en cuanto al mecanismo de remoción.
En tanto, la iniciativa establece que la eliminación de “la potestad al Fiscal General de crear Agencias Fiscales Especiales”, y, por ende, “los Fiscales Regionales podrán crear agencias o unidades fiscales especiales que actuarán en parte o en todo el territorio de su competencia”.
La decisión legislativa cayó como un baldazo de agua fría en el MPA. Y ayer se vieron las consecuencias. En un hecho sin precedentes, la Junta de Fiscales del MPA, lideradas por el Fiscal General Jorge Baclini y acompañado por los otros 5 Fiscales Regionales, emitieron un duro comunicado, además de realizar una conferencia de prensa en donde sentaron su posición contraria a lo decidido por la Legislatura, además de solicitarle al Gobernador que revea lo decidido por el Poder Legislativo el jueves pasado. 
"La Junta de Fiscales manifiesta su preocupación por el modo sorpresivo e intempestivo de la sanción de la norma. Llama poderosamente la atención que una ley de tanta importancia fue sancionada sin debate previo, en tiempo récord y en la última sesión ordinaria del año", afirman en el comunicado y remarcan: "la nueva norma conforma un avasallamiento a la independencia y autonomía del órgano encargado de la persecución penal en tanto modifica el régimen de remoción de los Fiscales y Fiscales Adjuntos, que ahora pasa a depender exclusivamente del Poder Legislativo, circunstancia que refleja su dudosa constitucionalidad conforme al artículo 120 de la Constitución Nacional".
Sostienen que "la norma derogada seguía la línea de lo previsto en el artículo 91 de la Constitución Provincial, en tanto el juzgamiento de los Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia se realiza a través del juicio político, y el de los jueces a través del jury de enjuiciamiento (ley provincial número 7.050)" y que "las modificaciones aprobadas la semana pasada colocan a los Fiscales y Fiscales Adjuntos en una situación de inestabilidad y precariedad en cuanto a su objetividad técnica-funcional con capacidad tal de aniquilar la independencia de poderes y la igualdad de los ciudadanos ante la ley".
"Finalmente, otra consecuencia de la nueva versión de la ley resulta en el debilitamiento de las políticas de persecución penal de los órganos de dirección del MPA", indican y concluyen: "en función de la gravedad institucional, la Junta de Fiscales solicita al Poder Ejecutivo tenga a bien estudiar la posibilidad de hacer uso de sus facultades constitucionales para remediar la situación, que coloca a la provincia de Santa Fe en un lugar de retroceso de la calidad institucional en el concierto de las provincias argentinas".

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