El principio de autoridad frente a la sociedad y a la educación

Locales 09 de noviembre Por
Los que transitamos la escuela primaria ya hace más de cuatro décadas, podemos comprobar como de a poco fue devaluándose la importancia del rol del educador como principio de autoridad. “La realidad no es un simple lugar donde los hombres viven pasivamente sino un espacio que puede ser transformado y humanizado mediante la acción de los sujetos” (Paulo Freire).
SANTO TOMAS. Hace 8 siglos dijo "se deben respetar las normas, aún las injustas".
SANTO TOMAS. Hace 8 siglos dijo "se deben respetar las normas, aún las injustas".
Por Daniela G. Enrique (1)
y Hugo A. Degiovanni (2)


 La autoridad es el poder legitimado, o sea el que se ejerce porque existe una norma que lo autoriza. Va a depender del origen de esa norma para saber si se practica en forma democrática o no.
A su vez, entender tal concepción requiere de un proceso de construcción de carácter evolutivo: la moral heterónoma -propia de los niños pequeños- surge de la responsabilidad y la información suministrada por sus mayores (familia y docentes), y cede al concepto de autoridad que se alcanza con la autonomía propia del razonamiento formal; reviste siempre un análisis psicogenético a partir de las representaciones sociales, creencias e ideas que los niños, adolescentes y adultos tienen acerca de la autoridad.
En pocas palabras, nos permite luego interpretar si ese ejercicio del poder está al servicio de los demás o de una persona, o si la autoridad se convierte en autoritarismo. El poder se exterioriza en tres tipos de energías, a saber: La física o energía aplicada a aquel que transgrede una ley y que tiene una sanción penal (por la fuerza física se es detenido y se sufre una prisión si se lo condena). También hay una energía moral, que se manifiesta como coacción y consiste en obedecer por temor a la sanción. Y luego surge como consentimiento, cuando estamos convencidos de que la vida en relación y sociedad nos exige reglamentaciones comunes para establecer un orden y para gozar de la libertad dentro de un equilibrio en el cual existe como elemento necesario la autoridad, e implica cumplir con las leyes, tal como hacemos la mayoría de los ciudadanos cotidianamente -por convicción- y legitima en primer grado el principio de autoridad.
En un estado democrático, la autoridad es indispensable para que cada ciudadano pueda gozar de sus derechos habida cuenta que cada uno de nosotros gobernamos por medio de nuestros representantes, es decir, no lo hacemos en forma directa. Resulta imprescindible que al sacrificar parte de nuestros intereses individuales en miras al interés colectivo, exista“alguien” que establezca las reglas de juego: quién, cuándo y cuánto se cede, interpretando realmente cada situación por cooperación y consenso.
En las interacciones personales y en nuestras apreciaciones cotidianas se evidencian ciertas ideas sobre lo que significa el concepto de autoridad; son construcciones conceptuales que abarcan la afectividad, la moral y el contacto interpersonal con los otros, y además conforman nuestra realidad, pasando a caracterizar a nuestra sociedad y a todo su entramado. Dichas interpretaciones coexisten con las necesidades, emociones y puntos de vista de los mayores que debemos colaborar con nuestra infancia. Por eso, vivir en un estado democrático, implica vivir en libertad, pero para ello resulta imprescindible que exista una amplia conciencia acerca que la autoridad debe ser respetada, porque es ella quien la garantiza. Una sociedad es una agrupación natural o pactada de personas, que constituyen unidad distinta de cada uno de sus individuos, con el fin de cumplir, mediante la mutua cooperación, todos o algunos de los fines de la vida. Ahora bien, esos fines a los que aspiramos a realizar cada uno de sus integrantes, no lo podemos hacer “sin alguien” que garantice esos roles. Por lo tanto, el lector podrá deducir sin esfuerzo que el principio de autoridad se convierte en un derecho de todo ciudadano y una condición imprescindible para la convivencia social.
Paradójicamente, en esta realidad que nos toca vivir, la de sociedad globalizada, cada vez se cuestiona más este basamento social, sin darnos cuenta que también se afectan nuestros propios intereses.
Las ideas que los ciudadanos tienen sobre lo que debe respetarse, y en consecuencia será aceptable y bueno, también referirá al desarrollo moral de los niños y adolescentes, e implicará a otros varios contenidos a enseñar: normas morales, valores sociales y reglas convencionales. Obviamente no es una crítica hacia las personas que ejercen esa potestad legitimada, y que como seres humanos intencional o culposamente pueden errar su camino, sino que, como integrantes de la sociedad, podemos manifestar una opinión sobre ellas, aunque fundamentalmente el cuestionamiento sea sobre las instituciones mismas que representan, a saber: policía, ejército, justicia, gobierno, escuela, política, etc. Se puede advertir fácilmente y cada vez más generalizada, cierta  tendencia a que en caso de conflictos, nos inclinemos a solidarizarnos automáticamente y sin mayor reflexión con el que consideramos más débil. Por ejemplo, en caso de conflicto entre el jefe y el empleado, se presume sin mayor análisis de la situación, que la razón le cabe al último. Lo mismo ocurre con un servidor público y un simple ciudadano. O quizás el ejemplo más emblemático sea el de las escuelas. Convencidos de que la democratización de la enseñanza fue un gran salto evolutivo en materia educativa, estimamos sin embargo que este proceso trajo aparejado en algunos casos, una errónea interpretación del concepto de pluralidad de opiniones y que se vulnere gravemente el principio de autoridad. En efecto, los que transitamos la escuela primaria ya hace más de cuatro décadas, podemos comprobar como de a poco fue devaluándose la importancia del rol del educador como principio de autoridad. Pasamos de una época en la que nuestros padres, ante una reprimenda de la maestra/o (vrg.: nota en el cuaderno), se solidarizaban con esta sin ni siquiera escuchar nuestro derecho a defensa acerca de porqué habíamos actuado de la forma que había sido observada y notificada, a una situación totalmente inversa, de total solidaridad con el alumno y el consiguiente cuestionamiento al docente sin mayor análisis. En algunas situaciones se contribuye a una “mala” educación, por el simple motivo de que las actividades en la escuela también son oportunas para aprender que la autoridad debe respetarse. El mundo que en el futuro asumirán los niños de hoy no es anárquico (gracias a Dios), sino que como toda sociedad estará fundado en autoridades. El trabajo, profesión u oficio… cualquiera sea la modalidad de la inserción en actividades adultas siempre va implicar respetar sus reglas, o las decisiones de un superior, y aun cuando alguien actúe independientemente deberá subordinarse a normas, obligaciones, horarios, etc. impuestas por la autoridad, otras tantas veces seguramente no compartirá determinadas decisiones.
No en vano Santo Tomás hace casi ocho siglos, ante la pregunta si se debían respetar todas las normas, respondía afirmativamente, aún las injustas, a excepción de aquellas que confrontaran con el derecho natural, a las que no sólo cuestionaba, sino que además decía era un deber resistirlas (Santo Tomás de Aquino.“Summas theologiae. II-II Segunda parte. Justicia”). El simple motivo por el que resulta mayor el daño social producto de su violación, que su cumplimiento aunque defectuoso (siempre y cuando no se contradijera el derecho natural fundado en el derecho divino), consiste en que es vulnerado el principio de autoridad de donde emana, principio necesario para que cualquier sociedad funcione. Lo que se quiere significar bien podría ejemplificarse en lo siguiente: Ante una ordenanza de tránsito que prohíba la circulación o el estacionamiento de vehículos en determinados lugares, si cada uno de los que se oponen a tal norma emanada de la autoridad legítima no la respetan, este incumplimiento conduciría a un caos en el tránsito, con una grave afectación social, a pesar que la disposición pudiera resultar desacertada. Resulta claro que, se hace referencia a la aceptación de los abusos de autoridad, sino a preguntarnos en cada caso concreto, en primer lugar, si al cuestionar una decisión superior ¿es esta justa?, ¿cuál es el motivo que llevó a tomarla acorde a las circunstancias de oportunidad?, ¿de qué modo?, y en segundo término, si advertimos que si bien no es totalmente justa pero que no afecta los derechos primarios, no se debería aceptar en miras al interés común, aun cuando hagamos conocer nuestra opinión al respecto.
Vivir en sociedad implica asumir un compromiso de respeto a los derechos de los demás, pero además exige una gran cuota de tolerancia, de cooperación, de empatía, que permite lograr una libertad interior y da sentido a la vida en plena participación y diálogo. En consecuencia, si no respetamos el principio de autoridad, -cuestionándolo por el sólo hecho de serlo-, no sólo vulneramos el ejercicio del derecho de los demás, sino que además, sin quererlo, atentamos con nuestra propia facultad natural de decidir responsablemente sobre nuestros actos. Retomando el epígrafe y reflexionando sobre esta realidad a la que no sólo nos asiste el derecho sino—sobre todo—, el deber de  transformarla, vale las siguientes conclusiones: aceptar las reglas que la sociedad misma en la que vivimos nos impone. Y comprender que educar la moral infantil “en cierto sentido, nos ayuda(rá) a comprender el deber ser y el respeto por la autoridad del hombre", tal como plantea Piaget.

Daniela G. Enrique:
Profesora Universitaria y Licenciada en Psicopedagogía; Especialidad Psicopedagogía con Orientación Clínica; Prof. Tit. de Psicología y Epistemología Genética, Psicología, UCES-Rafaela.
Hugo A. Degiovanni: Abogado; Especialista en la Enseñanza de la Educación Superior (CONEAU); Licenciado en Gestión de Instituciones Educativas.

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