Una deuda inaceptable

Editorial 12 de octubre Por
¿Cómo en 11 años no se ha podido dar cumplimiento efectivo a la ley 26.160?
Aquel antiguo Día de la Raza que cada 12 de octubre Conmemoraba el descubrimiento de América por parte de Cristóbal Colón se transformó, a partir de 2011, en el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. En Argentina, fue en 1916 cuando a través de un decreto firmado por el entonces presidente Hipólito Yrigoyen se estableció el Día de la Raza como una reivindicación de la conquista española en América, y en un intento de reafirmar la identidad hispanoamericana frente a Estados Unidos que avanzaba hacia el sur aumentando su influencia en la región.
Poco tiempo antes, España había establecido -en 1913- la denominación de Día de la Raza, en honor a su pasado imperial del que Latinoamérica se había liberado un siglo atrás, con el objetivo de afianzar los lazos entre España y América latina. En tanto, la mayoría de los países de esta región decidió adoptar durante las primeras décadas del siglo XX ese nombre tan identificado con la idea europeísta de "Descubrimiento de América".
En nuestro país las cosas comenzaron a cambiar en 2010 cuando el Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley que establecía 15 feriados nacionales y que luego se tradujo en el decreto 1584 del 2 de noviembre de 2010, donde se impuso archivar el Día de la Raza y reemplazarlo por Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
En este escenario adquiere significado el debate sobre los derechos de los denominados pueblos originarios y el vínculo con las tierras que ocuparon antes de la llegada de los españoles.  
Esta semana en la Cámara de Diputados se analiza el proyecto que prorroga por cuatro años la suspensión de los desalojos de tierras donde habitan comunidades de los pueblos originarios. En el Senado, la iniciativa que extiende los efectos de la ley 26.160 fue aprobada por unanimidad el 27 de septiembre pasado.
La normativa fue sancionada en 2006 y estableció la suspensión por cuatro años de los desalojos, hasta que se terminara el relevamiento catastral de las tierras que históricamente ocupan los pueblos originarios, pero esa tarea nunca culminó.
Ante esa demora, los efectos de la norma fueron prorrogados por cuatro años más en dos oportunidades y vencían el 23 de noviembre próximo, lo que obligó al Congreso a fijar una nueva extensión del plazo en medio del escándalo.
De acuerdo a un informe del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, hay 1.532 comunidades identificadas en el Programa Nacional de Relevamiento Territorial Indígena, pero sólo 459 tienen el relevamiento completado.
La ley 26.160, que declaró la emergencia de posesión y propiedad de las tierras de pueblos originarios cuya personería jurídica estuviese debidamente registrada ante el Registro Nacional de Comunidades Indígenas u organismos provinciales competentes "suspende por el término de la duración de la emergencia declarada, el trámite de ejecución de sentencias de desalojos dictadas en los procesos judiciales que tengan por objeto principal o accesorio la desocupación y/o desalojos de las tierras comprendidas".
La semana pasada, el Gobierno había destacado que "en tan sólo 18 meses, ya se realizaron 140 relevamientos" en tierras donde viven comunidades de los pueblos originarios, al tiempo que reiteró su apoyo a la prórroga para evitar los desalojos. "En tan sólo 18 meses, ya se realizaron 140 relevamientos y se intervino además en 60 casos de conflictos ligados a la ocupación de la tierra, para brindar asistencia legal, lo cual reafirma nuestra vocación por seguir reconociendo derechos de todas las comunidades", destacó la Secretaría de Derechos Humanos mediante un comunicado.
La pregunta es: ¿cómo en 11 años no se ha podido dar cumplimiento efectivo a esta ley? ¿La responsabilidad es de la ineficiencia del Estado o de un grupo de funcionarios? Lo que está claro es que se trata de una deuda a esta altura inaceptable. 
En este contexto, Amnistía Internacional junto a distintas organizaciones sociales presentaron "Esta es mi casa", una web que cuenta en primera persona la historia de cinco comunidades que corren peligro de quedar a la deriva si no se prorroga la ley 26.160 de emergencia territorial.
Según esta entidad, en los videos publicados se puede acceder a las historias de las Comunidades Corralito, Arenales y El Chaguaral (Salta) representadas por Teresa, José y Hugo, quienes hablan de la importancia de sus raíces entre el ruido de las topadoras que avanzan con el desmonte.
El postergado relevamiento establecido por ley sobre las tierras ocupadas por los pueblos originarios a lo largo del territorio nacional tiene como objetivo avanzar en su efectiva titulación, una de las principales obligaciones que el Estado argentino contrajo al reconocer los derechos de los pueblos originarios.












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