Por REDACCION
Tras cinco horas y media de sesión en el Senado, el oficialismo consiguió ayer la media sanción del proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura. La iniciativa impulsada por Gobierno recibió 37 votos afirmativos y 33 rechazos, y ahora el debate se traslada a la Cámara de Diputados, donde el escenario se presenta más complejo para el oficialismo debido a la correlación de fuerzas que allí impera.
La aprobación en el Senado se dio en el marco de una carrera contrarreloj para sancionar una nueva ley antes del jueves que viene, cuando vencerá el plazo dispuesto por la Corte Suprema para reemplazar la normativa vigente.
Juntos por el Cambio, que votó en contra del proyecto, no dio quórum al inicio de la sesión y recién bajó al recinto cuando el Frente de Todos consiguió el número para abrir el debate con la ayuda de senadores aliados.
El proyecto original, enviado por el Poder Ejecutivo, había recibido dictamen favorable, pero se incorporaron cambios propuestos por el senador Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro).
El oficialismo no contaba con los votos suficientes para aprobar la ley, por lo que debió aceptar las modificaciones planteadas por el rionegrino, que apuntan a dotar al Consejo de una mirada y un funcionamiento más federal.
El 16 de diciembre pasado, la Corte Suprema emitió un fallo por el que declaró inconstitucional la ley vigente sobre el Consejo de la Magistratura, y concedió hasta el jueves 14 de abril para la aprobación de un nuevo marco normativo. Si eso no ocurriera, a partir del próximo viernes 15 se declararán inválidas todas las resoluciones que adoptase el Consejo de la Magistratura, paralizando a este órgano clave en el funcionamiento institucional de la Justicia.
Pero además, la sentencia prevé restaurar la vigencia de la ley derogada en 2006, cuando se aprobó la reforma que redujo de 20 a 13 la cantidad de consejeros, y le quitó a la Corte Suprema representación en el órgano (detentaba la presidencia).
El proyecto oficialista incrementa la cantidad de consejeros de 13 a 17 miembros, y con los cambios que llegaron de la mano de Weretilneck se eleva la representación del Interior del país en la composición del órgano. Actualmente solo las senadoras Silvia Giacoppo (UCR) y María Inés Pilatti Vergara (Frente de Todos) son del Interior.
La iniciativa plantea que de los cuatro consejeros abogados, tres sean del interior, y que la misma proporción se respete con los consejeros jueces: que tres de los cuatro pertenezcan a cámaras ubicadas fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Se establecen cuatro regiones: AMBA (Ciudad de Buenos Aires, La Plata y San Martín), Norte (Salta, Tucumán, Resistencia, Posadas, Paraná y Corrientes), Centro (Mar del Plata, Córdoba, Rosario y Mendoza) y Sur (Bahía Blanca, Comodoro Rivadavia, General Roca y Comandante Luis Piedrabuena).
El Consejo deberá estar integrado por un abogado y un juez por cada una de estas cuatro regiones, y además deberá cumplirse la regla de la paridad de género, con representación igualitaria. Los consejeros regionales no cobrarían un sueldo y solo intervendrían en los temas locales de elección y enjuiciamiento.
Por otra parte, el Consejo deberá sesionar una vez por trimestre en el ámbito de las distintas cámaras federales del interior del país. En tanto, se creará una quinta comisión denominada de "Asuntos Federales", la cual estará integrada por cuatro senadores, uno por cada una de las cuatro regiones mencionadas.
La fuerza política con mayor representación parlamentaria tendrá dos senadores en la comisión, mientras que la primera minoría y la segunda minoría tendrán un representante cada una.
"En este proyecto de ley, el hecho de constituir una comisión de asuntos federales en la cual senadores participan por región en el seguimiento de todo el proceso de designación de funcionarios judiciales nos da una cercanía con la toma de decisiones", destacó Weretilneck durante su intervención en el recinto.
Por último, a solicitud de la misionera Magdalena Solari Quintana (Frente de la Concordia), se estableció que el representante designado por el Poder Ejecutivo no podrá ser reemplazado una vez finalizado su mandato por un integrante del mismo género, sino que deberán alternarse mujer y hombre.
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