Uno de los temas del año que acaba de culminar y que recrudecerá en éste que será eminentemente electoral, es el asedio verbal y físico a los y las periodistas, en el marco de un gobierno que acaba de declararnos la guerra a través de X, su red social preferida. “Les llegó la hora a los delincuentes con micrófonos”, para completar con fórmulas tales como “torturadores seriales” y “ensobrados corruptos”.
Según lo publicado por Aire de Santa Fe en su página web, el 14 de noviembre pasado, en el marco de un reportaje concedido a la influencer Lex Fridman, el presidente Javier Milei mostró un desprecio generalizado por los trabajadores de prensa de diarios en papel, revistas impresas o electrónicas y portales de noticias (salvo la media docena que tiene el privilegio de entrevistarlo), al decir que “gracias a las redes sociales se les terminó el privilegio de casta, es hora de que laburen honestamente, por eso gran parte de los periodistas odian la red X y nosotros los libertarios la amamos”. Así las cosas, en los últimos días se actualizaron los datos del Monitoreo de Libertad de Expresión del Foro de Periodistas Argentinos (Fopea), una entidad civil sin fines de lucro que nuclea profesionales que trabajan o han trabajado en diarios, radios y canales de televisión y que incluye en su Comisión Directiva a nuestro compañero Germán de los Santos de Aire de Santa Fe.
LOS ATAQUES A LA PRENSA EN LA ERA MILEI
Los números más significativos del monitoreo a diciembre 2024 hablan de 173 ataques o agresiones a periodistas (uno cada dos días), de las cuales el 69,3% provino de algún funcionario público. El presidente que declara una confrontación abierta contra la prensa baraja números y opiniones desfavorables de su gestión, protagonizó 56 agresiones (el 32,37% de los casos registrados). Detrás de Milei se encolumnan funcionarios de su entorno (24 casos) y personal policial (17 agresiones registradas). Teniendo en cuenta otros actores estatales (funcionarios provinciales y municipales y de la justicia provincial y federal), la violencia proveniente desde el Estado contra trabajadores y trabajadoras de prensa suma 120 casos contra 35 agresiones de personas y entes no estatales.
Fopea advierte en las agresiones provenientes del presidente y su entorno inmediato poseen un tono agraviante y estigmatizante (corruptos, coimeros, deshonestos, mentirosos, delincuentes, vagos, brutos, torturadores, entre los denuestos más repetidos en el último año), sumados a la represión física de trabajadores en manifestaciones amparados en el Protocolo para el Mantenimiento del Orden Público, que la ONG Amnistía Internacional tildó de abusivo hace menos de una semana, pidiendo su derogación inmediata. Los hitos más objetados por el informe sobre la relación entre poder y trabajadores de prensa durante el primer año libertario, son la reglamentación restrictiva de la Ley de Acceso a la Información Pública y las dificultades de acceso para la cobertura de actos oficiales tales como las juras de Ministros y el Pacto de Mayo en Julio. Se valoró positivamente el fallo de la Sala 1 de la Cámara Federal Porteña, que anuló el sobreseimiento del presidente por llamar “ensobrado” a Jorge Fontevecchia, apartó al Juez Sebastián Ramos por graves falles procesales y en sus considerandos expresa que “los funcionarios no pueden vulnerar el principio de presunción de inocencia al imputar a periodistas o medios de comunicación por delitos que no han sido investigados ni definidos judicialmente”. Esencialmente, en la abrumadora mayoría de los casos son imputaciones mediáticas sin pruebas consistentes que jamás se formalizan por parte del poder ejecutivo, la acusación y castigo constituyen un “proceso abreviado digital”, a través de redes masivas de propaganda y persuasión social.
Más allá de la abrumadora mayoría que representan los casos de agresiones verbales descalificatorias y los ataques a la integridad física de periodistas, obsérvese lo bajo de dos ítems polémicos: la censura interna de medios a periodistas y sobre todo el uso abusivo de pauta, es decir la pauta que condiciona la línea editorial del medio o la libertad de opinión del periodista. Consultado por éste redactor, Damián Loretti, el padre de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (que fue en realidad el resultado de muchos aportes y correcciones, de izquierda a derecha del arco político), asegura que “nunca es el momento, tampoco durante el gobierno anterior, pero hoy más que restituir la institucionalidad de la Ley de Medios, hacen falta dos leyes: una para distribuir pauta y otra para promover pluralismo y diversidad”. Según Loretti, “una de las cosas que podría ocurrir es que el Estado no ponga pauta en quienes no producen contenidos, lo segundo es que haya límites de pautado saliendo de la lógica de punto de contacto, para entrar en una más compleja y a la vez más interesante, en la que el Estado deje de poner pauta en redes y soportes digitales que no producen nada”.
EL PERIODISMO COMO CONTRAPODER DEL ESTADO
Sobre el informe de Fopea acerca de los discursos estigmatizantes sobre periodistas y opositores en general, Loretti afirma que “no todo es discurso de odio con consecuencias inmediatas, en el Sistema Interamericano se requiere de la inminencia a la instigación a cometer delitos de violencia, es decisivo quién es el enunciador y la situación de poder del mismo”. La idea es que no hay mucho que inventar, en los artículos 14, 32 y 43 de la CN y el capítulo 13 de la Convención Latinoamericana de los DDHH está casi todo. Lo que debe funcionar son los contrapoderes del Estado para resguardar derechos. El debate entre Alejandro Fantino y Romina Manguel sobre las agresiones del presidente a ésta última y el supuesto poder de comunicadores con miles o millones de seguidores, es muy ilustrativo. Fantino aseguró que “es minga el nivel de asimetría, hoy vos o yo, Fontevecchia, Longobardi, Carlos Pagni o Roberto García tenemos tanto poder como el más poderoso de Argentina”. Manguel completó la frase: “Salvo que sea el presidente”.
INFORME ANUAL DE LA FATPREN: REPRESION,
HOSTIGAMIENTO Y AHOGO ECONOMICO
Hace algunos días se publicó el Informe sobre la Libertad de Expresión en Argentina 2024, producido por la Federación de Trabajadores de Prensa, la Dirección de las Carreras de Ciencias de Comunicación de la Universidad de Buenos Aires y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPREBA). A diferencia de lo presentado por Fopea, este informe no es cuanti sino cualitativo, con numerosos casos testigo y apreciación conceptuales de las principales medidas del gobierno libertario, con afectación a la labor individual de periodistas y medios.
La caracterización del documento es “un escenario infocomunicacional signado por una discursividad más violenta, más desigual, con menor participación social, menos diverso y plural, más intimidatorio y riesgoso, con mayor concentración, con menos medios públicos, universitarios y comunitarios e intimidaciones a periodistas y represión a reporteras y reporteros gráficos”. En otro tono, pero en línea con el reclamo de Fopea -que le pide al gobierno que “atenúe el clima de confrontación y garantice la plena vigencia de la libertad de expresión”, FATPREN exige políticas públicas “que de modo inmediato reviertan esta profunda regresividad, garanticen la libertad de expresión de toda la ciudadanía y una comunicación más democrática”. En el apartado “Represión y criminalización de periodistas y otras personas que toman la voz pública”, la Federación enumera no menos de 6 manifestaciones cubiertas por trabajadores de prensa donde se padecieron golpes, gases y hasta detenciones prolongadas tipificadas como “resistencia a la autoridad”, “obstruir el normal funcionamiento del Congreso” y hasta “terrorismo”. Las más recordadas son la cobertura de principios de febrero, cuando el Congreso comenzó a tratar la Ley de Bases, donde más de 30 trabajadores y trabajadoras de prensa fueron reprimidos y heridos. El 12 de junio se produjo la aprobación de esa Ley, con la resultante de 33 personas detenidas (algunas durante tres meses y en condiciones de apremios ilegales por parte de las fuerzas de seguridad y la justicia intervinientes) y varios periodistas heridos.
También se menciona la denuncia penal del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, contra los colegas Darío Villaruel y Nancy Pazos, por instigación a cometer delitos, sólo por el hecho de difundir las sedes del Ministerio de Capital Humano donde se retenían alimentos destinados a comedores populares de todo el país. El funcionario pidió penas de prisión con cumplimiento efectivo, que fueron desestimadas para el caso Villaruel por el fiscal de la Cámara Federal Ramiro González y por el juez federal (otra vez pero en sentido inverso al caso Fontevecchia) Sebastián Ramos para el caso Pazos, en el cual falló asegurando que no había delito y que las manifestaciones periodísticas estaban protegidas por el derecho a la libertad de expresión. La cita obligada, a propósito del fallecimiento de Jorge Lanata, es que el mismo periodista y ex empresario de medios había denunciado al presidente por calumnias e injuria en su contra (lo trató de “mentiroso” y “ensobrado” cuando el mismísimo gobierno había publicado las pruebas), delitos de acción privada que su familia, facultada por el artículo 422 del Código Penal, bien puede continuar reclamando con patrocinio legal. Tanto Elba Marcovecchio (que encabeza la demanda) como sus hijas, están en plazo -tienen 60 días desde el fallecimiento del periodista- para decidir si continúan o no con el caso. La pregunta que tiene al menos dos respuestas tentativas, una más factible que la otra, es si los niveles de asedio verbal y físico disminuirán o serán erradicados por parte de agresores públicos y privados de la labor periodística y de la libre manifestación de opositores en general. Nos animamos a augurar un 2025 muy complejo para ésta problemática, con un presidente que no se plantea ninguna de las reconsideraciones y retrocesos que reclaman Fopea y FATPREN, y un sistema de medios y periodistas más presionados que nunca, en un año electoral que será la primera confrontación política directa después del traumático balotaje de noviembre de 2023.
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