Con la conferencia de apertura a cargo del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y del Consejo de la Magistratura de la Nación, Horacio Rosatti, dio inicio el Congreso Mundial sobre Apoyos y Cuidados de Personas Adultas y Mayores, que se realiza del 27 al 30 de agosto en la sede de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), bajo el lema “De la curatela a la autonomía personal”.
Ante una nutrida concurrencia que colmó el Aula Magna de la Facultad, Rosatti recordó su participación como convencional constituyente en la reforma de 1994 y señaló que “en esa oportunidad incorporamos algunas normas que permiten cambiar el paradigma del hombre racional productivo como único sujeto destinatario del derecho”.
El encuentro es organizado por la “International Guardianship Network (IGN)” organización no gubernamental, sin fines de lucro, dedicada a brindar información, capacitación, e intercambio académico, a profesionales, cuidadores de personas con discapacidad y dependencia, familiares, voluntarios y a todos aquellos vinculados a las tareas de apoyo, asistencia y representación de personas mayores de edad, y a la promoción de la vida independiente, en el campo jurídico, político, económico y social.
Rosatti destacó los incisos 22 y 23 del actual artículo 75 de la Constitución. Sobre este último, referido a la igualdad de oportunidades, remarcó que se trata de “igualdad de oportunidades para que puedan desarrollarse, y el rol del Estado es fundamental en este punto”.
Sobre el inciso 22, en tanto, señaló que “establece los caminos de apertura del orden político argentino al orden político internacional”. “Estoy hablando de 1994 y sabemos que las convenciones, por ejemplo, sobre derechos humanos de las personas mayores de la Organización de Estados Americanos o la Convención de los derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas, son posteriores”, dijo.
En similar sentido, Rosatti apuntó que “acorde con el indicador de desarrollo humano de las Naciones Unidas, sabemos que no solamente es importante en un país el producto bruto interno o el producto bruto interno per cápita, también son importantes los indicadores sobre salud, los indicadores sobre educación”. Eso, dijo, “nos dice mucho y tal vez mucho más que la riqueza económica sobre la calificación de un Estado, de una sociedad, de un país”.
Por eso, concluyó, “creo que más que el producto bruto per cápita o el producto bruto interno, las sociedades se definen con más precisión hoy conforme a cómo tratan a los vulnerables”.
Tras su intervención, tuvo lugar la primera sesión plenaria del evento, titulada “Panorama mundial: América Latina, apoyo jurídico en toma de decisiones”. Moderada por la abogada e investigadora del CONICET Agustina Palacios, contó con la participación del Procurador Fiscal ante la Corte Suprema, Víctor Abramovich; la jurista Aída Kemelmajer de Carlucci, miembro de la Comisión redactora del Código Civil y Comercial de la Nación; la chilena María Soledad Cisternas Reyes, expresidenta del Comité sobre Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, y el rector de la Universidad Notarial Argentina, Sebastián Justo Cosola.
A lo largo de las próximas jornadas, el Congreso incluirá más de 30 paneles, sesiones plenarias, talleres, charlas TEDx y rondas de diálogo, donde especialistas de distintos países abordarán temas como “Autonomía, capacidad jurídica y vida independiente”, “Acceso a la justicia y defensa de la capacidad jurídica”, “Responsabilidad familiar, profesional y judicial”, “Control de constitucionalidad y convencionalidad”, “Políticas públicas sobre apoyos y cuidados”, “Violencia de género” y “Derechos reproductivos”, entre otros. Las palabras de cierre estarán a cargo de Jochen Exler-König, presidente de la International Guardianship Network.
Durante el encuentro, que contará con más de 600 profesionales de diversas disciplinas, se abordarán lineamientos que están en línea con los ya comprendidos en la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad (UN, 2006) y los de la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores (OEA, 2015).
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