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Nacionales Sábado 24 de Diciembre de 2022

Preocupación empresaria y ofensiva de la oposición contra el Presidente

Rodríguez Larreta dijo que la decisión de Alberto Fernández de no acatar el fallo de la Corte "quiebra el orden constitucional". Elisa Carrió denunciará penalmente al Gobierno nacional al igual que Juntos por el Cambio. El bloque de Diputados del PRO presentó un pedido de juicio político contra el Presidente.

REDACCION

Por REDACCION

Juntos por el Cambio avanzó ayer con su decisión de denunciar penalmente al presidente Alberto Fernández por su decisión de no acatar el fallo de la Corte Suprema de Justicia respecto a la disputa por los fondos de coparticipación reclamados por la Ciudad, ya que considera que está cometiendo los delitos de "alzamiento, incumplimiento de los deberes de funcionario público y desobediencia".
En tanto, la Unión Industrial Argentina (UIA) emitió un comunicado de prensa expresando su rechazo ante la decisión tomada por Fernández respecto a la coparticipación. Por su parte, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham) se sumó al conjunto de instituciones que repudiaron el accionar del Gobierno. La Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias (CEEA) también manifestó su preocupación ante la decisión tomada por el Ejecutivo. 
La líder de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, y dirigentes de ese partido, hicieron una presentación ante la Justicia Federal y legisladores nacionales de la Unión Cívica Radical iban a hacer lo propio. La denuncia de la chaqueña y referentes de su espacio incluyó al jefe de Gabinete, Juan Manzur, y a los ministros Eduardo "Wado" De Pedro (Interior) y Sergio Massa (Economía). Allí, advirtieron que los funcionarios del Gobierno "quieren chocar las instituciones, pero van a perder, no lo van a lograr".
Junto a Carrió, firmaron la demanda el presidente de la Coalición Cívica-ARI, Maximiliano Ferraro; el jefe de la bancada partidaria en la Cámara de Diputados, Juan Manuel López; las legisladoras nacionales en representación de la Ciudad Paula Oliveto y Mariana Zuvic; y los ediles porteños Facundo del Gaiso; Hernán Reyes, Cecilia Ferrero y Lucia Romano.
"Resulta absurdo y contradictorio que las máximas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional manifiesten que van a desconocer un fallo dictado por el Tribunal a cuya jurisdicción se sometieron, aceptando así su competencia e integración", señaló el texto. Y agregó: "Entonces, resulta inexplicable que el Estado Nacional desconozca, desobedezca, impida, rehúse, omita o retarde el cumplimiento de un fallo, por el sólo hecho de resultar adverso a sus pretensiones".
"Las conductas del Presidente de la Nación, el Ministro de Interior, el Jefe de Gabinete, el Ministro de Economía y al menos, la del Gobernador de la Provincia del Chaco, no sólo significan una afrenta al sistema republicano de gobierno, habida cuenta que desafían públicamente a desconocer la autoridad constitucional de uno de los poderes del estado, sino que también debilitan las instituciones republicanas y aparecen como constitutivas de delitos de acción pública", indicó la CC.
A la par, legisladores radicales también recurrirán a la Justicia con la misma acusación contra el mandatario, quien afirmó que el fallo de la Corte Suprema es "inédito, incongruente y de imposible cumplimiento". "Hay distintos actores: el Presidente, que se niega a cumplir una resolución de la Corte, pero también los ministros, que fueron notificados; los gobernadores que suscriben en la comunicación y que no sólo incumplen sino que desconocen el valor de la resolución de la Corte", señaló la diputada nacional de la UCR Mariana Stilman.
En diálogo con Esta Mañana, el programa conducido en esta jornada por Ari Paluch en Radio Rivadavia, la dirigente opositora remarcó que "cada uno de los involucrados deberá responder en la medida de sus acciones y omisiones ante la Justicia" y afirmó que lo que está haciendo el Gobierno nacional es "rebelarse contra la decisión del máximo tribunal".
"En principio, la responsabilidad está en cabeza del Presidente, del jefe de Gabinete (Juan Manzur), del ministro de Economía (Sergio Massa), del Interior (Eduardo `Wado´ De Pedro)", concluyó Stilman, quien recordó que este viernes es "el segundo día de desacato".

PEDIDO DE
JUICIO POLÍTICO
El bloque de diputados del PRO presentó un pedido de juicio político contra Alberto Fernández por no acatar el fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre la coparticipación federal. También presentó una interpelación y moción de censura contra el jefe de Gabinete, Juan Manzur, al considerar que "tenía también la obligación de cumplir con lo dispuesto por la Corte Suprema" en torno a restablecer los fondos que se le habían quitado a la Ciudad de Buenos Aires.
Además de Pablo Tonelli, firmaron los proyectos los diputados Cristian Ritondo, Waldo Wolff, Federico Angelini, Laura Rodríguez Machado, Graciela Ocaña, Alejandro Finochiaro, Alberto Asseff, Dina Resinowsky, Sabrina Ajmechet, Adriana Ruarte, Virginia Cornejo, María Luján Rey, Tito Stefani, Aníbal Tortoriello, Gabriel Chumpitaz, Mercedes Joury, Pablo Torello, Maru Sotolano y Gabriela Besana.
En el primer proyecto, la bancada del PRO exigió "impulsar el juicio político del presidente de la Nación, Alberto Ángel Fernández por la causal de mal desempeño, en los términos del artículo 53 y en concordancia con los artículos 59 y 60 de la Constitución Nacional".
"El presidente de la Nación se niega a obedecer lo ordenado por la Corte Suprema por considerar que el fallo es inédito, incongruente y de imposible cumplimiento , y lo peor del caso es que lo anuncia públicamente", plantearon. Y agregaron: "No hay que perder de vista que el leal acatamiento de los fallos de la Corte Suprema se impone en atención a la autoridad institucional que revisten sus pronunciamientos dado su carácter de última intérprete y custodio de la Constitución Nacional".
"A su vez, el deber de acatamiento de las sentencias de la Corte Suprema es indispensable para la observancia y el respeto del sistema republicano. De ahí que la efectiva prescindencia de los fallos de la Corte Suprema, cuyo leal acatamiento es indispensable para la tranquilidad pública, la paz social y la estabilidad de las instituciones, importa un agravio al orden constitucional", recordaron. E insistieron: "Dado que el presidente de la Nación decidió no cumplir con lo ordenado por la Corte Suprema, existen motivos suficientes para iniciar el procedimiento de juicio político por el mal desempeño y por el posible delito en el ejercicio de sus funciones". (NA)



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