Por REDACCION
La vicepresidenta Cristina Kirchner subió ayer a sus redes sociales un nuevo video del ataque que sufrió su despacho en el Senado durante la marcha de protesta ante la sesión en Diputados del pasado jueves que trataba el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Las nuevas imágenes muestran en tiempo real, desde el exterior y desde adentro, la agresión registrada. La ex mandataria nacional aseguró que se trató de un ataque que "alguien planificó y mandó a ejecutar", por lo que consideró que se trata de algo "grave".
El material que registra a los manifestantes que provocaron los incidentes pertenece a las cámaras de seguridad de la Policía Federal ubicadas en la esquina de Entre Ríos e Hipólito Yrigoyen, y registran cómo un grupo de personas arroja piedras, bombas de pintura y escombros contra las oficinas del Senado durante 21 minutos.
Este nuevo mensaje de la vicepresidenta se da en medio del fuego cruzado al interior del oficialismo, tras los reclamos del ministro de Desarrollo bonaerense, Andrés "Cuervo" Larroque, quien volvió a insistir en la demanda al Gobierno de una declaración pública sobre los incidentes en el despachos de Fernández de Kirchner.
"Estamos viviendo una peligrosa autoproscripción de un sector del oficialismo", denunció el funcionario provincial, integrante de la agrupación que lidera Máximo Kirchner, La Cámpora.
IDENTIFICACIÓN
Ocho sospechosos de haber arrojado las piedras que causaron destrozos en el despacho de la vicepresidenta Cristina Kirchner en el Congreso fueron identificados mediante un software de reconocimiento facial utilizado por la Policía Federal.
Se trata de personas jóvenes, sin vínculos aparentes entre sí ni militancia política reconocida por las fuerzas que motorizaron la protesta contra el acuerdo del Gobierno con el FMI, con media sanción en Diputados la semana pasada.
Los investigadores realizaron un rápido chequeo en el registro de antecedentes y comprobaron que –en principio- ninguno tiene ni pedidos de detención ni procesos judiciales en marcha. Se trata de personas jóvenes, de unos 20 años de edad en promedio, que no lucían identificación política alguna.
La causa, que está a cargo del fiscal Carlos Rívolo y la jueza María Eugenia Capuchetti, busca determinar si se trató de manifestantes espontáneos o de contratados para generar disturbios.
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