Massa: "Es intolerable"

Por REDACCION

Sergio Massa, de gira por Estados Unidos, aseguró que "es intolerable que existan presos políticos", y tomó distancia de la abstención que tuvo la Argentina en la votación ante la Organización de Estados Americanos contra las violaciones a los derechos humanos y masivos arrestos de dirigentes opositores cometidos por la gestión de Daniel Ortega.
"Ni en Nicaragua ni en ningún país de la región podemos tolerar presos políticos", resaltó el titular del Frente Renovador y presidente de la Cámara de Diputados, durante una presentación en el Inter American Dialogue en Washington.

UNA DENUNCIA
La Oficina Anticorrupción (OA) denunció penalmente al ex presidente Mauricio Macri por presunto "enriquecimiento ilícito" en su modalidad de "ocultamiento" de patrimonio, por su participación en la Agropecuaria del Guayquiraró S.A.
La denuncia se basó en un informe de la Inspección General de Justicia (IGJ) sobre los movimientos y las actividades de esa agropecuaria y la presunta omisión de Macri de consignar su vínculo con ella en sus declaraciones juradas.

UNA AUDIENCIA
El presidente Alberto Fernández y la ex ministra, Patricia Bullrich, se verán las caras hoy en una audiencia de mediación por vía virtual en el marco de la denuncia por difamación que realizó el mandatario.
El abogado de Fernández en esta causa, Gregorio Dalbón, apuntó a la dirigente de Juntos por el Cambio y consideró que esa instancia judicial le permitirá a la titular del PRO "victimizarse y seguir en el candelero".
Bullrich "no se rectificará" de sus dichos sobre el supuesto pedido indebido que habría realizado el Gobierno nacional al laboratorio Pfizer en el marco de la negociación por la compra de vacunas, sostuvo el letrado.

MILAGRO SALA
La dirigente social Milagro Sala, referente de la Tupac Amaru, fue condenada a la pena de tres años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo, acusada por el escrache que sufrió en 2009 el gobernador jujeño, Gerardo Morales.
Sala cumple arresto domiciliario por daños en el marco de una pena de tres años, pero la Cámara de Casación ordenó en 2017 revisar el fallo y dictar un nuevo veredicto, agregando el delito de amenazas.