Por Redacción
BUENOS AIRES, 24 (NA). -
El jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, firmó ayer el veto total a la ley
de aborto no punible, que había sido sancionada hace un mes por la Legislatura
de la Ciudad de Buenos Aires, con el argumento de que "contiene
prescripciones que exceden los lineamientos establecidos por la Corte Suprema
de Justicia de la Nación". Macri ya había anunciado hace diez días que
rechazaría la norma.
"El proyecto sancionado por la Legislatura contiene
normas que exceden los lineamientos del fallo de la Corte Suprema, además de
excederse en sus competencias al tratar de modificar con una ley local cuestiones
que están definidas en los Códigos Penal y Civil", señala el texto al que
tuvo acceso Noticias Argentinas. Más allá del veto, el Gobierno porteño
ratificó que continúa vigente la Resolución 1252 del Ministerio de Salud de la
Ciudad que reglamentó el fallo de la Corte Suprema de Justicia.
Esa resolución
establece que las mujeres víctimas de violación pueden acceder a la
interrupción del embarazo en los Hospitales Públicos de la Ciudad con la
presentación de una declaración jurada y sin requerir de autorización judicial.
Macri también argumentó que la Legislatura se excedió "en sus competencias
al tratar de modificar con una ley local cuestiones que están definidas en los
Códigos Penal y Civil, y que deben ser cambiadas, de acuerdo a la Constitución
Nacional, por el Congreso Nacional".
Por último, el veto cuestiona que si bien la ley tiene un artículo en
el que se establece que los médicos tienen derecho a ejercer su objeción de
conciencia respecto de la práctica del aborto, eso los obliga a "hacer
pública una cuestión de conciencia, esencialmente personal y privada".
La
polémica estalló semanas atrás cuando Macri dio detalles de una interrupción de
embarazo que se iba a realizar una mujer violada en el Hospital Ramos Mejía. La
asociación Provida emitió una cautelar que fue aceptada por la Justicia y que,
luego, por la decisión de la Corte Suprema de Justicia debió dejarse sin efecto
para que la víctima de trata y violación pudiera concretar el aborto
previamente autorizado.
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