Los salones de fiesta, hoteles, bares y restaurantes ya no deberán pagar a la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música (Sadaic) por pasar música en fiestas privadas. Así lo dispuso el Gobierno a través del Decreto 765/2024, publicado ayer en el Boletín Oficial, que establece una serie de modificaciones a la ley de propiedad intelectual. “Se entiende por representación o ejecución pública aquella que se efectúe -cualquiera que fueren los fines de la misma- en un espacio de acceso público, libre y dirigido a una pluralidad de personas”, sostiene el decreto. De esta manera, para la ley el ámbito privado queda excluido.
En consecuencia, “se considerará ejecución pública de una obra musical o cinematográfica, discos, films sonoros, transmisiones radiotelefónicas y su retransmisión o difusión por altavoces la que se efectúe por ejecutantes o por cantantes, así como también la que se realice por medios mecánicos, electrónicos o digitales, incluyendo Internet”.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, explicó el motivo de la actualización de la normativa: “La confusión había provocado el absurdo de que se cobraran derechos por la mera existencia de televisores en la habitación de un hotel (aun si el cuarto estaba vacío), lo que encareció significativamente la prestación de los servicios”.
Especialistas consultados por LA NACION coincidieron en que la quita del impuesto tendrá un impacto positivo dentro del rubro, ya que representaba un costo “difícil” de pagar. “Llevamos muchos años en una lucha importante respecto de lo que es salones de eventos sociales a nivel nacional y provincial, así que recibimos esta novedad con gran satisfacción”, expresó a este medio María José Oliva, presidenta de la Cámara de Salones de Fiesta de Córdoba (Casafic). Y agregó que, con esta nueva normativa, la realización de este tipo de eventos podrá ser “mucho más barata” para los clientes.
“El mínimo de una reunión de 50 personas era de $70.000. Con la quita de este arancel, que era totalmente injusto, oneroso y discrecional, el cliente ya puede flexibilizar sus gastos”, detalló.
Bajo esta línea, Gustavo Mustoni, vocero de la Cámara de Empresarios de Discotecas y Bares de la provincia de Buenos Aires (Cedibba), añadió que, para el negocio de los boliches, también sería un gran beneficio quedar exentos de pagar dicho impuesto. “Nosotros pagamos el 7% de entradas por Sadaic y otro 14% de AADI-Capi. Era un impuesto muy difícil de pagar, más teniendo en cuenta que la actividad bajó entre un 25% y 30% respecto del año pasado, y sigue en caída”, indicó. Sin embargo, destacó que el decreto aún presenta ciertas ambigüedades, por lo que están a la espera de la reglamentación: “Todavía no hay nada oficial, pero si sale, sería muy beneficioso para nosotros”.
LA NACION consultó a Sadaic al respecto y, desde la la entidad, negaron los efectos de la regulación. “Los boliches, salones de fiestas, bares y restaurantes deben seguir pagando porque hacen comunicación al público de música en espacios libres de acceso público. Lo único que queda dudoso es el caso de los hoteles”, expresó Guillermo Ocampo, director general de Sadaic.
Por su parte, los gimnasios también estaban obligados a pagar el impuesto de Sadaic por pasar música en televisores. “Nos parece una muy buena medida, va en la dirección correcta y creemos que va a ser muy bien recibida por el sector”, dijo a este medio Federico Storchi, presidente de la Cámara de Gimnasios.
Dado este contexto, la Unión de Músicxs Independientes (UMI) emitió un comunicado en contra del decreto. “Vemos con gran preocupación el decreto 765/2024 publicado hoy en el Boletín Oficial con respecto a la Propiedad Intelectual”, indica el escrito. Y continúa: “Dicho decreto no sólo pretende avanzar en la administración de los derechos intelectuales de los artistas (es una propiedad más genuina que la de los bienes materiales) sino que su redacción confusa deja abierta múltiples interpretaciones que podrían dar origen a demandas judiciales de amplia duración en su resolución”.
A su vez, solicita al Poder Ejecutivo derogar “inmediatamente” la normativa, ya que sus derecho intelectuales son “de carácter alimentario”. “Lo hacemos responsable de las consecuencias que semejante irresponsabilidad normativa pueda causar”, agrega. “Desde la UMI nos organizaremos para impedir, tanto en términos legales como así también para alcanzar los consensos políticos y derogar dicho decreto publicado hoy”, concluye.
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