Las universidades volverán a parar el jueves 17 de octubre, una medida que profundiza el conflicto con el Gobierno tras la ratificación del veto presidencial a la Ley de Financiamiento. En paralelo, durante las últimas horas hubo tomas estudiantiles en 25 facultades de todo el país.
El Frente Sindical de Universidades Nacionales fue el encargado de definir y anunciar las medidas de fuerza. En primer lugar, declararon una semana de lucha, que comenzará el lunes. El martes confirmaron que se reunirán con centros de estudiantes y el Consejo Interuniversitario Nacional para “sostener la unidad del frente universitario y acordar un marco de acción programático”. Y el jueves habrá un cese de actividades por 24 horas.
“Por otra parte, se considera fundamental una acción de federalización del conflicto universitario por regiones: en la construcción de la federalización de una marcha universitaria”, propusieron a través de un comunicado firmado por varios sindicatos del gremio docente. La intención es que a partir del malestar generalizado en toda la comunidad educativa se geste una tercera Marcha Federal Universitaria.
EL GOBIERNO APUESTA
A LA CONFRONTACION
El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, envió una advertencia a los rectores de las universidades al responsabilizarlos de "cualquier case que pase" en el marco de las protestas de estudiantes y docentes en rechazo al veto presidencial de la Ley de Financiamiento Universitario. En el marco de tomas de facultades, clases públicas y protestas luego de que el Gobierno lograra blindar el rechazo de la ley, el funcionario que depende de la ministra Sandra Pettovello expresó: "Desde el Ministerio de Capital Humano nos vamos a entrometer en el tema, vamos a defender a los alumnos y docentes que quieran dar clase".
En declaraciones con el canal Todo Noticias, especificó: "Los responsables de cualquier cosa que pase son los funcionarios públicos a cargo, en este caso los rectores, no pueden desaparecer y desentenderse del problema. No pueden dejar que estos grupos extremistas tomen el control". Álvarez precisó que el rector es una autoridad ejecutiva de una universidad que fue electo a través de comicios democráticos y que debe responder penalmente de lo que en su jurisdicción ocurra.
Sus dichos tienen lugar en paralelo a la toma de más de 35 universidades en todo el país que fueron cede del parto total convocado por docentes y no docentes universitarios en un nuevo reclamo salarial. Además, van en sintonía con lo expresado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien definió que "tomar una universidad es un delito".
Asimismo, se expresó en solidaridad con "la mayoría de los estudiantes, docentes y no docentes" que quieren que la entidad educativa esté "funcionando". "Es un delito tomar una universidad como tomar cualquier edificio", sostuvo el portavoz, a la vez que indicó: "El espacio para discutir los fondos universitarios es el Presupuesto 2025. Ese es el marco".
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