El Gobierno propondrá a Ariel Lijo y a García-Mansilla como jueces de la Corte

Por Redacción

El gobierno de Javier Milei confirmó ayer la propuesta del juez federal Ariel Lijo para cubrir el puesto vacante en la Corte Suprema de Justicia y así ocupar el quinto lugar en el máximo tribunal tras la salida de Elena Highton de Nolasco. Además, anunció que nominará a Manuel García-Mansilla en reemplazo de Juan Carlos Maqueda, que cumplirá 75 años en diciembre próximo.
Mediante un comunicado de prensa publicado por la Oficina del Presidente, la administración libertaria notificó que el mandatario, "de acuerdo con la modificación del Decreto 222/2003 que será publicada en las próximas horas, ha tomado la determinación de nominar al Dr. Manuel García-Mansilla para reemplazar al actual juez de la Corte Suprema de la Nación Juan Carlos Maqueda, quien cumple 75 años el próximo 29 de diciembre y deberá en esa fecha dejar su cargo, como establece la ley".
Según se entiende, el decreto cuyo contenido aún se desconoce, contemplará la chance de que los trámites de designación puedan iniciar antes de que se haga efectiva la vacante a cubrir. "El Poder Ejecutivo expresa su gratitud por la distinguida labor del Dr. Maqueda y resalta su extensa trayectoria en los tres poderes del Estado Nacional y en la Provincia de Córdoba. En particular, se le agradece y reconoce su valiosa participación como Juez de la Corte Suprema de Justicia durante veinte años", agregó el documento.
En la misma línea, el Gobierno confirmó también la designación de Lijo con intención de ocupar la vacante en el máximo tribunal luego de la salida de Highton de Nolasco el 1 de noviembre de 2021, como anticipó Noticias Argentinas más temprano este miércoles.
"Ambas nominaciones permitirán restablecer el número de ministros de la Corte Suprema a cinco", resaltaron desde la administración libertaria. Asimismo, destacaron que Lijo actualmente ejerce como juez federal de la Nación y "se ha destacado en su prominente carrera judicial en el ámbito penal", mientras a García-Mansilla lo calificaron como "un prestigioso académico con una sólida formación en derecho constitucional".
Para el Gobierno, se trata de "los cambios que la Argentina necesita para volver a los principios de la Constitución de (Juan Bautista) Alberdi que hicieron grande nuestro país no serán permanentes a menos que contemos con una Justicia que defienda estricta y honrosamente los valores de la vida, la libertad y la propiedad de los argentinos". "Que Dios bendiga a los argentinos y que las Fuerzas del Cielo nos acompañen", concluye el comunicado oficial.
Tras la presentación formal, los dos candidatos deberán cosechar el respaldo del Senado para desempeñarse como jueces de la Corte.
En este marco, García-Mansilla emitió una declaración en la que afirmó: "Quiero agradecer al Presidente de la Nación por la honrosa distinción que me hace al nominarme para el cargo de juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación". "En caso de ser debidamente nombrado, asumiré el compromiso de desempeñar mis obligaciones como juez, de forma recta e imparcial, sin distinción de persona alguna, respetando siempre la Constitución nacional", resaltó.
Actualmente, el máximo tribunal está funcionando con cuatro miembros (Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda), de los cinco que debería tener.

LIJO
El juez federal Ariel Lijo cuenta con un trascendente historial por la naturaleza de las causas que investigó y ser uno de los "doce" de Comodoro Py que se han convertido en referentes del fuero.
Fue designado en 2004 luego de ocupar el cargo de secretario de la Cámara Federal, en pleno gobierno de Néstor Kirchner, y rápidamente su nombre empezó a sonar en casos políticamente sensibles cuando tuvo a cargo la investigación por supuestas irregularidades en la investigación del atentado a la AMIA, por la cual envió a juicio al expresidente Carlos Menem, al extitular de la SIDE Hugo Anzorreguy y al ex juez Juan José Galeano.
Posteriormente, le fueron tocando otros casos sensibles y fue el turno de investigarlo al entonces vicepresidente Amado Boudou, en pleno ejercicio del cargo, por el caso Ciccone Calcográfica, al considerar que aquel se interesó por la venta de la empresa. Boudou terminó yendo a juicio y preso por el caso.
Pero mientras las balas picaban cerca, el magistrado logró blindarse tanto hacia afuera como para adentro gozando de la cercanía a su colega de años en los tribunales, la jueza María Servini; y también con un estrecho vínculo con el actual integrante de la Corte Suprema de Justicia Ricardo Lorenzetti, quien tuvo durante años la presidencia del cuerpo.

GARCÍA-MANSILLA
El constitucionalista Manuel José García-Mansilla es el actual decano de la Universidad Austral, de la que también provino el vicepresidente del máximo tribunal, Carlos Rosenkrantz. De hecho, cuando García-Mansilla recibió el doctorado en esa casa de altos estudios, Rosenkrantz fue uno de los jurados que lo evaluó.
Portador de un apellido de prosapia histórica, el "García" de su apellido fue José, ministro durante la presidencia de Bernardino Rivadavia; el "Mansilla" proviene de Lucio N. Mansilla, héroe de a Batalla de Vuelta de Obligado en 1845.
En su currículum figura también que es "especialista en Derecho Constitucional, Oil & Gas y Derecho Empresario" y se desparraman post grados, masters y trabajos sobre la Constitución Nacional, la exploración y producción de hidrocarburos, "Litigio estratégico ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos" y el "asesoramiento y participación en licitación de áreas provinciales de hidrocarburos" y "de empresas locales e internacionales en cuestiones relacionadas con el derecho público, derecho de la energía y el derecho comercial

CUESTIONES SENSIBLES
El máximo tribunal podría tener que definir cuestiones sensibles para la gestión de Javier Milei, sobre todo en lo que respecta a la pugna que tiene la Nación con las provincias por el reparto de fondos.
El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció que recurrirá a la Corte luego de que le recortaron el Fondo para el Fortalecimiento Fiscal, que suma unos 30.000 millones de pesos. E hizo lo propio el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, que planteó una medida cautelar por la falta de pago de 13.500 millones de pesos de la coparticipación federal. La gestión Milei respondió con un pedido a la Corte para que intervenga en el tema. (NA)